A la Constitución, propuestas de Larráinzar sobre derechos indígenas

Salvador Guerrero Chiprés ``Sin vulnerar el actual orden de gobierno que define a la Federación y sin poner en riesgo la unidad nacional'', la Constitución sería reformada para admitir las propuestas derivadas de los encuentros de San Andrés Larráinzar en lo que respecta a autonomía, usos y costumbres y representación y participación política, entre otros temas, según indica la Secretaría de Gobernación.

Las propuestas del Ejecutivo implicarían modificaciones a 12 artículos, destacadamente el 4, el 27 y el 115.

En un documento de 11 cuartillas titulado Derechos indígenas, temas para la reforma constitucional, la dependencia aborda los 21 temas que se han tratado en la mesa de diálogo en Chiapas y que también se tocaron en la consulta nacional sobre derechos indígenas, promovida por el Ejecutivo y el Legislativo.

Explícitamente, se indica: ``Ha quedado excluida la interpretación de autonomía como autogobierno independiente del Estado nacional''.

Agrega: ``Se acepta que la autonomía no es separatismo; tampoco implica privilegios especiales ni romper el principio de igualdad ante la ley. Se reconoce en cambio una autonomía que asegura la libre determinación de los pueblos indígenas en su organización, en el ámbito de la comunidad (subrayado en el original) de los pueblos indígenas''.

El documento será sustento de la propuesta del Ejecutivo, al concluir la etapa de consulta con los partidos representados en el Congreso.

En el tema ``usos y costumbres en la organización jurídica'', se excluye la posibilidad de ``un sistema paralelo de impartición de justicia''.

Gobernación explica que si bien existe el acuerdo de que los pueblos indígenas tengan ``la facultad expresa de aplicar justicia'' sobre la base de usos y costumbres conciliados con el sistema jurídico nacional, ``deberá preverse el límite a tales derechos''.

Ese límite ``estará dado por el respeto a los derechos humanos y por las reglas generales que, para el sistema penal y para las infracciones administrativas, fija la Constitución de la República''.

En la reforma constitucional quedaría estipulado que en los juicios de orden federal o local en que las comunidades de los pueblos indígenas sean parte ``se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley''.

Cuando existan conflictos de una o más comunidades o municipios ``se establecerá un jurado colegiado con representación de las autoridades de todas ellas''.

En materia de participación política, el documento de Gobernación indica que en la reforma constitucional deben ampliarse los cauces de intervención de las comunidades, a tal grado que los indígenas puedan hacer valer usos y costumbres en donde sean mayoría para integrar la autoridad muncipal; también se incorporará a la reforma la delimitación de distritos electorales locales, nombramiento indígena de agentes municipales ``y el reconocimiento de distintas formas de consulta como el referéndum''.

Los cambios en esta materia implican varias reformas al artículo 115; sin embargo, ``debe incluirse con toda claridad que los usos y costumbres indígenas serán incorporados en las prácticas jurídicas, siempre que no sean violatorios de los derechos humanos y no contravengan principios jurídicos de universalidad, generalidad e igualdad ante la ley en todo el territorio nacional''.

Respecto al tema ``tierra y patrimonio indígena'', Gobernación propone adicionar el artículo 27 constitucional de modo que ``garantice la protección a la integridad de las tierras de los grupos indígenas a partir del concepto contenido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)''.

En materia de ``desarrollo y bienestar social'', la dependencia sugerirá formalizar en la Constitución ``el derecho de las comunidades de los pueblos indígenas a participar en la administración de los fondos públicos, lo cual parte del principio de autonomía''.

La propuesta implica reformar la Carta Magna ``apuntando claramente el derecho de los pueblos indígenas a su participación en la planeación y destino de los recursos públicos, así como en sus proyectos y programas de desarrollo''.

Sobre ``educación bilinge e intercultural'', Gobernación propondrá, como parte del Ejecutivo, garantizar una educación respetuosa de las prácticas pluriculturales. Además, estima ``necesario elevar a rango constitucional el derecho a una educación bilinge e inetrcultural, con el fin de fortalecer la cultura de la diversidad, así como promover el desarrollo y uso de las lenguas indígenas'', pero advierte que ello ``no supone su adopción como lenguas oficiales''.