La permanencia de Roberto Madrazo en la gubernatura de Tabasco una de nuestras mayores vergenzas nacionales genera reflexiones de diversa índole, pero más allá de consideraciones legales y de los caminos que pueda tomar la querella perredista y social contra el dispendioso personaje, hay un aspecto de cuya importancia no parece percatarse el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, o bien pretende soslayarlo.

Se trata del impacto que el caso Tabasco tiene en la credibilidad del Presidente y de su gobierno. Al margen de indignaciones y resentimientos, las exoneraciones y espaldarazos a Madrazo desacreditan el discurso gubernamental, enfrentan la palabra al hecho y deterioran la base de confianza imprescindible para gobernar en los tiempos difíciles a los cuales debe enfrentarse Ernesto Zedillo.

Así, merced al efecto Madrazo, casi cada pronunciamiento presidencial, de rasgos positivos por lo general, es posible confrontarlo con el llamado Tabascogate y el resultado es desfavorable. Por ejemplo:Si el mandatario habla contra el narcotráfico y el lavado de dinero, es obligado recordar que los fondos usados por Madrazo en su campaña comicial han sido relacionados con el blanqueo de dinero.

Si el Presidente censura los enconos y discordias, la condena no puede tomarse en serio después de que precisamente su visita a Tabasco agravó los que ahí ya existían.

Si habla contra la corrupción, vienen a la mente las aportaciones al fideicomiso del PRI tabasqueño hechas por Carlos Cabal Peniche, actualmente perseguido por una serie de delitos cuyo denominador común es la corrupción.

Si el Ejecutivo alude a la urgencia de concretar la reforma política, no es difícil recordar que el verdadero problema de México en materia electoral no es tanto de leyes cuanto de prácticas, y el caso de Madrazo es paradigmático porque a pesar de las pruebas acumuladas sobre sus gastos de campaña no se ha actuado en su contra, de donde se colige la inutilidad de leyes e instituciones si las unas no se aplican y las otras no funcionan.

Si el mandatario habla de la consolidación de México como un país de leyes, aflora el mismo razonamiento anteriormente citado. Ciertamente, las leyes ubican en el ámbito estatal la jurisdicción de los delitos comiciales de Madrazo, pero ante la imposibilidad de que el aún gobernador se enjuicie a sí mismo pues a esto equivaldría suponer que la procuraduría tabasqueña lo hiciera, el Constituyente previó las instancias y las formas de actuar contra quien estuviera en esa situación.

Conviene acotar que la exoneración de las autoridades estatales a Madrazo, determinada el sábado 6 de julio, se produjo con la obvia y colateral intención de reducir las posibilidades del líder tabasqueño Andrés Manuel López Obrador para alcanzar la presidencia nacional de su partido, el PRD. Vana pretensión. Cuando escribo estas líneas todavía no es posible tener resultados definitorios de la elección partidaria sin precedente en el país, pero seguramente cuando el lector las lea, ya se tendrán datos firmes sobre su triunfo que, para muchos, era seguro desde meses atrás.

De vuelta a nuestro tema central, ejemplos de cómo el caso Tabasco pone en evidencia el discurso del gobierno y erosiona la credibilidad del Presidente podrían multiplicarse, pero los apuntados bastan para sustentar tal afirmación. No obstante, el mandatario ha tomado partido por Madrazo debido a razones poco claras, aunque muy probablemente relacionadas con el deseo de complacer a los sectores duros del PRI, aquellos que pretenden llegar al nuevo milenio con usanzas de mitad de este siglo, sin percatarse de los nuevos tiempos a los cuales el PRI deberá adaptarse renunciando a viejos e ilegítimos privilegios, so pena de ser arrollado por los vientos democráticos que ya han comenzado a soplar.

En otras palabras, el Presidente está siendo presionado y él lo permitepor las fuerzas priístas más negativas, y en relación con Tabasco ha determinado sus acciones con arreglo a las querencias de éstas. Esa parece ser la explicación más racional a su conducta, pues a estas alturas sería aberrante estar convencido de que a Madrazo le asiste la razón. Como quiera que fuere, nada puede eximir al Ejecutivo de su responsabilidad política en el caso Tabasco, menos aún si sus acciones respaldan al todavía gobernador. Y mientras ese estatus siga vigente, el efecto Madrazo continuará erosionando la credibilidad y desgastando la imagen del Presidente y su gobierno. Y esto, visto incluso desde la perspectiva gubernamental, es un precio demasiado alto para el Tabascogate.

Por vacaciones, este articulista suspenderá dos semanas sus colaboraciones. Digo, por si alguien notara la ausencia.