Ordena el gobierno bajacaliforniano mejorar condiciones de los jornaleros

Andrea Becerril, enviada y Jorge Alberto Cornejo, corresponsal/IV y última, San Quintín, BC La problemática laboral y social en el Valle ha sido solapada durante muchos sexenios por las autoridades estatales y municipales bajacalifornianas e ignorada por el gobierno federal, coinciden líderes indígenas y defensores de derechos humanos.

Revelan que en la pasada administración del panista Ernesto Ruffo prácticamente se suspendieron las inspecciones laborales en ranchos, empacadoras y campamentos.

Los trabajadores agrícolas se trasladan a otro campo
para continuar su jornada. Foto: Víctor Mendiola

El gobierno actual ``no va a permitir más irregularidades'', señala el secretario de Trabajo y Conflictos de Baja California, Eleazar Verástegui. Asegura que habrá revisiones y visitas en el cien por ciento de los campos agrícolas.

``En aquellos ranchos en que se detecten guardias armados, se procederá a consignar a los responsables ante las autoridades federales'', agrega.

Sin embargo, Víctor Clark Alfaro, presidente de la Comisión Binacional de Derechos Humanos, hace notar que debe darse una verdadera decisión política para acabar con la explotación y la marginación en que viven los jornaleros, porque ``el poderío económico de los agricultores, ligados en muchos casos a empresas trasnacionales, los ha convertido en dueños y señores de la riqueza de la región y del destino de sus trabajadores''.

Arturo González, dirigente del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional y José Rojas, de la Central Independiente de Obreros y Campesinos Agrícolas (CIOAC), hicieron notar que en el Valle de San Quintín la Ley Federal del Trabajo (LFT) prácticamente es letra muerta.

Los patrones, ``en pleno contubernio con la CTM y las autoridades, se encargan de violar las garantías mínimas de los jornaleros a través de contratos de protección, ilegal empleo de menores, guardias blancas, salarios ínfimos, exposición de trabajadores a agroquímicos y condiciones de hacinamiento e inseguridad'', precisa González.

Cuando surgen problemas se habla de aplicar planes y programas, pero éstos finalmente no se cumplen, agregan. Así, nunca se puso en práctica un acuerdo del gobierno estatal signado en 1987 para fijar un impuesto a la producción de jitomate y los demás hortícolas del valle, cuyos recursos se destinarían a crear un fideicomiso para mejorar las condiciones de vida de los jornaleros.

Días antes del incidente en la empresa Santa Anita, el 29 de junio, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Carlos Rojas estuvo en el Valle, acompañado por el gobernador Héctor Terán Terán.

Anunció un Programa Permanente para el Desarrollo de San Quintín, con una inversión de 55 millones de pesos. ``Es inaceptable que los principales generadores de la riqueza de esta región, los jornaleros agrícolas, no hayan alcanzado los niveles de bienestar a los que aspiran para vivir con la dignidad que como mexicanos merecen'', dijo en esa ocasión.

Luego, Rojas y el gobernador dieron el banderazo para el comienzo de los trabajos del Bulevar Lázaro Cárdenas, ubicado en la Carretera Transpeninsular, la vía que comunica a San Quintín con Ensenada, cuyo estado es pésimo.

Se abrió la zanja para el inicio de la obra, pero una vez que se retiraron el gobernador y el titular de la Sedeso, ésta fue tapada y así continúa.

Incluso ha trascendido en la región que el gobierno estatal pretende quitar a Sedeso el Programa de Jornaleros Agrícolas.

Durante esa gira, Terán Terán se comprometió con los ricos productores de tomate a defenderlos, dentro del marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), frente a la demanda que por dumping entablaron contra ellos los agricultores estadunidenses.

En su programa de trabajo, el gobernador panista puso énfasis en promover la rehabilitación de la Carretera Transpeninsular, en la construcción de infraestructura y equipamiento urbano en el valle y en impulsar la construcción del Ferrocarril Ensenada-San Quintín, además de un aeropuerto civil, obras éstas últimas para beneficio directo de los productores.

Clark Alfaro señala que las autoridades han apoyado a los patrones para evitar toda posibilidad de organización independiente. El gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera no dudó en reprimir a los indígenas que intentaban organizarse en la CIOAC en 1985. Hubo despidos masivos de trabajadores y persecusión de dirigentes, agrega.

