La incursión militar en Hidalgo, la mayor en 10 años: grupos campesinos

Alonso Urrutia, enviado, Huautla, Hgo., 13 de julio Hace diez años que el Ejército no entraba con tanta fuerza a la Huasteca. Entonces vino a defender caciques. Hoy regresa a perseguir guerrilleros de un presunto grupo armado.

Es una década de un ciclo en que se ha profundizado la marginación, pobreza, abandono y represión. Una historia violenta regada por casi 150 muertes de campesinos, y en la que la lucha agraria arropada en el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ) se ha radicalizado y destaca entre el cúmulo de organizaciones que han brotado desde entonces.

Retén militar en la carretera Huejutla-Huatla, en
el estado de Hidalgo. Foto: Ernesto Ramírez

La lucha por la tierra en la Husteca va más allá del enfrentamiento con caciques, pistoleros, pues tiene también como factor central a la militarización. La pobreza extrema que caracteriza a la región, la identificación de las corporaciones policiacas con los intereses económicos de cacicazgos y la asistencia de organizaciones independientes que han resistido la infiltración gubernamental, son factores que alientan una presencia militar constante.

En los últimos dos años el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro reporta como saldo 45 denuncias por violaciones graves a garantías individuales. Desde asesinatos, detenciones injustificadas hasta operativos policiacos para resguardar los intereses de los cacicazgos que aún prevalecen particularmente en la Huasteca veracruzana.

Carmen Pedrazzini, de aquel organismo, sostiene en un informe reciente sobre la situación en la Huasteca, luego de casi 20 años de lucha agraria y enfantizado particularmente en los últimos dos años, que:``La confrontación en el campo agrario y político no ha terminado, pero desde la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en este territorio ha sido igualmente importante el campo político-militar. Con el pretexto de buscar armas o narcotraficantes, la acción combinada del Ejército y la policía ha golpeado fuertemente a las comunidades indígenas, cuyos habitantes denuncian en la actualidad un clima de terror y hostilidad''.A su modo, con sus palabras, Vicente Hernández Hernández, autoridad de la comunidad denominada Tohuaco II, en la Huasteca hidalguense, dice que ``aquí no hay narcotraficantes, menos guerrilleros o armas. No tiene uno más que machetes, que es de rigor para el trabajo, pero hasta eso le han llegado a quitar a los compañeros, nosostros no aceptaríamos que sembraran droga y no tenemos para tener armas''.

Es un viejo que ha vivido toda la lucha desde que surgió la Organización Independiente de Pueblos Unidos de La Huasteca (OIPUH), en 1978, una de la más radicales de la región, pero también una de las más reprimidas. ``Hace diez años que no venía tanto Ejército. Entonces fue cuando terminamos la recuperación de tierras que tenían los caciques, pero ahora el Ejército vino con más y hasta trajo helicópteros, pero ahora sí no sabemos ni por qué''.

Aunque los patrullajes del Ejército en la Huasteca son constantes esta vez, dicen en las comunidades, han llegado muy lejos en el hostigamiento. ``No hay vereda por donde andar'', se queja un comunero de la comunidad 14 de Mayo.

Y es que el Ejército no sólo controla los principales accesos a las comunidades, sino que también la tropa se ha distribuido en las diversas veredas usadas por la población para desplazarse al monte, hacia sus tierras, bajo la certeza de que hay un grupo armado en la región. Por eso, desde que llegaron los soldados, algunas comunidades están prácticamente recluidas en los poblados o salen, sólo en grupos amplios para evitar los interrogatorios a que son sometidos cuando andan solos.

