Presenta el EZLN a la CIDH 122 denuncias por violaciones

José Gil Olmos, enviado, Elio Henríquez, corresponsal , Oventic, Chis., 20 de julio Representantes de la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de comunidades indígenas se reunieron aquí por más de dos horas con un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezado por su presidente Claudio Grossman, quien dijo que se investigarán las 122 denuncias de asesinatos, torturas, desapariciones, hostigamiento militar y desalojos que los zapatistas señalaron en un informe que detalla los conflictos en 17 municipios.

``Les dijimos que en México no se respetan nuestros derechos humanos, nuestros derechos como individuos, como pueblos. No se respetan nuestros derechos políticos'', señaló la representación zapatista, encabezada por el comandante David, en un comunicado donde se señala que se entregaron a la instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) denuncias precisas sobre la violencia en la zona norte, donde actúan las guardias blancas, y sobre el poblado de Guadalupe Tepeyac, que está abandonado desde la entrada de tropas militares en febrero de 1995.

La delegación de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ingresa al auditorio de Oventic
para su reunión con la dirigencia del EZLN.
Foto: Duilio Rodríguez

Para la comandancia del EZLN la reunión con la CIDH fue de suma importancia, porque es un ``espacio y un canal'' de denuncia ante el mundo, dijo David.

``Es importante para nosotros los zapatistas, y para los pueblos indígenas, porque nunca en la vida hemos tenido la oportunidad de comunicarle a otros hermanos del mundo cómo vivimos; que eschuchen nuestra voz, porque de parte del gobierno han querido bloquear la información, todo lo que pasa en México, en Chiapas y en las comunidades se ha quedado oculto. El gobierno dice que todo esta bien, que las comunidades no tienen necesidades y que ha dado mucho. Pero cuando viene la CIDH se da cuenta que no es cierto, que hay muchas violaciones de derechos humanos, que hay mucha hambre, miseria y que no hay ninguna solución hasta el momento'', advirtió el dirigente indígena.

La reunión privada, a petición de la CIDH, se efectuó en el auditorio rústico de Aguascalientes II, que construyeron las comunidades indígenas. A ella asistieron también Carlos Manuel Ayala Corao, vicepresidente de la CIDH; Oscar Luján Fappiano y Jan Yosef Exume, miembros del organismo; Jorge Taiana, David Padilla, secretarios ejecutivos, y el abogado principal de la comisión, Osvaldo Kreimer.

A la entrada de Aguascalientes II se quedaron el subsecretario de Gobierno estatal Uriel Jarquín y el encargado de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ricardo Cámara, y otras dos personas que no fueron invitadas para asistir a la reunión.

Nerviosos después de una meticulosa revisión de indígenas que se cubrían con un paliacate en el rostro, los integrantes de la CIDH entraron al auditorio donde fueron recibidos con aplausos por un grupo de mujeres y niños de la región, que junto con varias decenas de hombres trabajan en el reacondicionamiento del Aguascalientes, donde se inaugurará el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo el próximo 27 de julio.

En el amplio auditorio hecho de madera y piso de tierra estaban representantes de los municipios de Larráinzar, Bochil, El Bosque y Venustiano Carranza que, según comentó después el comandante David, entregaron denuncias de violaciones a los derechos humanos por policías estatales y militares.

Mientras afuera trabajaban hombres y mujeres acarreando piedras y arreglando el camino en este lugar de montañas y constante lluvia, en el auditorio los integrantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) también hablaron con los de la CIDH del diálogo que sostienen con el gobierno federal en San Andrés Larráinzar.

``Les explicamos porqué nos levantamos en armas, las causas, que no son nuevas, y luego cómo nos sentamos a la mesa de diálogo y les contamos lo que ha pasado. Les dijimos que de parte del gobierno no hay ninguna voluntad, porque mientras nosotros los zapatistas desde el principio les dijimos que el diálogo era en serio, lo que más encontramos del gobierno ha sido desprecio, humillación, amenazas, traiciones. Les dijimos que en estos meses de diálogo el gobierno ha tenido una actitud de prepotencia, de racismo y que nos han tratado de humillar'', explicó más tarde David.

