Maltrato al menor en el DF: callejón sin salida

Miriam Posada, Ricardo Olayo y Alberto Najar

Diariamente, en la ciudad de Mexico se denuncian cinco casos de maltrato infantil, que constituyen sólo el 40 por ciento de los que ocurren realmente.

Para las víctimas la denuncia constituye el primer paso en un proceso desigual en el que no cuentan con suficientes mecanismos legales para defenderse, enfrentan casi obligadamente un careo con su agresor, que se convierte en una repeticion del trauma, y en el que al final, obtengan o no un fallo judicial favorable, no se repara el daño moral y fisico que con frecuencia es permanente.

Abandono o golpes, dos formas de agresión.
Foto: Guillermo Sologuren

El 90 por ciento de las agresiones es cometido por familiares o personas muy cercanas a los menores, quienes consideran el abuso como un derecho que la sociedad les confiere. En su logica, maltratar forma parte de un proceso educativo que tiende a corregir a los menores para hacerlos adultos de bien.

Las víctimas del maltrato virtualmente quedan incapacitadas para adaptarse a la sociedad, pues además del daño físico, la afectación psicológica les provoca inseguridad, desconfianza y el riesgo de repetir el esquema con sus hijos durante su vida adulta.

En la actualidad, no existe una legislación que establezca con precisión los conceptos de daño físico y psicológico que se causan a un menor y las sanciones que en razón de esa situación debe recibir su agresor. La unica posibilidad para que se inicie una investigación es presentar una denuncia por lesiones ante el MP, tal y como se hace en cualquier otro caso de este tipo, indicó Patricia Olamendi, directora general de Atención a las Víctimas del Delito de la PGJDF, quien hasta el 3 de marzo era integrante del Grupo Plural Pro Víctimas, que aglutinaba a varias ONG.

Tras el daño sufrido, el menor inicia otro problema: da el primer paso a un sistema legal donde hay desequilibrios y en el que existen mayores garantías para la defensa de los menores involucrados en un ilícito, que a aquellos que han sido víctimas del abandono, abuso sexual o maltrato físico.

Las leyes permiten que los menores sean citados por los jueces penales a careos con sus agresores --muchas veces sus propios padres-- en audiencias donde los infantes se han desmayado, se orinan involuntariamente y sufren una recaída psicológica. En otros casos los menores defienden al inculpado cuando ven salir tras la rejilla de prácticas al sujeto con quien tradicionalmente han tenido estrechos vínculos afectivos.

Sólo en una ocasión se logró la utilización de medios indirectos de reconocimiento para evitar al menor el trauma de las diligencias en juzgados. Fue en mayo del año pasado cuando se emplearon cámaras de video y monitores entre un conserje violador y una menor que lo identificó.

Pero en el resto de los casos, las audiciencias se practican como cualquier otra, de frente la víctima a su agresor y rodeado por abogados, empleados del juzgado o cualquier persona que quiera estar presente. Ante ello, ONG plantean la necesidad de que los casos de violación y maltrato infantil sean atendidos por jueces especializados y en lugares con acceso restringido. Hasta ahora no han recibido respuesta, ni tampoco a la propuesta de que los careos se realicen, por ejemplo, a través de la Camara de Hessel para que el menor no se confronte a la persona que lo ataco.

Sobre los rasgos distintivos del agresor, el estudio anual estadístico del agresor, que realiza la PGJDF, indica que de 10 mil 186 casos conocidos en 1995, sólo se denunciaron ante la agencia del MP 4 mil 739, menos del 50 por ciento. Adicionalmente, hay una ``cifra negra'' mayor de los casos en los que ni siquiera se puede ofrecer terapia.

El 70 por ciento de las personas que maltratan al menor tiene entre 21 y 40 años de edad, en su mayoría son hombres que terminaron la secundaria. La mitad de ellos reconocieron consumir alcohol habitualmente y agredieron a los menores en un lapso que abarcó desde algunos días hasta cinco años.

La familia de los agresores, conformada en promedio por cuatro personas, habita en viviendas con tres y cuatro cuartos.

El maltrato no es privativo de los sectores económicamente débiles, pues el fenómeno también se presenta entre familias adineradas, donde las agresiones son más difíciles de probar

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) prepara una iniciativa de ley de protección a víctimas de la violencia familiar que propone elevar las penas en el caso de lesiones, amenazas y corrupción de menores, además de prohibir al agresor que se acerce a determinada distancia del menor y de su domicilio.

Los maltratadores tendrán que ser sometidos en forma obligatoria a tratamiento psicológico especializado y, en el caso en que un familiar sea el enjuiciado, las penas en su contra serán mayores, según plantea el citado proyecto que se refiere en general a la violencia que se ejerce entre los miembros de la familia.

En el ámbito civil, incorpora el caso de la violencia en el concubinato para que la pareja responda por los casos en que el menor sea agraviado, y se indica que la persona afectada, sea hombre o mujer, tendrá el derecho de permanecer en el domicilio conyugal en tanto que la otra tendrá que retirarse. La legislación actual tiene lagunas y adicionalmente hay preceptos constitucionales que permiten a los abogados solicitar las audiencias en las cuales los menores deben ser careados.

Al respecto se ha establecido jurisprundencia en dos sentidos: de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), primero para exigir los testimonios de la víctima, aun cuando ninguna de las partes lo haya solicitado y, segundo, que el juzgador no está obligado a realizar el careo sin previa solicitud del inculpado.

El director general del Ministerio Público en lo familiar de la PGJDF, Javier Linares Carranza, el artículo noveno del Código de Procedimientos Penales del DF establece la posibilidad de que la diligencia para que la víctima pueda a identificar a presuntos violadores se realice ``en un lugar donde no pueda ser vista o identificada''.

El ex juez en materia familiar por más de una década, Linares Carranza, propone, en ``forma personal'', la restitución de derechos para los menores víctimas, quienes tienen menos garantías que aquellos que han participado en un ilícito. Explica: es necesario fijar rangos de edad para que los menores puedan tomar parte en ciertas actuaciones de un juicio o bien con ciertos requisitos. Actualmente, pone como ejemplo, los menores que cometen una infracción hasta los 11 años de edad reciben asistencia social y en ningún caso quedan a disposición de la autoridad; a los de 12 a 18 años se les aplica un tratamiento en el Consejo de Menores que puede llevarse a cabo en su domicilio.

Pero los menores víctimas de maltrato físico o abuso sexual son tratados por igual sin hacer consideraciones del grado de madurez de su personalidad. Por ello, indica que de 0 a 6 años de edad no deben comparecer en los juzgados, sólo lo tienen que hacer sus representantes o, en todo caso, podría permitirse que se haga por medios electrónicos o algun otro.

En estos casos siempre son los padres o tutores los que denuncian y, sin embargo, a la hora de responder ante la justicia ya no son los denunciantes los que participan, sino los menores los que enfrentan los careos, afirma Linares Carranza. Luego, de 6 años hasta los 12 o 14, el infante podría asistir a la audiencia acompañado de su terapeuta y su representante legal, previo estudio del caso.

No se quiere dar trato de minusválido a los menores, pero se debe entender que se trata de un ser en periodo de formación, para que no se haga tabla rasa y sean llamados a las audiencias. Linares indicó en entrevista que no es necesario si se logran modificaciones sustantivas a la ley, pero, en sentido contrario, Patricia Olamendi, directora de Atención a Víctimas del Delitos, y Montserrat Segarra, directora de Asuntos de Menores e Incapaces, ambas de la Procuraduría General de Justicia del DF, indican que para evitar los malos tratos en los juzgados deben existir jueces penales especializados