La vida política nacional se descompone aceleradamente.

Las instituciones gubernamentales se desgastan. Los partidos políticos naufragan en la intentona de acordar una nueva reforma electoral. Ante el fracaso de la política para dirimir conflictos sociales, amplias regiones del país han sido militarizadas.En escasas dos semanas se dio carpetazo ``legislativo'' a las denuncias sobre el presunto pago ilegal de Conasupo a Maseca, y se canceló la investigación en contra de las irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de Roberto Madrazo. Días antes se había exonerado a Rubén Figueroa de su responsabilidad en los crímenes de Aguas Blancas. Igual suerte parecen seguir las evidencias de graves irregularidades en la privatización de empresas públicas durante el sexenio pasado, que involucran tanto a la familia del ex presidente Salinas como a importantes empresarios.

Desde la firma de los Compromisos para un Acuerdo Político Nacional, el 17 de enero de 1995, en la que los partidos políticos nacionales anunciaron su disposición a avanzar en la reforma electoral, han pasado 19 meses. No ha habido acuerdos sustanciales. El gobierno no los quiere, como no parece querer que haya democracia. Según el presidente de la República el país apenas y requiere que se normalice ésta.

Mientras tanto, la militarización avanza, sobre todo en las regiones indígenas del país. Destacamentos del Ejército Federal patrullan Guerrero, la Sierra Zongolica, las Huastecas, la Sierra Negra y Oaxaca. En ocasiones ``justifican'' su acción como acciones de asistencia social; en otras de combate al narcotráfico. Los cuerpos encargados de la seguridad pública se han militarizado.

En Chiapas, la presencia militar es ``complementada'' con la acción de grupos paramilitares. Apenas la semana pasada los pistoleros de la ``Alianza San Bartolomé de los Llanos'', apoyados por la policía, agredieron violentamente en el municipio de Venustiano Carranza a integrantes de la Casa del Pueblo. Simultáneamente, el gobierno estatal se negó a dar solución a las demandas que la Adepech ha sostenido desde 1994, y que distintos funcionarios en turno Dante Delgado incluído se comprometieron a resolver.También en Chiapas, pero en el contexto del Diálogo de San Andrés, concluyó la fase de prenegociación final sobre el tema de Democracia y Justicia. Cubierta por los formalismos, la delegación gubernamental se dijo satisfecha con los resultados. Lo cierto es que no hubo avances sustantivos. La delegación gubernamental se limitó a entregar documentos temáticos y propuestas de Declaración conjunta entre el gobierno federal y el EZLN que no conocen nada relevante y que tienen grandes lagunas. Las declaraciones optimistas, además de tratar de ganar tiempo, ocultan dos hechos: primero, mientras no haya acuerdo con los partidos políticos sobre reforma electoral, el gobierno no hará propuestas significativas a los zapatistas; y, segundo, el gobierno no quiere realmente avanzar en la transición hacia la democracia.

Montadas sobre el creciente descontento popular contra un modelo económico que ha afectado gravemente los niveles de vida y de bienestar, la combinación del deterioro de las instituciones, la cerrazón de las vías legales para frenar la impunidad, la violación a los derechos humanos, la simulación en la atención al reclamo democrático y la militarización creciente del país han tenido graves efectos sobre la República. Entre ellos, mandar un inequívoco mensaje sobre la carencia de caminos pacíficos para dirimir los conflictos sociales, y cerrar las posibilidades de caminar por la vía de la política.

Del asalto popular a los trenes cargados con cereales a la aparición de nuevas organizaciones político-militares, de la ampliación y radicalización de los movimientos de deudores al hacerse justicia a propia mano, las respuestas populares hacen evidente el fracaso de la política tradicional. Este fracaso es responsabilidad, en primer lugar, de los profesionales de esta actividad.

Si no hay correcciones rápidas y de fondo, estas acciones prefiguran apenas una parte de nuestro futuro inmediato. El gobierno y sus publicistas pueden seguir repitiendo y creyendo que la democracia no es una prioridad nacional, para justificar su negativa a transitar hacia ella y su negativa a buscar soluciones políticas. Lo podrán seguir haciendo hasta que el futuro nos alcance.