No están suspendidas las garantías en el país: CNDH

Ismael Romero y David Carrizales, corresponsal El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Jorge Madrazo Cuéllar, afirmó ayer en Monterrey que no existe un Estado de excepción o de suspensión de garantías, las cuales están plenamente vigentes y deben ser respetadas por todos los órganos de gobierno, incluso al enfrentar el surgimiento de guerrillas.

Al mismo tiempo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) afirmó que las declaraciones de algunos de los detenidos a quienes se acusa de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) hacen presumir que existen graves irregularidades y violación de garantías constitucionales.

El ombudsman informó que la CNDH recibió cuatro quejas por violaciones a los derechos humanos durante los operativos efectuados en Guerrero para rastrear al EPR. La Comisión envió visitadores a esa entidad para atender las quejas y entrevistarse con los detenidos, además de solicitar a las autoridades las averiguaciones previas, hacer investigaciones para informarse sobre las aprehensiones y, si es el caso, hacer las recomendaciones pertinentes.

Madrazo Cuéllar, quien asistió como invitado especial al tercer informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, negó que se hayan suspendido las garantías individuales para afrontar el problema de Chiapas y Guerrero.

Puntualizó que éstas deben ser respetadas por los órganos de gobierno, las fuerzas armadas y las corporaciones policiacas. ``Lo que buscamos es fortalecer el Estado de derecho'', añadió.

La CNDH, apuntó Madrazo Cuéllar, insistirá ante el Congreso de la Unión y convocará a la sociedad civil y a los medios de información para que, en una corriente de opinión pública, obligue a las autoridades de Guerrero a cumplir plenamente con la recomendación emitida sobre el caso Aguas Blancas.

Reiteró que el gobierno encabezado por Angel Aguirre Rivero ``prácticamente no ha tocado'' el punto referente a la canalización de recursos económicos a los municipios de Coyuca de Benítez y Atoyac, cuya población vive en la pobreza extrema. Tampoco acató lo referente a la reorganización de las corporaciones policiacas.

Mientras, la CMDPDH afirmó que existen elementos para presumir violaciones a los derechos humanos en Guerrero, pues con base en la información de algunos periódicos existen dos versiones que son completamente distintas:

``Una, la oficial, narra que las personas fueron detenidas los días 8 y 9 de julio, en dos grupos distintos de cuatro. Según la información oficial, todos ellos reconocen ser miembros del EPR.

``Otra establece que las personas detenidas oficialmente el día 4 son miembros de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), que los ha reconocido como tales. Los parientes de los arrestados aseguran haber reportado la desaparición de éstos desde los días 3 y 4 de julio, es decir, cuatro y cinco días antes de lo declarado por la Defensa Nacional. De acuerdo con ésta última versión, el Ejército hizo las detenciones cuando los acusados trabajaban en el campo, y los tuvo presos antes de presentarlos a la autoridad civil. Todos afirman haber sido torturados.