Usted cree que con las denuncias a la CIDH el gobierno pueda cambiar en el diálogo y con las comunidades indígenas?El gobierno de por si es muy terco, pues. Ha habido muchas voces de miles de personas que no han querido escuchar. Esta comisión es de varios países de América Latina, tenemos esperanzas de que el gobierno deveras le ponga atención a los problemas, aunque lo han ocultado mucho. Pero con este pequeño canal puede ser que ponga un poco de atención, pero lo dudamos mucho. Como lo dijimos a los señores de la comisión: el gobierno siempre nos ha mentido, siempre nos ha amenazado, siempre nos ha traicionado, por eso es muy difícil para nosotros que el gobierno entienda por más voces que le llamen; cierra sus ojos, cierra sus oídos, por eso lo dudamos, pero como quiera es una esperanza.

Al término del encuentro, Claudio Grossman dijo que la reunión con la dirigencia rebelde y representantes de comunidades indígenas de Chiapas fue para observar la situación de los derechos humanos en México y para conocer la opinión que se tenía sobre el proceso de paz.

Cauto por el carácter judicial que tienen las recomendaciones y los informes de la CIDH, Grossman indicó que no se pueden comentar o prejuzgar los casos que están en trámite o los que se investigan hasta terminar la evaluación de las pruebas y concluir el proceso riguroso de revisión de todas las opiniones de las partes.Explicó que la CIDH, como parte de la OEA, tiene como tarea observar los derechos humanos de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual establece ciertos derechos: a la vida, a la integridad personal, la igualdad ante la ley, la no discriminación y el conjunto de derechos civiles y políticos como el derecho a votar, la libertad de reunión y de asamblea.

Advirtió que la CIDH, como órgano autónomo e independiente, ``no se compromete a nada'' con ninguna organización y de acuerdo con sus propios esquemas visitan un país y se reúnen ``con quienes quieren conversar con nosotros''.

Informó que el próximo miércoles darán sus impresiones generales como órgano colegiado sobre su primera visita a México y después se reunirán en su sede en Washington para decidir qué recomendaciones privadas o publicaciones se harán, además del seguimiento que tendrán estas.

Por la tarde, los representantes de la CIDH se reunieron con el obispo Samuel Ruiz García y otros miembros de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y también con organizaciones civiles como el grupo de Mujeres de San Cristóbal, la Coordinación de Organismos no Gubernamentales por la Paz (Conpaz) y agrupaciones evangélicas.

De la corresponsalía, Venustiano Carranza, Chis., 20 de julio #&164; En este pue blo, donde no existe autoridad reconocida y se pasean miembros de Seguridad Pública y Policía Judicial, al igual que grupos ``haciendo ostentación pública de llevar armas'', se establece una pequeña asamblea en la que cada uno de los presentes, hombres y mu jeres tzotziles, narra ``el verdadero origen del problema'', el intento de desaparición de los bienes comunales.

``Se pide a los compañeros que manifiesten cómo sucedieron los hechos'', dicen en referencia al operativo policiaco en que el campesino Manuel Martínez de la Torre resultó muerto de un balazo en el pecho, otro en el cuello y uno más en la espalda.

Describen los hechos ocurridos en los últimos días. Pero José Manuel Hernández Martínez, presidente del Comité Particular de Bienes Comunales de la comunidad tzotzil Casa del Pueblo de Venustiano Carranza -afiliado a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ)-, una vez que terminan el recuento, puntualiza que el origen de cada uno de los problemas que azotan al municipio es el intento por acabar con la organización comunal de 2 mil padres de familia.

Entonces comienza el largo relato que da fe del origen de los bienes comunales, de cómo esta lucha data de ``1736, año en que en San Bartolomé de los Llanos -hoy Venustiano Carranza- los indígenas compraron los terrenos comunales al rey Carlos II de España''.

Las pequeñas propiedades aparecieron cuando los propietarios pidieron derecho de posesión y los presidentes municipales, que eran indígenas, les dieron facilidades; ``se fueron fortaleciendo cuando los indí genas sufrían el perjuicio del ganado de los ricos en sus terrenos comunales y exigeron que los encerraran. Los ganaderos lo escucharon bonito y encerraron a sus animales en los terrenos comunales, donde había agua y tierras debajo.

``Cuando se dieron cuenta los campesinos que sus tierras estaban reducidas, empezaron los trámites para recuperarlas. Esto fue aproximadamente por el año de 1939; desde esa fecha hasta 1965, después de haber sufrido cruelmente la represión de los caciques y de realizar las gestiones legales y pacíficas, se logró una resolución presidencial por confirmación y titulación de 50 mil 152 hectáreas de bienes comunales''.

La mujeres asentían con la cabeza cuando Manuel Hernández enumeró a los comisariados y comuneros que a partir de ese momento murieron en manos de los terratenientes.

