Ante el juez, 4 detenidos niegan pertenecer al EPR

Maribel Gutiérrez, corresponsal, Acapulco, Gro., 13 de julio Cuatro campesinos originarios del municipio de Ahuacuotzingo, acusados como presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), negaron hoy pertenecer a esa organización, y denunciaron que agentes de la Policía Judicial del Estado, que los arrestaron el domingo 7 de julio en Coyuca de Benítez, los torturaron físicamente y los amenazaron de muerte para obligarlos a confesar su participación en ese grupo armado.

Cleofas Sánchez Ortega, Gonzalo Sánchez Mauricio, Pedro Barrios Sánchez y Gervasio Arce Gaspar, presentaron hoy su declaración preparatoria en el juzgado segundo de Distrito de esta ciudad, al que fueron consignados por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, porque según el parte informativo que dio a conocer el director de la Policía Judicial del Estado, Francisco Vargas Nájera, fueron detenidos portando un fusil AK-47 o cuerno de chivo y una pistola calibre .45, el 9 de julio en el poblado de Aguas Blancas.

Los cuatro inculpados negaron las imputaciones y los datos que difundió la PJE. Afirmaron que fueron detenidos el domingo 7 de de julio en la parada de autobuses de Coyuca de Benítez, a donde llegaron ese día en la mañana procedentes de Ahuacuotzingo, municipio de La Montaña, para buscar trabajo, porque en su lugar de origen no ha llovido.

Como a las 6 de la tarde, cuando se disponían a abordar un microbús para ir a Acapulco, porque en Coyuca no encontraron trabajo, fueron aprehendidos por cuatro judiciales, que ``por sospechosos'' los llevaron a la comandancia de la PJE.

Por separado, uno en cada habitación, los cuatro fueron torturados con toques eléctricos en el tórax, abdomen y los testículos, los sumergieron en cubetas y en una pileta con agua sucia, les pusieron bolsas de plástico en la cara y los golpearon para que confesaran que pertenecían al EPR, que habían asistido uniformados, encapuchados y armados al acto del 28 de junio en el vado de Aguas Blancas, y que el diputado local por el Partido de la Revolución Democrática y coordinador de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur, Ranferi Hernández Acevedo, los había invitado a incorporarse al grupo armado y les había dado 2 mil pesos a cada uno para los gastos de traslado a la sierra de Coyuca.

Los detenidos firmaron así sus respectivas declaraciones ministeriales, en la agencia del Ministerio Público Federal. Sin embargo, hoy afirmaron que no manifestaron nada, que firmaron la declaración que estaba elaborada previamente, obligados por las torturas y las amenazas de muerte que les hicieron los judiciales que los detuvieron, encabezados por el comandante Héctor Colín.

El secretario del juzgado dio fe de las lesiones que presentan los cuatro detenidos. La juez segunda de Distrito, Xóchitl Guido Guzmán, dictará en seis días el auto libertad o de formal prisión respectiva.

Cuatro acusados de rebelión

En el mismo juzgado, presentaron esta tarde una segunda declaración preparatoria los cuatro detenidos por el Ejército en la sierra de Coyuca, que fueron los primeros acusados de pertenecer al EPR.

Lorenzo Adame del Rosario, Jerónimo Adame Benítez, Domingo Ramiro Jiménez Sonora y Teodoro Juárez Sánchez, fueron consignados por el Ministerio Público Federal, primero, por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, y hoy por el delito de rebelión.

Como hace dos días, los cuatro ratificaron este día que asistieron al acto del 28 de junio en el vado de Aguas Blancas como parte del grupo armado, al que fueron reclutados por el capitán Aníbal, quien los llevó al cerro del Guajolote, en la sierra de Coyuca, dos días antes del acto en el vado de Aguas Blancas, y les prometió ayudar económicamente a sus familias.

Afirmaron que desconocen los objetivos políticos del EPR, que no escucharon el contenido del Manifiesto de Aguas Blancas leído en el acto del 28 de junio. Dijeron también que no recibieron ningún adiestramiento para derrocar al gobierno ni para atacar a autoridad alguna, ni para ejercer violencia o exigir alguna demanda, y que ingresaron al grupo armado sólo por el pago, que nunca recibieron.

