Tabascogate, Aguas Blancas y asesinatos de 430 militantes, agravios planteados por el CEN perredista a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática entregó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Claudio Grossman, el expediente de las violaciones a los derechos humanos de los perredistas: 430 asesinatos políticos, matanza en Aguas Blancas, alteración del padrón electoral y el del Tabascogate. En la audiencia del organismo con el Comité Ejecutivo Nacional perredista, estos últimos criticaron ``el bajo nivel de respeto a los derechos humanos'' en México , así como la represión directa contra el PRD, la falta de seguridad ciudadana y los casos que han planteado sus expedientes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Al encuentro asistieron Porfirio Muñoz Ledo, Samuel I. del Villar, Gilberto López y Rivas, Lilia Moreno y la diputada Rosa María Cabrera, quienes presentaron las quejas de que en forma ``sistematizada y genérica'' les han violado sus derechos políticos y su vida misma.

Indicaron que la inefectividad de las instituciones políticas, administrativas, legislativas y judiciales para prevenir la violencia sistematizada de las garantías institucionales los han llevado a la búsqueda de la justicia de la CIDH.

Visitas a Guerrero y Chiapas

Una representación de la CIDH llegará hoy a San Cristóbal de las Casas, Chiapas y otra asistirá a Aguas Blancas, Guerrero.

En la visita de tres días, por la que ya se prepara un dispositivo militar y policiaco, los integrantes de la CIDH se entrevistarán con el gobernador Julio César Ruiz Ferro, los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera, líderes evangélicos, miembros de organizaciones defensores de los derechos humanos, la Conai y representantes de comunidades indígenas de los Altos, selva y norte de Chiapas.

Por su parte, miembros de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos exigieron que las recomendaciones emitidas por la CNDH sean obligatorias y ``no se dejen a la buena fe de las autoridades hacia quienes van dirigidas''.

En conferencia de prensa señalaron que el gobierno federal debe modificar el artículo 102 constitucional, pues la mayor parte de las veces las recomendaciones no son cumplidas por los responsables de llevarlas a cabo, ``las pasan por alto y dejan sin castigo penal al infractor'', debido a que son de carácter moral y no tienen fuerza.

En los últimos seis años, de acuerdo con información de la CNDH, han habido 103 recomendaciones por torturas, de las cuales 72 están totalmente cumplidas; sin embargo, ``nosotros no tenemos la seguridad de que los culpables estén purgando una condena penal'', dijeron.

También se manifestaron porque la CIDH sugiera al gobierno mexicano adoptar las medidas legislativas para establecer mecanismos de ejecución interna de las recomendaciones que se le hagan y reconozca la jurisdicción contenciosa de la Corte de la Comisión.

A nombre de las 43 organizaciones que integran la Red, Rocío Culebro, Emma Maza, Javier Núñez y Ariel Dulitzky, destacaron que los únicos países latinoamericanos que no han aceptado la intervención de la Corte, donde se generan sentencias obligatorias, son México y Brasil.

``Es increíble que en una nación caracterizada por organismos internacionales como Human Rigths y Amnistía Internacional con constantes violaciones de derechos humanos por la impunidad de los cuerpos policiacos, no se reconozca la jurisdicción contenciosa de la Corte de la CIDH y se busque la militarización de estos cuerpos'', agregaron.

Rocío Culebro advirtió que mientras no se acabe la impunidad no se podrá dar una lucha eficaz contra la corrupción y la delincuencia. En este sentido, sugirió una depuración de las agrupaciones policiacas y no confundir la seguridad pública con la nacional, ni tratarlas igual.

No creemos que se garantice más la seguridad pública o el respeto a los derechos reconocidos internacionalmente militarizando las agrupaciones policiacas. En países donde se ha implementado esta disposición: Operación Río, en Brasil; y Mil Ocho, en Bolivia para luchar contra el narcotráfico, hubo más quejas de violación a los derechos humanos, abundó.

En una reunión privada que sostuvieron miembros de la Red con representantes de la CIDH, le pidieron recomiende al gobierno mexicano revisar la Constitución Política y las legislaciones con el fin de ampliar la competencia de las instituciones públicas encargadas de la protección de los derechos humanos en materia laboral, electoral y jurisdiccional.

Asimismo, le solicitaron le exprese su preocupación por la práctica persistente de la tortura, y por la falta de investigación y sanción penal a los responsables de practicarla y tolerarla; y establezca condiciones dignas para los internos de los centros de readaptación social.

Le pidieron también que recomiende al gobierno mexicano tomar acciones para prevenir la existencia de grupos paramilitares, en especial las guardias blancas. En el caso del accionar de estos grupos que investigue y sancione a los mismos y proceda a desarmar y disolverlos.

Mientras tanto, en Chiapas ya se observa la presencia de militares en algunos lugares donde se efectuarán las reuniones de la delegación de la CIDH con los representantes de las organizaciones religiosas, indígenas y de derechos humanos.

Se prevé la posibilidad de que de la capital chiapaneca salga hacia la zona norte donde en el último año han aparecido grupos paramilitares o guardias blancas como los Chinchulines y Paz y Justicia. (Laura Gómez Flores, Rosa Icela Rodríguez, José Gil Olmos y Elio Henríquez, corresponsal)