Antonio Martínez es otro comunero de Huautla que arremete contra el hostigamiento gubernamental. ``Nunca nos han dejado en paz'', asegura durante un alto en su jornada laboral. Es relativamente joven pero ya ha participado en buena parte de la lucha de la organización y de su memoria surgen historias de las numerosas veces que la autoridad ha llegado a la comunidad nomás a molestar''.La disputa por abanderar las causas agrarias en la Huasteca ha hecho proliferar a las organizaciones campesinas, situación que se ha acentuado más porque el gobierno ha impulsado otro tipo de ellas, para contrarrestar la influencia alcanzada por el FDOMEZ, creado en 1986.Sin embargo, algunos representantes del FDOMEZ advierten que en diez años la organización ha pagado ya una alta cuota de sangre, pues con insistencia se ha intentado descabezar al movimiento, sea mediante asesinatos o a través de los encarcelamientos. Por eso hace tiempo que en los tratos con el gobierno existen comisiones sin una cabeza visible y que cambian con mucha frecuencia.

Pedrazzini sostiene que en la región ``el campo de confrontación es de fondo agrario y político. La lucha por la tierra no se ha acabado, la represión contra los campesinos se sigue ejerciendo a través de Antorcha Campesina y los caciques. Estos, generalmente terratenientes y todos afiliados al PRI, tienen su propia policía: los pistoleros. Cuando la policía estatal interviene es sólo para servirlos''.

La violencia en la región es endémica. Los reportes del organismo dan cuenta de por lo menos 45 hechos en los últimos dos años. En ese lapso no sólo las organizaciones campesinas independientes han padecido la ``represión'', sino también otros grupos, como la orden de los jesuitas en Veracruz y los organismos de derechos humanos que se han visto envueltos en acciones gubernamentales de hostigamiento.

La orden jesuita registró una campaña en su contra a partir de marzo del año pasado, impulsada desde la gestión de Patricio Chirinos Calero e incluso por parte del gobierno federal. Las razones: asumir una posición ideológica ``sospechosa''.

La incursión del Ejército actualmente en la Huasteca si bien es la más organizada y con mayor número de efectivos que se ha efectuado en los últimos tiempos, no ha sido la más violenta que hayan registrado las comunidades indígenas en los últimos dos años.

El 29 de mayo de 1995 las comunidades de Ricardo Flores Magón, Doroteo Arango, Cuexontitla, Cececapa y Otlacamecatl, pertenecientes al municipio veracruzano de Benito Juárez, fueron agredidas por más de mil elementos de diversas corporaciones policiacas, que entonces fueron auxiliados por tres helicópteros para dispersar a los indígenas con gases lacrimógenos. El saldo fue 39 detenidos y, según el reporte de organismos de derechos humanos, también un hombre fue colgado y clavado.

En el municipio de Flores Magón se registró un nuevo operativo policiaco el 2 de junio de ese año, esta vez a solicitud del grupo de ganaderos, y que derivó en varias viviendas destrozadas y saqueadas, así como 34 campesinos detenidos. En la acción se desplegaron 400 elementos de la policía estatal.En Ixhuatlán la intervención policiaca derivó en la muerte del indígena Nicolás Hernández Hernández, y 19 más terminaron en la cárcel. La operación fue promovida por los ``caciques'' Tranquilino Hernández Reyna y René Monroy García.Los asesinatos de campesinos son hechos comunes en la Huasteca. Torturas y hasta tiro de gracia son la forma como termina la vida de algunos de ellos. Tal fue el caso de Gilbero Sánchez y Arturo Falcón, quienes fueron ultimados en la comunidad de San Gabriel, del municipio de Tezontepec.

Pese a la recurrencia de violaciones a las garantías individuales, la gestión de organismos oficiales de derechos humanos se ha caracterizado por la pasividad que se torna casi en complacencia en el caso de Veracruz. En ese estado la actuación de caciques amparados en las corporaciones policiacas se conjuga con la indiferencia de autoridades civiles y judiciales, lo que deriva en la impunidad.

Este es el marco de ``opresión y violencia en que se han ignorado y pisoteado los derechos humanos de los campesinos indígenas, los más marginados, así como los intereses y derechos de sus comunidades. Se han confundido comuneros con guerrilleros y demandantes de tierra con revoltosos, dando cabida a la muerte de campesinos'', concluye el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Por lo pronto, una vez más las comunidades nahuas de la Huasteca se encuentran ocupadas por el Ejército, que deja a su paso una estela de intimidación entre los campesinos.