En la Casa del Pueblo, donde estamos reunidos, hay un gran salón con bancas de madera, en una de cuyas paredes están colgados al menos 25 retratos ``de los que han caído''. Veladoras y flores de papel nunca faltan, ``es el recuerdo de la lucha, del descontento de los caciques, sus agresiones ante la presión de los comuneros''.

Algunas imágenas datan de 1971, de Manuel Gómez Ortega y Gaspar Díaz Reyes, los dos primeros comisariados, ``que fueron asesinados por manos de los pistoleros de los ricos''.

Cuando en 1964 se deslindan los terrenos, 3 mil 19 hectáreas no aparecen. Esas, aparte de 2 mil 500 más que invadió la Comisión Federal de Electricidad al construir la presa de La Angostura -y que no se indemnizaron- siguen siendo el reclamo de los comuneros.

``Como no nos podían encarcelar por pedir la tierra, compraron a supuestos testigos que han provocado la existencia de más de 20 órdenes de aprehensión que pesan sobre los comuneros de la OCEZ, como otro de los frutos de la lucha'', señala Manuel.

``Intentamos tomar por primera vez la Casa del Pueblo. No nos quedaba otro recurso que movilizarnos, y tomamos también por primera vez la presidencia municipal (...) decidimos recuperar la tierra''.

Con estas acciones lograron el reconocimiento de 3 mil 19 hectáreas, e intentaron pagar las 2 mil 500 -que aún adeudan- con dinero de la indemnización de la CFE. ``Nosotros dijimos que no queríamos di nero, sino las tierras que nos corresponden; entonces aún nos falta esa tierra. Ese es el fondo del problema, la lucha por esas tierras ha dejado 31 comuneros asesinados por la policía, guardias blancas y pistoleros, como ocurrió en la masacre del 6 de octubre de 1994, en la que murieron nueve compañeros''.

En 1965, en 1979 y con la modificación del artículo 27 constitucional, se han suscitado pequeñas divisiones entre los comuneros. ``Mediante créditos, ganado y casas, se ha fomentado la división interna, sobre todo cuando la lucha se hace más fuerte -aun ahora- el gobierno sigue dando grandes apoyos a los grupos divididos'', subraya.

Al cuestionársele sobre el señalamiento de autoridades agrarias en torno de que ``hay organizaciones caciquiles'', el dirigente comunero dice que la posesión y permanencia de los bienes comunales es ``para garantizar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque sabemos que ya no hay más tierra que repartir en este lugar''.

Ahora, sin embargo, añade que la lucha ya no es sólo por la tierra, ``es también por el poder, porque ésa es la forma de no dejarnos dominar. Por medio de la presidencia municipal se permitió que se consolidaran terratenientes como los Orantes, los Borraz, los Castellanos; así se permitió legalizar las propiedades que nos robaron.

``Tener el poder de la alcaldía no es tener un hueso, es permitir que la gente misma decida cómo gobernarse; se está pensando también en el futuro porque creemos que es tarea nuestra empezar el camino que ellos, nuestros hijos, tendrán que terminarlo''.

Al considerar que la lucha por la tierra está a punto de concluir, puntualiza que la tarea ahora será por la producción y por mejores condiciones para trabajarla. José Manuel Hernández pregunta a los presentes en la asamblea si alguno tiene algo que añadir.

Las bandas paramilitares han despojado de sus tierras y expulsado a varias familias de barrios donde tienen mayor presencia. De eso apenas hace unos meses, ``así también nos quieren expulsar de los terrenos comunales ahora, con el uso de bandas paramilitares, por eso andamos ahora aquí, pero allá es donde están nuestras propiedades'', narra uno de los expulsados hace unos meses de la comunidad Paraíso del Grijalva, uno de los focos rojos del municipio.

Hombres y mujeres se animan a hablar de lo que de momento les preocupa: el hostigamiento y agresiones de ``los paramilitares que se pasean con sus armas y escupen el piso donde pasamos, como los de la Alianza San Bartolomé de los Llanos''. El viernes, después de tres días de permanecer en un virtual estado de sitio, los indígenas de la Casa del Pueblo y de la Alianza acordaron ``respetarse física y verbalmente'', como en otras ocasiones.

En este nuevo acuerdo, signado a sólo un mes del anterior, nuevamente hubo intercambio de vehículos y campesinos ``de los contrarios'', que tenían ``retenidos'' cada parte como forma de presión