Ninguno de los nuestros está preso, dice presunto mensaje del grupo armado

En el supuesto comunicado, el EPR se deslinda tanto de organizaciones delictivas como de personalidades políticas y ``grupos de poder gubernamental''

El denominado Ejército Popular Revolucionario (EPR) deslindó a los hasta ahora ocho detenidos, presentados por el Ejército Mexicano como miembros de esa organización, y negó que sus integrantes reciban sueldo alguno, como lo afirmó la Secretaría de la Defensa Nacional; pero al mismo tiempo reconoció la propiedad de las armas y equipo localizados en una cueva en Guerrero.

Elementos del Ejército Mexicano en el centro de
Tepetixtla. Foto: Karina Tejada

En un comunicado de prensa de la Comandancia General del EPR, dejado para La Jornada en el registro de un poste de alumbrado público en la colonia Juárez, firmado por el comandante José Arturo primer nombre que se conoce de esa organización, también da cuenta de la ``acción de propaganda armada'' realizada el pasado 8 de julio en la población de Teloloapan, donde repartieron el Manifiesto de Aguas Blancas y convocaron a la población a incorporarse a su lucha.La organización, aparecida el 28 de junio en el vado de Aguas Blancas durante una ceremonia por el primer aniversario de la matanza de 17 campesinos, niega que sus integrantes se hayan apoderado de dinero y pertenencias de la población, y aclara que ``el EPR se rige por un reglamento que sanciona cualquier infracción a sus normas''.

En el comunicado de ocho puntos se rechaza ``categóricamente'' cualquier relación con narcotraficantes, bandas de delincuentes y ``mucho menos con grupos de poder gubernamental'', y se deslinda de personajes democráticos u organizaciones sociales y políticas que siempre se han manifestado en los marcos constitucionales.

Se exige a los gobiernos federal y estatal no utilizar su existencia y accionar ``para seguir reprimiendo''.

Acerca de la detención de los presuntos miembros del EPR, se menciona que ``ninguno de nuestros combatientes ha sido capturado'', y aclara que las personas presentadas por la Secretaría de la Defensa el pasado 9 de julio son campesinos cuya desaparición había sido denunciada públicamente por sus familiares desde los días 3 y 4 del mes, mientras que los otros cuatro forman parte de la población civil y ``no tienen vinculación alguna con nuestro ejército''.

El comandante José Arturo hace un llamado a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para exigir al gobierno federal respeto irrestricto de las garantías individuales de la población campesina y la no comisión de crímenes de guerra.

Asimismo, exhorta a realizar ``la más amplia movilización política'' para evitar la militarización, represión, secuestro, tortura, encarcelamiento y asesinatos, así como exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de Ginebra en lo que se refiere al trato de la población civil en las zonas de conflicto.