Marcha por la libertad de líderes y campesinos

Raúl García, corresponsal, Chilpancingo, Gro. Unos 200 militantes del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional marcharon hoy para exigir la liberación de los cuatro líderes de esa organización, de Hilario Mesino Acosta, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y los ocho campesinos vinculados en procesos judiciales con el Ejército Popular Revolucionario, recluidos en Acapulco.

Los líderes Prócoro Valente Gil y Alfredo Barragán Rentería, dijeron durante el mitin frente al palacio de gobierno, fuertemente custodiado por policías antimotines, que los campesinos ``no son guerrilleros, sino chivos expiatorios que el gobierno de Angel Heladio Aguirre Rivero quiso disfrazar de subversivos''.

El FAC-MLN, señalaron, ha protestado dentro de los márgenes de la ley por que sus demandas sean considerados, pero en lugar del diálogo, se responde con la represión, con una declaración de guerra sucia a través del encarcelamiento, las torturas, desapariciones y hostigamientos en contra de nuestros militantes''.

Los militantes que el FAC-MLN considera ``presos políticos'' son Lino Hernández López, Pedro Nava Rodríguez y Adalberto Antonio González, de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG), así como Efraín Torres Fierro, del Consejo de Defensa Popular (CDP), detenidos el domingo 16 de junio después de desalojos policiacos en el ayuntamiento de Ahuacuotzingo, el palacio de gobierno y dos predios de Chilpancingo.

También Hilario Mesino Acosta, líder de la OCSS, acusado de sabotaje y motín y detenido el miércoles 3 de julio; Teodoro Juárez, Ramiro Jiménez, Lorenzo Adame y Jerónimo Adame, también de la OCSS; Cleofas Sánchez, Pedro Barrios, Gervasio Arce y Gonzalo Sánchez, de la OPCG. A los últimos ocho los acusan las autoridades federales y estatales de tener nexos con al EPR y sobre las fechas en que se les aprehendió existen contradicciones entre el gobierno y las organizaciones.

Laura Gómez Flores Visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se entrevistarán en el transcurso de la próxima semana con los cuatro presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario detenidos, para investigar sus quejas por violación de derechos humanos.

Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente del organismo, Jorge Madrazo Cuéllar, informó que Guerrero es la entidad con el mayor número de recomendaciones con ``incumplimiento negligente''.

Actualmente dijo, el caso de Aguas Blancas se encuentra parcialmente concluido, debido a que no se ha canalizado los recursos comprometidos a los municipios más pobres y no se ha logrado la reorganización de las corporaciones policiacas.

Hasta el momento, señaló que se sabe de cuatro quejas presentadas por miembros de la Organización Campesina Sierra del Sur, por violación de derechos humanos, ante lo cual se les visitará en los separos de la policía para contar con su declaración y tener conocimiento de la averiguación previa correspondiente.

Primero tenemos que averiguar acerca de su detención, independientemente de si son miembros o no del grupo que hizo su aparición el 28 de junio pasado. Posteriormente, procederemos a hacer las gestiones o recomendaciones pertinentes, indicó.

El funcionario precisó que en ningún momento la CNDH tomará en cuenta su presunta afiliación al EPR para aclarar las quejas presentadas y dar un resultado en fecha próxima.

Al cuestionarle sobre qué estados no han cumplido con las recomendaciones emitidas por el organismo, expresó: ``con incumplimiento negligente están Guerrero y Chihuahua''.

En el caso Aguas Blancas, la recomendación está parcialmente concluida, debido a que la canalización de recursos económicos a los municipios más pobres que están en torno al vado, Coyuca y Atoyac, no se ha hecho.

Tampoco se ha logrado en profundidad hacer la reorganización de las corporaciones policiacas de seguridad pública y judicial del estado de Guerrero, añadió.

Sobre la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que su presencia será un gran apoyo para su defensa en el país.

Finalmente, Madrazo Cuéllar reiteró que ya se hizo la denuncia ante la Procuraduría General de la República para que dé con los responsables de la transportación de mariguana en cajas con leyendas de la CNDH, y están a la espera de resultados.