Denuncian indígenas a la CIDH atropellos por ``motivos religiosos'' La Red Nacional Todos los derechos para todos presenta acusaciones de ``represión y militarización''

José Gil Olmos, enviado, Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 21 de julio En un informe entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), agrupaciones chiapanecas que integran la Red Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos ``Todos los derechos para todos'', advirtieron que la crisis político-social y del régimen de partido de Estado han creado una situación de militarización e inestabilidad generalizada, represión a la sociedad civil organizada y el aumento de la delincuencia en todo el país.

Momentos antes de partir, la CIDH se reunió con varias agrupaciones chiapanecas que le solicitaron pida al gobierno mexicano el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reglamentar el artículo 4o. constitucional, que se tipifique como delitos la violencia doméstica y el hostigamiento sexual, juicio a militares que han cometido delitos civiles y prevenir la existencia de grupos paramilitares o guardias blancas.

También se reunieron con las tres viudas de los indígenas del ejido Morelia, cuyos restos fueron encontrados después de ser aprehendidos por el Ejército el 7 de enero de 1994, y cuyo caso la CIDH declaró ``admisible'' para ser investigado el pasado mes de abril.

Hasta ahora, la CIDH sólo ha emitido una recomendación de violación de derechos políticos cuando investigó las denuncias presentadas por el PAN en las elecciones de Chihuahua en 1985. Sin embargo, ahora se estudian los casos de violaciones de derechos humanos en los ejidos Morelia y La Grandeza, donde fueron asesinados cuatro indígenas en febrero de 1995 en la ultima comunidad y los ejecutados en Ocosingo en enero de 1994, todos ellos presuntamente por miembros del Ejército.

En un extenso informe de 66 páginas titulado Chiapas: donde la justicia no tiene lugar, que entregaron a la instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), las ONG señalan que la impunidad y la pobreza a nivel nacional cobra un perfil más grave en esta entidad que vive ``un contexto de guerra'' desde hace 30 meses.

``Después de un cese al fuego, no totalmente respetado, se ha creado un clima de inseguridad y hostigamiento militar que junto con la falta de alimentos, agua, abrigo y atención médica magnificará viejos problemas y creará otros nuevos. La hambruna que sufren las comunidades de la zona de conflicto repercutirá gravemente sobre la salud de la población'', señala el documento luego de afirmar que la muerte materna duplica ya la media nacional y probablemente aumentará ante la salida de médicos, la destrucción de clínicas y las persecuciones de promotores de salud.

La red de derechos humanos muestra la violencia en Chiapas en sus distintas facetas: violaciones a mujeres, conflictos agrarios que ha provocado más encarcelamientos de indígenas y campesinos que la luchan contra el narcotráfico, la existencia de grupos paramilitares y guardias blancas como ``promotores'' de inestabilidad, hostigamiento a defensores de derechos humanos y periodistas, allanamientos a domicilios y obstrucciones al libre tránsito.

El informe señala la situación que viven las mujeres chiapanecas, especialmente las de los municipios de Las Margaritas, Ocosingo, Altamirano y San Cristóbal de las Casas. Indica que han recibido reportes de hostigamiento sexual a cambio de despensas o también que se les obliga presentar a sus maridos e hijos para obtener los alimentos.

Aseguran las organizaciones que sólo por violencia sexual se denunciaron 60 casos entre 1994 y 95, entre ellos los de una niña violada por las autoridades priístas de San Juan Chamula, las tres tzeltales violadas en el reten militar de Altamirano el 4 de julio del 94, las enfermeras asaltadas y violadas en octubre del 95 en San Andrés Larráinzar y también la violación a Cecilia Rodríguez, representante del EZLN en Estados Unidos, en las lagunas de Montebello.

Sobre los conflictos agrarios señala que de 1989 a 1993 se tenían contabilizados mil 332 enfrentamientos entre campesinos que luchan por tierra y que a raíz de la aparición del EZLN hace dos años, las organizaciones campesinas demandantes de un pedazo de terreno tomaron 689 predios cuyas extensiones variaban de dos hasta 300 hectáreas.

En los encuentros que tuvieron con la CIDH el pasado fin de semana, advierten de la existencia de los grupos paramilitares o guardias blancas como los Chinchulines y Paz y Justicia, que han provocado un clima de inseguridad en los municipios de Tumbalá, Tila, Sabanilla y Salto de Agua, al amparo de la policía estatal.

La red señaló que ahora en la entidad se ha mencionado la existencia de grupos de autofedensa rural similares a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) creadas en Guatemala como grupos de contrainsurgencia que ponen de manifiesto la urgencia de prevenir la posibilidad de que las guardias blancas y los grupos paramilitares se conviertan en los ejecutores de la guerra sucia, del otro rostro de la guerra. Por ejemplo, el PRD aseguró que grupos de hombres en 17 comunidades de cinco municipios de la zona norte están aglutinados en grupos de autodefensa rural que obligan con las armas a que los perredistas regresen al PRI.

``En Chiapas se ha descartado la creación de aldeas modelo, pero sí es factible que continúa la vigilancia de abastecimiento en ciertas áreas y la implementación de programas de asistencia social con propósitos políticos de erosionar la base social de organizaciones campesinas independientes o zapatistas. Además se usa el recurso ideológico del combate al narcotráfico para disfrazar la militarización, las actividades de las guardias blancas y de los grupos paramilitares''.

En un recuadro, la red de derechos humanos da nombres de personas que apoyan con dinero y armas a los grupos paramilitares: el ex gobernador Elmar Zetzer, el diputado federal Rafael Ceballos, los diputados locales Eucario Orantes y Samuel Sánchez y Darío Borraz, alcalde de Venustiano Carranza.