Al respecto, José Rojas precisa que la CIOAC sigue organizando a los jornaleros, aunque la CTM y su Sindicato Nacional de Trabajadores y Asalariados del Campo sea la reconocida por los patrones y funcionarios laborales.

El sindicato cetemista es financiado por los patrones

Jesús Espinosa Morales, dirigente seccional de ese sindicato en San Quintín, señala al respecto que ``mucho se exagera sobre la situación en el Valle''. Niega que haya inconformidad entre los jornaleros y asegura que ha conseguido ``ingresos importantes para los migrantes''.

El contrato colectivo firmado en 1984 entre su cetemista sindicato y la Unión de Productores Agrícolas, agrega, establece un salario integrado de 35 pesos diarios, ``muy superior al que los mixtecos ganan en su tierra, que es de cuando mucho 12 pesos''. Además, ``ni siquiera tienen que pagar cuotas''.

-¿Cómo se sostiene el sindicato?

-Por medio de... cómo les podría decir, de compromisos que hay con la Unión de Productores, para no tocar los salarios de los trabajadores -responde el dirigente. Un enviado del comité nacional que lo acompaña, Ramón de Jesús Guerrero, le impide precisar de cuánto es el subsidio que recibe de los empresarios.

``Lo que quiere decir es que las cuotas las pagan los patrones''. También le trata de enmendar la plana cuando el dirigente seccional señala que los jornaleros migrantes viven hacinados porque ``son destructores y acaban con las viviendas que les da el patrón''.

No, remarca, ``lo que el compañero Espinosa pretende decir es que el jornalero estacional, de Oaxaca y Guerrero, no tienen la cultura como para mantener aseado el cuarto que se les entrega. Les ponen letrinas, pero se van a hacer sus necesidades a un lado, los lavaderos no los usan, aunque haya estufa, hacen fogones dentro de los cuartos''.

Ambos defienden a los dueños del Rancho Santa Anita. Aseguran que sólo se había atrasado ``unos días con la raya'' por un problema de bancos.

Entrevistado por separado, el secretario de Trabajo y Previsión Social del gobierno de Baja California, Eleazar Verástegui Galicia, asegura que a raíz de la revuelta de jornaleros en el Rancho Santa Anita se intensificarán las inspecciones, con la meta de verificar las condiciones laborales en el cien por ciento de lo ranchos.

Dijo que en las inspecciones realizadas recientemente en los ranchos Santa Anita y Ejido Eréndira detectaron un sinfín de problemas. ``La gente nos manifestó que hay guardias armados, nosotros no los vimos, pero lo estamos investigando''.

Verástegui Galicia agregó que es del dominio público que, sobre todo en la época de cosecha, los ranchos son vigilados por personal armado. ``Al tener denuncias concretas podemos actuar y no nos vamos a limitar; si encontramos gente con armas vamos a turnar la denuncia a las autoridades federales para que se sancione a los responsables''.

Sobre el empleo de niños en los campos agrícolas, el funcionario dijo que ``se trata de un problema complejo, que tiene raíces sociales y culturales'', en el que se actuará de manera prioritaria.

A la empresa Santa Anita, precisó, se le requirió el cumplimiento de las normas laborales e igual se hizo con Agrícola Peninsular, dueña del Ejido Eréndira, que también incurre en la iregularidad de no pagar a tiempo a sus jornaleros. Esta última no quiso mostrar su documentación a los inspectores.

Santa Anita, que se había comprometido a pagar los 300 mil pesos por los daños causados a comercios y vehículos policiacos en los disturbios del 3 de julio -durante la protesta de sus sus trabajadores por la retención de salarios-, hasta el momento no lo ha hecho.

El dueño de la empresa, Arturo Lomelí Villalobos, no reside en San Quintín y ni siquiera visita sus ranchos y empacadora, pues está ocupado con sus demás negocios en Sinaloa y otras entidades, y enredado aún en el problema con ``Del Monte'', conjuntamente con el banquero prófugo Carlos Cabal Peniche.

Aquí, en San Quintín, aparece como encargado de Santa Anita el gerente Gabriel Oliva, quien declaró que ni los van a multar y ``ya se verá'' si pagan los daños.

Los representantes de organizaciones indígenas tenían ya preparado un pliego petitorio para el gobernador Héctor Terán Terán, a quien esperaban el viernes aquí, pero finalmente no asistió