A través de la capitalización de los bancos comerciales el gobierno renueva la alianza con los grupos capitalistas que los adquirieron en el proceso de privatización. Significativamente, la relación entre los tecnócratas y los banqueros siempre ha estado a cargo de Guillermo Ortiz que, primero como subsecretario de Hacienda durante el sexenio anterior encabezó el Comité de Desincorporación Bancaria y, ahora, como secretario del ramo, supervisa la gestión de los antiguos postores y nuevos banqueros.

Para mantener la alianza el gobierno ha canalizado recursos públicos a la banca por cerca de 20 mil millones de dólares a través de diversos mecanismos de crédito. Como resultado, la Secretaría de Hacienda libró a los banqueros de buena parte del costo de la crisis y la transfirió, en cambio, a los contribuyentes. En lugar de hacer un balance justo de la gestión de los nuevos banqueros, el gobierno decidió ayudarlos con esquemas ad hoc, negociados en privado en forma individual; de esta manera protegió a los banqueros de las fuerzas del mercado.

Pero no a todos. Tres de los dieciocho bancos originales (Banco Unión, Banpaís y Banca Cremi) han sido intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por la realización de actos delictivos. Otros tres bancos privatizados (Inverlat, Bancen y Banorie) han sido intervenidos por no contar con niveles adecuados de capitalización; lo mismo le ha sucedido a dos de las nuevas instituciones autorizadas para operar como bancos (Interestatal y Capital). Prácticamente toda la banca mexicana ha requerido apoyo público para mantenerse a flote, y el 12.9 por ciento de la cartera del sistema bancario se encuentra en manos del Fobaproa.

Uno de los principios rectores de la privatización fue ``asegurar que la banca mexicana sea controlada por mexicanos''. Sin embargo, dos de las instituciones financieras que fueron privatizadas (Mercantil-Probursa e Inverlat) han pasado a control extranjero. El Banco Bilbao Vizcaya adquirió el 70 por ciento de las acciones de Mercantil-Probursa, y el Banco de Nova Scotia el 55 por ciento de Inverlat. Además, el Banco de Montreal posee el 16 por ciento de las acciones de Bancomer, el Banco Central Hispano y el Banco Portugués son dueños del 16 por ciento del Banco Internacional, y J.P. Morgan es socio de Serfin. En total, el 14 por ciento del capital bancario en México está en manos de banqueros extranjeros.

Cuando la Secretaría de Hacienda le entregó las instituciones financieras a los nuevos banqueros, dijo que su administración quedaba ``a cargo de mexicanos con experiencia financiera'', y que ello debería ``propiciar que los recursos que les confían los millones de ahorradores e inversionistas (serían) manejados con prudencia y conocimiento''. Es obvio que esto no se ha cumplido. En vez de ello, la Secretaría de Hacienda ha renunciado a los principios (``mandamientos'', los llamó Guillermo Ortiz) que se supone rigieron la privatización de la banca y, desde entonces, debieron haber servido ``siempre como base para realizar las distintas evaluaciones sobre las metas propuestas y los logros alcanzados''.

La Secretaría de Hacienda ha decidido ignorar las recientes revelaciones sobre los vínculos entre Raúl Salinas y por lo menos dos de los empresarios que adquirieron bancos en el proceso de privatización. A pesar de que el gobierno se comprometió a ``vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos'', a Hacienda le parece irrelevante que José Madariaga, que encabezó el grupo de inversionistas que obtuvo en subasta a Multibanco Mercantil, haya sido socio del hermano del ex presidente Carlos Salinas; tampoco le da importancia al hecho de que Adrián Sada, que obtuvo el control de Serfin, el tercer banco más importante del país, haya recibido quince millones de dólares de Raúl para ``un fondo de inversión'' que nunca se concretó.

A través del rescate bancario, el gobierno renueva una alianza con los nuevos banqueros que estableció, primero, durante el proceso de privatización y, en algunos casos, incluso antes, durante la campaña presidencial de Carlos Salinas. Existe el riesgo de que durante esta larga asociación se haya incurrido en serios conflictos de interés o, incluso, actos de corrupción. Cuando presidió el Comité de Desincorporación Bancaria el sexenio anterior, Guillermo Ortiz se comprometió a ``propiciar las sanas prácticas financieras y bancarias''; ahora, en su calidad de secretario de Hacienda, tiene la responsabilidad de demostrar que la relación entre banqueros y tecnócratas siempre ha sido transparente.

Nota aclaratoria:

En el artículo ``Respuesta a Helms y Burton'', publicado el jueves pasado, me referí a la empresa ITT como posible demandante de la compañía mexicana de telecomunicaciones, Domos. Sin embargo, por razones ajenas a mí, el nombre de la empresa estadunidense que apareció publicado no fue ITT, sino ATT; lo que es incorrecto