Salidas políticas a problemas judiciales
Entretelones de la reforma

A primera vista parece un contrasentido. Ernesto Zedillo admite que existe una crisis de confianza en el sistema de justicia, y por otro lado el gobierno federal alienta la exoneración de Rubén Figueroa Alcocer y de Roberto Madrazo Pintado. Más aún: el Presidente pide valor civil para denunciar los actos de corrupción y, simultáneamente, el abogado y presunto asesor presidencial Fernando Gómez Mont crea puentes políticos entre el gobierno federal y la defensa para modificar la suerte de Raúl Salinas.

En el primer caso, el del carpetazo a los escándalos provocados en torno a Rubén Figueroa y Roberto Madrazo, existe una hipótesis que, por la naturaleza de otros eventos asociados, parece explicar la razón por la que Zedillo viajó a Tabasco en días pasados y se cancelaron las investigaciones sobre los conflictos guerrerense y tabasqueño.

Debe recordarse, como eje central del asunto, que una de las primeras promesas presidenciales y que tanto dentro del territorio mexicano como en el extranjero es observada como pocos eventos del gobierno zedillista es la reforma política o reforma electoral. Si se quiere profundizar pueden consultarse recientes entrevistas a medios extranjeros, canadienses y españoles, en las que Zedillo expuso que sin una reforma política definitiva carecería de sentido o fracasaría la recuperación económica.

En realidad la reforma electoral es para el gobierno de Ernesto Zedillo uno de sus principales objetivos, al extremo de que ha motivado no pocos cambios en la primera línea del gabinete. Y no es un secreto que el principal obstáculo para dicha reforma lo han constituido los sectores duros del PRI: esa ancha franja de priístas que algunos conocen como dinosaurios y otros como nomenklatura.

Pues bien, la urgencia presidencial por sacar adelante la reforma política habría originado un cambio de señales desde el primer círculo, que orientó al carpetazo de los casos de Rubén Figueroa y Roberto Madrazo, quienes finalmente fueron exonerados: el primero, del asesinato colectivo de campesinos en Aguas Blancas, y el segundo, del escandaloso gasto de la campaña que lo hizo gobernador.

En abono de lo anterior, deben verse con cuidado los recientes movimientos realizados en la estructura gubernamental. Dionicio Pérez Jácome, el experimentado priísta y una de las piezas fundamentales del ex secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, fue llevado a la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno Federal, un cargo de alto rango que posiciona a ese grupo en los primeros círculos.

Pero, además, otro probado priísta, Rafael Rodríguez Barrera, ex secretario de la Reforma Agraria y ex secretario general del PRI, fue regresado de la representación diplomática de Israel para hacerse cargo de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación. Y por si fuera poco también fue reincorporada la ex gobernadora de Yucatán Dulce María Sauri Riancho.

Los carpetazos de Guerrero y Tabasco y los nuevos nombramientos dejan ver un reacomodo entre las fuerzas priístas, en el que los duros o dinos reciben la garantía de ya no ser perseguidos, mientras que otros son incorporados a la administración, todo a cambio de no obstaculizar la reforma política. Por eso la seguridad gubernamental reciente de que sí habrá reforma electoral.

El segundo caso, el de la febril actividad política y jurídica que ha desplegado el panista Fernando Gómez Mont, siempre en torno al gobierno y a los Salinas de Gortari, tiene también su explicación: Gómez Mont intenta hacer valer sus buenos oficios con los primeros círculos del poder para modificar la acción penal contra Raúl Salinas. En contacto directo con Carlos Salinas y con el procurador Antonio Lozano Gracia y siempre dejando fuera al fiscal especial Pablo Chapa, Gómez Mont parece negociar una salida política para Raúl.

Efectivamente, existe una crisis de confianza en el sistema de impartición de justicia, pero uno de los catalizadores de esa falta de credibilidad son las salidas políticas a problemas legales.