En Jalisco se vive un preocupante deterioro social, además de un incremento de las actividades delictivas y de la violencia. A los enconos políticos es preciso agregar la presencia creciente de bandas de narcotraficantes, un factor que ha llevado la criminalidad a niveles semejantes a los que padecía ese estado hace una década, cuando la banda capitaneada por Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo sentaron sus fueros en Guadalajara.
Ciertamente, los factores que inciden en este panorama deplorable vienen de muy atrás, y son en todo caso anteriores al gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez. En su momento, éste despertó expectativas sobre una normalización de la vida política en el estado, pero hasta ahora los acontecimientos han tomado el curso contrario. La crispación política en la entidad, combinada con acusaciones y contracusaciones en el terreno judicial entre priístas y panistas, fundadas o no, ha generado un inquietante clima de incertidumbre, en el cual no resulta del todo claro si la pugna política está siendo indebidamente llevada al terreno policiaco o si, por el contrario, se está buscando introducir argumentos políticos en episodios que debieran permanecer en el ámbito de los tribunales.
A ello deben agregarse la ofensiva de la delincuencia organizada y los perniciosos efectos de la crisis económica por la que atraviesa el país en su conjunto.
La responsabilidad de este curso indeseado sólo en parte puede serle atribuida al gobernador de extracción panista. Pero, más allá de la poca experiencia y destreza política del mandatario estatal, ha de constatarse que la sociedad jalisciense no ha logrado encontrar las vías para llevar su voluntad de cambio más allá del terreno electoral y convertirla en acciones claras y orientadas hacia un saneamiento de la vida política del estado y hacia un combate frontal a la corrupción y la criminalidad.
En otros términos, los actos de violencia, los escándalos y las confrontaciones que tienen lugar en Jalisco y esto vale para todo el país indican que el hecho de llevar al poder a fuerzas políticas alternativas puede no ser suficiente, por sí mismo, para resolver los problemas de fondo de una entidad o de la nación y que, más allá de los cambios de colores y emblemas políticos, la solución de los conflictos más acuciantes que enfrentan los mexicanos debe pasar por una movilización y un compromiso a fondo de todos los sectores sociales.