Aparecieron los fantasmas. Según informe oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron detenidas las primeras personas vinculadas con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el grupo armado que apareció en Guerrero, en el vado de Aguas Blancas, precisamente la fecha del primer aniversario de la matanza de campesinos a manos de agentes policiacos.Pero, como siempre, se trata de lo que podría llamarse carne de cañón, de gente que tiene los rangos inferiores dentro de ese grupo recién aparecido. Son personas de escasa preparación y limitados recursos económicos que creyeron que con el ingreso a la supuesta organización guerrillera podría mejorar su situación personal y la de los suyos.

También conforme a lo revelado por la Sedena a partir de las declaraciones de los primeros detenidos, el EPR fue formado en fechas muy recientes, al contrario de otras organizaciones como, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que opera en Chiapas y que, según todos los testimonios, tenía un trabajo de base de por lo menos diez años antes de que hiciera su aparición como grupo armado el primer día de 1994.Ahora lo que falta es conocer quiénes son los que integran los mandos y a qué intereses responden, pues por los primeros informes dados a conocer por las fuerzas armadas no hay indicios de que este grupo guerrerense tenga ni lejanamente una organización que le pueda acercar a la categoría de ``ejército popular'', pues no tiene el respaldo de los vecinos de la zona en que opera.

Hay sospechas de que el EPR fue preparado a toda prisa para responder a ciertos intereses que todavía no son bien conocidos, y esto es lo que se tiene que aclarar. Las primeras aprehensiones pueden ser el hilo conductor que lleve a los organizadores. Ojalá que no ocurra como con los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio o de José Francisco Ruiz Massieu, en torno a los cuales hay más dudas ahora que al inicio de las investigaciones.

Fin a la fuerza aérea laboral

El tráfico de influencias y la contratación de aviadores personas que cobran, pero no trabajan por funcionarios públicos podría ser motivo para que se expulse a estos últimos del PRI. También estará sancionado el desvío de recursos del Estado para actividades partidarias.

Los castigos del PRI a quienes incurran en esos ilícitos son independientes de los que les impongan las autoridades. Es decir, la sanción de carácter partidista no salvará a los responsables de irregularidades de responder ante los jueces.Las propuestas están contenidas en el Código de Etica que propuso la dirigencia nacional que preside Santiago Oñate Laborde para que se aprueben en la 17 Asamblea Nacional del PRI, programada del 20 al 22 de septiembre.

Para encauzar la parte final del debate en torno a la reforma interna del PRI, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) preparó una serie de documentos que fueron dados a conocer la semana anterior y, dentro de ese paquete, uno de los aspectos más novedosos es el mencionado Código de Etica y el fortalecimiento y mayor autonomía de la Comisión de Honor y Justicia, el organismo encargado de sancionar a los infractores.Pero no se trata sólo de aumentar sanciones. También se reafirman los derechos de los militantes, y para ello la actual dirigencia propuso crear una ``defensoría'' especial, que entre otras funciones recibirá informes anuales de los priístas promovidos a cargos de representación popular, con el fin de comprobar si su actuación se ajustó a su Declaración de Principios y, además, será la instancia encargada de pedir a los acusados de faltas al Código de Etica que presenten pruebas de descargo.

Falta la confirmación

Los documentos básicos para encauzar el debate interno recogen las demandas y propuestas de los militantes y de los sectores de ese partido durante las reuniones preparatorias efectuadas en los últimos meses. En los próximos días se hará entrega de los mismos, de manera formal, a los dirigentes de los sectores.

Este proceso empezará este jueves con el Pleno Nacional Ordinario del sector popular, que está en proceso de reconvertirse de Frente Nacional de Organizaciones y Ciudadanos (FNOC), como se denomina actualmente, en Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) como se conoció durante muchos años. El acto de entrega de los documentos se efectuará en el auditorio Plutarco Elías Calles del PRI, y será encabezado por Santiago Oñate y el dirigente del sector popular, senador Carlos Jiménez Macías.

Los conocedores dicen que las propuestas del sector popular fueron recogidas en un 50 por ciento por estos documentos finales. En apariencia se trata de un logro muy importante, pero los militantes del sector popular no lo consideran suficiente y todavía pugnarán por que se acepten sus otras recomendaciones para lograr una verdadera transformación que consolide los sistemas democráticos dentro de su partido y que los proyecte luego a nivel nacional.

Jiménez Macías ha declarado abiertamente que ésta debe ser una reforma real y profunda, y no sólo un ejercicio de engaño con cambios aparentes para que todo siga igual. ``Ya no tendremos otra oportunidad. Si no hacemos cambios profundos, dejaremos de ser el partido mayoritario'', advirtió el dirigente del sector popular, quien se propone llegar con esta seguridad tanto a la ceremonia de mañana como a la Asamblea Nacional.

La cosecha

El presidente Ernesto Zedillo encabezará hoy en Los Pinos el acto principal del Día Mundial de la Población, durante el cual el secretario general del Consejo Nacional de Población, José Gómez de León, presentará el Primer Informe de Avances del Programa Nacional de Población 1995-2000. En este documento se hace referencia a fenómenos como el de la concentración de los habitantes del país en las cuatro principales zonas metropolitanas: Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Uno de cada cuatro mexicanos vive en esas urbes... Temas de gran actualidad como el tipificar delitos como sabotaje, fraude y espionaje cometidos con el uso de herramientas electrónicas; el valor probatorio de documentos electrónicos en procesos administrativos y judiciales, y la protección de la confidencialidad de la información personal y de la estratégica del sector público o de las empresas, serán la parte central de los Foros de Consulta sobre Derechos e Informática que preparan el Comité de Biblioteca e Informática y la Comisión Especial de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). El primer foro tendrá como sede Monterrey, el primero de agosto; el segundo se efectuará en Guadalajara el día 3; el tercero en Tijuana el día 8; el cuarto en Puebla, y el quinto en esta capital.