Guerrero: injusticia y antidemocracia
Las únicas armas: justicia y democracia

Sin duda, la visita presidencial a Guerrero fue motivada, en gran medida, por la urgencia de llevar apoyo a las comunidades afectadas por meteoros como el huracán Boris, que recientemente azotó las costas de ese estado. Pero en el fondo la gira de Ernesto Zedillo tuvo una intención política: demostrar a propios y extraños que en ese estado nada pasa y que es exagerado el nerviosismo de los mercados financieros por la aparición, el 28 de junio, del autodenominado Ejército Popular Revolucionario.

Desde que los indicadores económicos mostraron signos de turbulencia, en las dos últimas semanas, en el primer círculo del poder se diseñó una estrategia dirigida a apagar los focos rojos que pudieran generar mayores desequilibrios. De ahí la urgencia de sacar adelante la reforma política. Por eso los llamados a terminar con la guerra de las televisoras, la campaña contra la corrupción y las reuniones presidenciales con grupos de gobernadores, a quienes se les pidió atender las inconformidades ciudadanas antes de que los problemas crezcan, como fue el caso de Guerrero.

Pero el de ayer fue un día de discursos oficiales dedicados, en primer término, a encuadrar al Ejército Popular Revolucionario en las acciones de gobierno. Por la mañana, antes de que Ernesto Zedilo viajara a Guerrero, atestiguó el 124 aniversario luctuoso de Benito Juárez. Ceremonia cargada de mensajes políticos en donde el orador oficial fue el líder del Senado de la República, Fernando Ortiz Arana.

En el patio central del Palacio Nacional, Ortiz Arana recordó uno de los legados juaristas, aún vigente, para fortalecer la República: ``la ley y la responsabilidad''. Esa premisa, dijo, es ``acosada por adversarios que quisieran abatirla, en nombre de extremismos desgastados por la historia''. Y convocó a los mexicanos, a 124 años de la muerte de Juárez, ``a fortalecer la República... En el Estado que estamos empeñados en fortalecer, fincado en la Constitución y la ley, no hay violencia legítima'', dijo.

Luego, Ernesto Zedillo viajó a Guerrero. En un acto celebrado en Tecpan de Galeana, el Presidente dijo: ``las armas en las que creen casi todos los mexicanos, son la democracia y la justicia; ninguna otra arma se vale en México, ninguna otra arma es legítima... Por eso, es el mandato al que deben someterse las minorías que todavía piensan que en la violencia hay respuesta o esperanza. Están equivocados. Habremos de convencerlos de eso por el camino de la democracia, pero también de la justicia, que también significa la aplicación de la ley''. Más tarde, en Atoyac de Alvarez, Zedillo dijo que no haría juicios anticipados, indebidos, ni pondría calificativos sin fundamento a las minorías que creen que la violencia es el camino.

Y es que a 20 días de que apareciera en un acto público el Ejército Popular Revolucionario, es poco lo que se sabe oficialmente de él. Desde el primer momento, las autoridades estatales y federales negaron la existencia de grupos guerrilleros en Guerrero. Sin embargo, en esa entidad se desplegó un dispositivo militar sólo visto en Chiapas, que se ha dado a la tarea de capturar a los presuntos rebeldes.

Pero existen evidencias de que en los operativos militares, que han arrojado detenciones y la localización de armas y uniformes que pudieran pertenecer al EPR, se han cometido excesos que mantienen en un estado de terror a importantes núcleos de la población guerrerense. Más allá de la localización del EPR y del descubrimiento de sus orígenes y financiamiento, en Guerrero se ha creado una de las más graves crisis políticas de las últimas décadas.

No se sabe el origen y el paradero del EPR como presunto grupo guerrillero. No se sabe la razón por la cual el aparato de Seguridad Nacional resultó obsoleto. No se sabe la razón por la que, si se niega que exista guerrilla en Guerrero, se realiza el operativo militar dispuesto en esa entidad. Pero sí se conoce la raíz de la crisis política guerrerense. Todos la conocen.

El nombre de esa crisis es Rubén Figueroa Alcocer, el ex gobernador depuesto por su responsabilidad en la muerte de 17 campesinos en Aguas Blancas ocurrida el 28 de junio de 1995, y que luego de múltiples evidencias de que la matanza se produjo como resultado de su desprecio a la justicia y a la vida, fue exonerado de toda responsabilidad.

Contrasta que en su visita a Guerrero, Ernesto Zedillo se refiera a la democracia y la justicia como únicas armas válidas para dirimir las diferencias, cuando por años, especialmente en los gobiernos de los Figueroa, en Guerrero prevalecieron la antidemocracia y la injusticia. En realidad, el tejido caciquil que domina la política y la economía en esa entidad, se fundó en la injusticia y la antidemocracia.