La Jornada 23 de julio de 1996

Consignan al juez el expediente de la denuncia por peculado, fraude y abuso de funciones contra el ex gobernador jalisciense Guillermo Cosío Vidaurri y colaboradores

Gerardo Rico, corresponsal, Guadalajara, Jal,. 22 de julio La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) consignó hoy la averiguación previa por la presunta comisión de los delitos de peculado, fraude y uso indebido de funciones en contra del ex gobernador Guillermo Cosío Vidaurri y otros funcionarios de su administración.

Mientras, el mandatario estatal Alberto Cárdenas Jiménez, no quiso adelantar vísperas sobre la causa abierta contra Cosío, quien solicitó licencia a raíz de las explosiones en el sector Reforma el 22 de abril de 1992, y sólo se limitó a decir ``se llegará hasta el fondo de la investigación''.

La acusación contra el ex gobernador proviene de una denuncia interpuesta por la Contraloría estatal en junio pasado por presuntas irregularidades en la venta de un terreno de más de 12 mil metros cuadrados, conocido como La Esmeralda II, en el municipio de Lagos de Moreno. El gobierno panista dijo que la acusación se presentó contra quien o quienes resulten responsables. En ella se detalla que el terreno fue vendido el 21 de noviembre de 1991 a la empresa Coco Inn Lagos de Moreno, SA, por 200 mil pesos (200 millones de los viejos), cantidad que hasta la fecha no ha sido posible comprobar que haya sido pagada por los compradores, ni mucho menos que la haya recibido el Instituto Promotor de la Vivienda conocido en la actualidad como Iprovipe o la Secretaría de Finanzas.El expediente menciona que el 19 de noviembre de 1991, Cosío Vidaurri y el entonces secretario de Gobierno, Enrique Romero González, habrían ordenado al titular de esa dependencia, Carlos Correa Ceseña, que elaborara la escritura de compra-venta en forma directa de una parte del terreno en favor de dicha empresa, cuyo administrador era Arturo Altamirano Shehab, pariente político de Cosío.

Correa Ceseña fue llamado a declarar en junio pasado y dijo que el instituto nunca recibió el pago por la operación, a pesar de que en la escritura correspondiente se había dicho que se realizó antes de efectuar el contrato.

A su vez, Altamirano Shehab confirmó que no encontró los comprobantes del pago que supuestamente hizo, por lo que propuso cubrir nuevamente el importe.

En un comunicado, el ex gobernador afirma no temer, ``no hice como gobernante nada contrario a derecho, ni cosa alguna que tuviese como finalidad satisfacer los intereses de alguien en particular''. Añadió que cualquier acusación que se le haga carecerá de fundamento.