Como ocurrió desde el comienzo de las negociaciones entre el gobierno federal y los cuatro partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, la integración del Instituto Federal Electoral (IFE), en particular la designación de su director, es uno de los puntos que detienen la parte final de la reforma electoral.

El otro tema aún no resuelto por completo es el financiamiento a los partidos, aunque en esta materia ya existe un principio de acuerdo. Se puede decir que ahora sólo es cuestión de porcentajes. En principio ya está aceptado que se mantenga el financiamiento público y que los partidos puedan, adicionalmente, obtener aportaciones privadas.

El acuerdo básico es que los recursos públicos representen 90 por ciento y 10 por ciento lo aporten particulares. Extraoficialmente ha trascendido que el partido que más se opone a esta proporción es el PAN, pues considera más conveniente que sean los militantes y simpatizantes los que sostengan la actividad partidista y que se reduzca la dependencia del erario público, pero que ese dinero se distribuya de manera transparente y equitativa.

En las negociaciones de la mesa de concertación organizada por la Secretaría de Gobernación, los representantes del PAN procuran que se modifiquen los porcentajes.El PRD sostenía una posición contraria; sin embargo, ya aceptó el financiamiento particular, a condición de que sea mínimo. Al parecer el PT tiene una opinión semejante y el PRI se mantiene a la expectativa, con el argumento de que puede desenvolverse con igual eficacia en ambos terrenos.

En resumen, las posiciones se han acercado y los enterados consideran que el consenso en este punto no está muy lejano.

No ocurre lo mismo en lo que respecta a la integración del IFE. Todavía hay diferencias acerca la presencia de representantes de las cámaras de Diputados y de Senadores, pero sobre todo en lo que se refiere al principal cargo ejecutivo, el de director general.

En este caso el PRI ha mostrado abiertamente su inconformidad, pues los partidos de oposición quieren que al director lo elijan los consejeros ciudadanos. Los priístas sostienen que si a los mencionados consejeros los eligen mediante votación calificada de la Cámara de Diputados, al presidente del IFE se le debe nombrar por lo menos en iguales condiciones.

El Senado seguirá igual

Los partidos minoritarios han acusado a la representación priísta de tratar de mantener el derecho de veto, a lo cual los comisionados del PRI responden que también podría decirse que se trata de un veto de las minorías, pues que ya se sabe que en ninguna circunstancia un solo partido puede reunir 60 por ciento de los votos de la Cámara de Diputados.

Entonces, para elegir a los consejeros y al presidente del máximo órgano electoral se requiere del acuerdo previo de por lo menos dos partidos y así se evitaría la temida dependencia del IFE respecto del gobierno.Pese a lo que parecen posiciones muy distantes, en los altos niveles del gobierno y del Congreso existe confianza en que finalmente se llegará a acuerdos que permitan convocar al tan anunciado periodo extraordinario de sesiones en este mes.

Una vez que termine esta ronda de negociaciones en Gobernación, las conversaciones volverán a las cámaras, aunque de hecho no se han suspendido, pues siguen los contactos entre los coordinadores de las fracciones parlamentarias para tratar de adelantar el trabajo que les corresponde. En ese terreno, uno de los puntos que últimamente han vuelto a la mesa de negociaciones es la integración de las dos cámaras, particularmente la de Senadores, donde la oposición también busca mecanismos para romper el aplastante dominio del PRI.Sin embargo, se puede adelantar que no habrá cambio en el número de senadores y se mantendrá la actual representación de cuatro por estado. Uno de los actores directos de las negociaciones sentenció: ``El número de senadores o de diputados podrá aumentar pero nunca disminuir. Nadie lo aceptaría''.

Otro partido desea nacer

Mientras, el IFE continúa su trabajo normal, a riesgo de que después tenga que modificarlo cuando se definan los posibles cambios en su estructura.

El máximo órgano electoral se reunirá hoy en una sesión ordinaria en la que, entre otros asuntos, tratará la solicitud de una organización denominada Partido de la Sociedad Nacionalista que desea obtener el registro definitivo. Según lo estipulado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) el Consejo General del IFE tiene que integrar una comisión que se encargue de dictaminar si procede o no aceptar la solicitud.

Los requisitos para obtener el registro definitivo son más numerosos que para lograr el registro condicionado, ya que se deben presentar pruebas de que se tienen presencia y militantes en la mayor parte de la República. En sesión anterior, el Consejo General rechazó las solicitudes de partidos con antecedentes políticos y electorales a nivel nacional, como el PPS y el PDM, y por ello se estima que existen pocas posibilidades de que prospere la petición de otro instituto menos conocido.

Uno de los puntos que puede resultar más discutido en esta sesión del IFE es la reforma de los procedimientos mediante los cuales los partidos deben presentar sus informes anuales y de campaña. Por la mecánica de trabajo en ese organismo electoral, es de suponerse que en la reunión de hoy sólo se entregarán las propuestas del Consejo General para que los partidos políticos hagan posteriormente sus comentarios, pero el tema es conflictivo, pues las organizaciones políticas no desean intromisiones en sus asuntos internos.

Lo que seguramente se aprobará es una propuesta del Consejo General para que se realice una auditoría externa a las finanzas del IFE a partir del ejercicio correspondiente a 1997. Esta sugerencia responde a muchas demandas de conocer el destino de los recursos que se le entregan al IFE, que se supone son muy cuantiosos.

La cosecha

Acosado por las críticas de que ``protegió'' al gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, de las acusaciones sobre gasto excesivo en su campaña electoral, el procurador de Justicia de ese estado, Andrés Madrigal Sánchez, dio una entrevista para explicar por qué dio por concluido el caso. Aseguró que la averiguación se cerró porque el exceso de gastos en la campaña no se considera delito en las leyes del estado. El funcionario sostuvo además que no actuó como empleado del gobernador porque no lo es. Recordó que su nombramiento lo aprobó el Congreso local a propuesta de organizaciones sociales, lo cual lo hace ``responsable no con personas, sino con instituciones y con el pueblo de Tabasco''... El gobierno de Morelos anunció que se restructurará la Procuraduría de Justicia del estado a fin de responder con mayor efectividad al incremento de la delincuencia. El cambio consiste en la creación de tres subprocuradurías regionales, que actuarán en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. Paralelamente, sigue la depuración de la policía estatal. Hasta la fecha han sido cesados 47 comandantes de la Policía Judicial que no reunieron los requisitos de conocimientos, aptitud y personalidad... La diputada Cecilia Romero Castillo, que anteriormente fue secretaria general del PAN a nivel nacional, encabeza con el mismo cargo el equipo de trabajo del recién reelegido presidente de Acción Nacional en el Distrito Federal, Gonzalo Altamirano Dimas.