No se resolverá el conflicto de Tila hasta que no se someta a grupos paramilitares: centro De las Casas

De la corresponsalía, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 12 de julio No se puede considerar finiquitado el problema de la zona norte del estado, pese al acuerdo de no agresión signado el 20 de julio en la comunidad de Usipá, municipio de Tila, dado que el grupo paramilitar Paz y Justicia que opera en la zona tiene una presencia y acciones mucho mayores en otras comunidades, subrayó en un boletín de prensa el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.El órgano del que forman parte miembros de la Diócesis de San Cristóbal, añade que el gobierno interino del estado intenta subsanar problemas de impartición de justicia con promesas de proyectos productivos. Sin embargo, grupos paramilitares como Paz y Justicia han estado coludidos con los cuerpos policiacos oficiales, por lo que la población afectada se ha organizado y respondido a las agresiones.

En respuesta, los cuerpos policiacos ha efectuado una campaña de detenciones arbitrarias e interrogatorios acompañados de torturas, como consta en documentación y denuncias que el Centro posee. En un boletín del 12 de julio, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas señala que en los hechos de hostigamiento, presión y amenazas ocurridos en la zona norte del estado sobre todo en Tila, Sabanilla, Tumbalá, y Salto de Agua por parte del grupo Paz y Justicia desde marzo de 1995, el gobierno interino no ha resuelto oportunamente la situación, dado que no se tienen resultados concretos.

``A los esfuerzos del gobierno del estado para lograr una reconciliación profunda en las comunidades, les ha rebasado su capacidad de interpretación al grado de intentar subsanar los problemas políticos y sociales con promesas de proyectos productivos, toneladas de Maseca y despensas, así como algunos implementos básicos para trabajo del campo y la vivienda (...) pero lo más urgente e indispensable es establecer el Estado de derecho, un sistema de impartición de justicia efectivo y real''.

Añaden que el Centro de Derechos Humanos tiene testimonios y otras pruebas de que la policía de Seguridad Pública del estado se han coludido con las bases priístas de la organización Paz y Justicia, que han continuado sus ataques a militantes perredistas.

``La situación llegó a tal extremo de intolerancia política, social y religiosa que ha habido ataques a catequistas católicos, que han sido motivo de expulsión de la comunidad. Igualmente se ha dado la destrucción y saqueo de templos y viviendas. Los ejidos Miguel Alemán, Masojá Jolnixtié y Usipá son los ejemplos más graves de esta situación.

``La negligencia de las autoridades estatales y municipales para resolver este problema ha llevado a los militantes del PRD a organizarse para responder a cualquier agresión hacia alguna comunidad mayoritariamente perredista, como son los anexos Masojá Shucjá y Yoxijá en el ejido Masojá Jolnixtié, agudizándose los conflictos al interior de las comunidades, como la detención arbitraria de Gabriela y Albino Jiménez y Arturo y Alfredo López Jiménez, quienes se encuentran en la agencia rural municipal de Panchuc Corosil, municipio de Tila, ocurrida el pasado 20 de junio''.El 19 de junio, en la comunidad Libertad segunda sección, fue detenido arbitrariamente el indígena Ricardo García Hernández. Detención hecha por miembros del Ejército Federal. ``Su testimonio indica que fue sometido a tortura por asfixia, posteriormente lo condujeron al Cereso Número Uno Cerro Hueco. En ese penal también se encuentran los hermanos Artemio y Alfredo Ramírez Torres, pobladores de Masojá Shucjá, detenidos arbitrariamente el 4 de julio''.

El 20 de julio se firmó un acuerdo de no agresión y apoyo mutuo entre los militantes perredistas y las bases priístas de la comunidad Usipá, donde estuvieron presentes el director general de Gobierno, dirigentes de los dos principales partidos políticos y una representación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.