Pese a la repulsa internacional, Clinton firmará la ley por motivos electorales, sostienen analistas
Afp, Efe y Reuter, Bruselas, 15 de julio La Unión Europea (UE) respondió hoy a la ley estadunidense Helms-Burton, que endurece e internacionaliza el bloqueo contra Cuba, con un programa de medidas de represalia que incluye una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y restricciones de ingreso a ejecutivos de empresas estadunidenses que se beneficien con esa legislación.
Las medidas se dieron a conocer en víspera de que el presidente estadunidense, Bill Clinton, anuncie si suspenderá o no la entrada en vigor del Título III de la Helms-Burton, que permite a los ciudadanos estadunidenses, incluso de origen cubano, demandar en cortes federales a empresas que ``trafiquen'' con sus propiedades confiscadas por la revolución cubana después de 1959.
Clinton sostuvo esta noche, en declaraciones televisivas, que se debe ``continuar presionando a Cuba'' para lograr la democracia en esa isla, pero declinó comentar si autorizará que esa polémica cláusula entre en vigor el primero de agosto, aunque el plazo para anunciar su decisión vence este martes a la medianoche.
"Hemos sido duramente criticados por nuestros aliados europeos y otros por hacer esto", reconoció Clinton en declaraciones a la nueva cadena de televisión MSNBC, y si bien señaló que la Helms-Burton le daba ``tres o cuatro opciones diferentes'', que no precisó, insistió en que "debo hacer aquello que en mi opinión corresponde al interés nacional de Estados Unidos, y lo que tiene más posibilidades de llevar la democracia a Cuba"
Al anunciar la decisión adoptada por los cancilleres de los quince países de la UE, el comisario europeo de Comercio, Leon Brittan, manifestó que "la profunda y duradera relación de amistad con Estados Unidos no significa que renunciemos anuestro derecho a defendernos".
Entre las medidas figura insistir ante la OMC para la creación de un panel o tribunal que estudie la legalidad de las medidas estadunidenses.
Otro punto prevé la introducción de cambios en los procedimientos para regular la entrada en el territorio de la UE de los representantes de empresas estadunidenses, lo que significaría exigirles un visado de entrada.
Además, los Quince modificarán la legislación comunitaria para "neutralizar los efectos de extraterritorialidad de la legislación estadunidense".
El cuarto y último punto contempla la elaboración de una lista negra de empresas de Estados Unidos que utilicen la ley HelmsÐBurton para reclamar indemnizaciones a las firmas europeas con intereses en bienes expropiados en Cuba. A los ejecutivos de estas firmas estadunindeses se les aplicarán restricciones de ingreso a las naciones que integran la UE, mientras las firmas estadunidenses podrían ser sujetas a confiscaciones de sus bienes en Europa.
Con este programa de represalias "sólo se intenta proteger a los países comunitarios de una legislación injusta e indiscriminada", sostuvo Brittan, quien aclaró que "todos tenemos nuestras ideas sobre Cuba, pero golpear a tus aliados no es la mejor manera de cambiar la situación de la isla".
Aunque no se fijó un calendario para aplicar estas medidas, Brittan dijo que se continuará trabajando sobre las mismas, para luego enviarlas a discusión en el comité de embajadores de la UE; mientras, el canciller español, Abel Matutes, advirtió que Madrid podría aprobar medidas unilaterales, además de seguir la ``acción coordinada'' con la UE.
Poco antes de conocerse las cuatro vías de acción de la Unión Europea, el vocero de la Casa Blanca, Mike McCurry, pidió a los aliados europeos sumarse "a nosotros en el esfuerzo de confinar al comunismo cubano a donde pertenece, al basurero de la historia".
En un breve comunicado, los ministros de la UE también llamaron al presidente Clinton ``a dejar sin efecto el apartado tres'' de la Helms-Burton, cuyo título oficial es el de Acta de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, y expresaron su preocupación por las ``medidas aprobadas en la sección cuarta''.
Entre dos fuegos
Clinton debe anunciar antes de la medianoche de este martes si suspende o no por seis meses la entrada en vigor del Título III de la Helms-Burton, ley que aprobó en marzo pasado tras el derribo de dos avionetas anticastristas por cazas cubanos.
Pero aún cuando el mandatario demócrata hiciera uso de la normativa que le permite suspender la entrada en vigor del Título III por razones de seguridad nacional, lo que fuentes comunitarias consideran poco probable, existe otro título, el IV, que permite negar la visa de ingreso a Estados Unidos a los directivos de empresas que inviertan en propiedades confiscadas en la isla.
El Departamento de Estado ya inició la semana pasada acciones legales contra la compañía minera canadiense Sherrit, al notificar a nueve de sus ejecutivos que ellos y sus familias tiene vedado el ingreso a Estados Unidos, mientras ya han recibido o van a recibir advertencias similares otras compañías, como la española SolMeliá y la italiana Stet.
Analistas políticos locales e internacionales pronostican que a pesar del rechazo de sus principales aliados y el peligro de una confrontación comercial, Clinton optará por permitir la entrada en vigor de la polémica cláusula para no perjudicar sus posibilidades electorales.
Votos de estados como Florida y Nueva Jersey, con una numerosa comunidad de origen cubano, pueden decidir una victoria en las presidenciales de noviembre.
La comunidad cubana anticastrista,concentrada en Miami, insistió en que repudiará cualquier decisión que flexibilice la Helms-Burton, porque el Título III no puede ser pospuesto "para ayudar a inversionistas inmorales ", según la legisladora republicana por Florida, Ileana Ros Lehtinen.
Sin embargo, la comunidad empresarial de Estados Unidos ha dejado saber que se opone al Título III por considerar que es contraria a los intereses comercialesy nacionales.
Varias de las principales empresas estadunidenses nacionalizadas por el gobierno cubano han enviado representantes a La Habana para manifestar su ``interés básico'' en volver a hacer negocios con Cuba una vez levantado el bloqueo, dijeron fuentes oficiales citadas hoy por la agencia cubana Prensa Latina.
La Habana sostiene que las expropiaciones se efectuaron de acuerdo con las leyes internacionales, y que si esas y otras compañías no fueron indemnizadas se debió a impedimentos legales de Washington, en particular el embargo impuesto en 1962.