Una de las pocas iniciativas claras y viables que se han planteado en este sexenio es la de una reforma electoral, no sólo en el sentido de saber cuáles son los objetivos a lograr y los puntos que deben modificarse, sino también en la misma construcción de los consensos entre los partidos y el gobierno de la República. Sin embargo, pasan los meses y no se termina de concretar. Qué pasa con la reforma electoral?Esta ha estado inmersa en un discurso más amplio referido a una reforma del Estado, la cual incluye muchos otros temas importantes como el equilibrio entre poderes, la reforma al poder judicial, los límites al presidencialismo, el fin del régimen de partido de Estado, el proyecto económico, los pesos y contrapesos entre lo público y lo privado, etcétera. Dentro de este amplio conjunto una parte pequeña, pero muy significativa, es la que se refiere a lo electoral. En muchas ocasiones se ha dicho que lo electoral no va a resolver los grandes problemas del país y quizá no sea lo más relevante frente a la desigualdad y la injusticia, lo cual es cierto. Sin embargo, sin una democracia electoral consolidada será muy difícil, o casi imposible, modificar las otras piezas. Es decir, sin democracia electoral no puede haber alternancia, y sin ésta última, la estructura de poder del régimen será difícil que se mueva de lugar. Por lo menos así ha sucedido en las experiencias estatales donde existe alternancia.

El país no ha tenido una reforma de Estado, lo que tuvo en el pasado reciente fueron cambios en la composición de los espacios públicos y privados, se transformó el mundo de los negocios y se acomodaron algunos marcos jurídicos, pero no se tocó el problema del poder: el presidencialismo y su dominio sobre el Congreso y el poder judicial sigue operando relaciones de subordinación; los controles sobre el gasto público son insuficientes, ahora salen a la luz pública los excesos que se cometen cuando el Ejecutivo no tiene controles reales y autónomos.

Ya puede quedar muy claro que el gobierno priísta no va a impulsar la reforma; que las mejores condiciones que se tuvieron durante el sexenio anterior, en términos de estabilidad política y control macroeconómico, profundizaron las prácticas autoritarias de las últimas décadas, esa es la historia del poder salinista. El gobierno zedillista se dedica a administrar los restos del desastre de su antecesor, y esta crisis ha debilitado la Presidencia, a tal grado que ya no logra controlar a los grupos de poder que se mueven en su partido.

Con este escenario la reforma se complica, porque al mismo tiempo que no existe una voluntad presidencial poderosa para obstaculizarla, tampoco hay una fuerza gubernamental que quiera sacar adelante el proyecto de la famosa reforma electoral ``definitiva''. Desde la perspectiva de la sociedad civil, la reforma hay que arrancársela al gobierno priísta.

La agenda ya está superdefinida. Los partidos han trabajado durante meses en afinar los puntos de la reforma, a tal grado que hoy sólo faltan algunos detalles, importantes, para concluir la iniciativa. A grandes rasgos se requiere que los organismos electorales sean autónomos, como ya sucede en algunos estados de la República que han tenido importantes avances democráticos, como Guanajuato y Chihuahua. Las elecciones necesitan ser organizadas y controladas por la ciudadanía. Las condiciones de equidad se tienen que establecer en dos puntos básicos el control de las finanzas de los partidos y los candidatos, y el acceso regulado a los medios electrónicos, televisión y radio; en el futuro hay que evitar las condiciones desiguales de la elección federal de 1994 y la repetición de casos tan aberrantes como el de Tabasco. Se requiere mejorar la mecánica electoral; es indispensable una redistritación para emparejar el terreno; regresarle al DF sus derechos políticos para elegir a sus autoridades.

Más que los puntos específicos de la reforma, lo que ha sido problemático es la búsqueda del clima adecuado de negociación entre los partidos. Todavía hace unos días PAN y PRD acordaron aliarse y superar sus diferencias para sacar adelante el proyecto reformador (La Jornada, 20/VII/96). La irregularidad política del país, por llamarle de algún modo, ha afectado la continuidad del diálogo y la negociación porque casi siempre existe algún reclamo, algún atropello político Huejotzingo o Madrazo Pintado que le sirve de motivo a la oposición para dejar la mesa; o las luchas internas y las presiones de los duros del PRI que le impiden adoptar posiciones de apertura.

La reforma puede tener tres posibilidades en su resolución final: la primera será una reforma a fondo y con el consenso de las tras grandes fuerzas políticas del país; la segunda es la de consensos limitados, ya sea el PRI con el PAN o el PRI con el PRD; y la tercera será la de falta de consenso, es decir, la de un PRI solitario; una variante de ésta última puede ser su cancelación, o sea, que no haya reforma.

Tal vez el criterio sea que la reforma no sólo debe generar las reglas de juego necesarias para darle salida a los reclamos democráticos acumulados, sino servir para garantizar las condiciones de alternancia con estabilidad que urgen en México.