Por conveniencia, Washington presionó para no incluir el tema en el TLC, dice el especialista

David Aponte y Jorge Alberto Cornejo, corresponsal El gobierno de Estados Unidos no acepta la idea de un acuerdo sobre migración laboral con México, porque los flujos de trabajadores indocumentados le ahorran ''miles de millones de dólares al año''. Cuando es necesario, Washington mantiene interés por obtener mano de obra barata, opina el presidente de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Jorge A. Bustamante.

Por ese motivo, Estados Unidos presionó a sus contrapartes de México y Canadá para excluir de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) el tema de la migración laboral, considera.

El doctor, quien por más de 20 años ha trabajado en el tema, propone el establecimiento de un acuerdo formal sobre migración laboral entre México y Estados Unidos que regule el número de trabajadores mexicanos, sus condiciones laborales y salariales.

Desde 1965 terminaron los llamados Convenios Braceros, que permitían una administración binacional del reclutamiento y la contratación de jornaleros mexicanos para laborar en Estados Unidos. A partir de entonces, la demanda de mano de obra ha crecido no sólo para las actividades del campo, sino también las manufactureras y servicios en territorio estadunidense.

En la actualidad, no existe un nuevo acuerdo o arreglo internacional que permita regular el flujo de trabajadores migratorios de manera adecuada. La falta de un entendimiento de esta naturaleza coloca a los indocumentados en una situación de vulnerabilidad y en objetos de abusos laborales y de violaciones a sus derechos humanos.

De acuerdo con el Colef, anualmente un millón de mexicanos buscan ingresar a Estados Unidos para trabajar en la agricultura. Por otra parte, los agricultores de California demandan 500 mil trabajadores temporales para atender sus cosechas, solicitud que no ha sido atendida por el gobierno federal estadunidense.

Tan sólo la Unión de Productores Agrícolas del condado de San Diego ha solicitado al Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) la expedición de la forma migratoria H2A, para el ingreso temporal de 100 mil jornaleros mexicanos que irían a laborar a las cosechas de 1996.

En un amplio estudio denominado Migración de México a Estados Unidos: un enfoque sociológico, el doctor Bustamante habla de la elaboración de un diagnóstico que permita determinar los costos y beneficios de la migración laboral de nuestro país hacia territorio estadunidense.

Los resultados del estudio deben estimular un aumento en la conciencia acerca de la realidad de la migración y estimular un consenso entre ambos países para la negociación de un acuerdo bilateral sobre migración laboral, señala.

Actualmente, analistas mexicanos y estadunidenses en la materia realizan un estudio binacional, encargado por los gobiernos de México y Estados Unidos.

Bustamente expone que en la historia de la migración de un país a otro sobresale el interés de Estados Unidos por obtener mano de obra barata. Las autoridades estadunidenses han mostrado ''un apetito insaciable por la mano de obra mexicana'', de acuerdo con sus necesidades y épocas económicas.

''Pero esta demanda de algo que se busca en el extranjero se tiene que satisfacer en sus propios términos unilaterales, con lo cual está ejerciendo la asimetría de poder que guarda respecto del país de donde la extrae, de facto, la mano de obra barata'', indica.

El investigador explica que la última expresión de tal poder se encuentra en la decisión unilateral de excluir a la migración laboral de la mesa de negociaciones del TLC. Así, el nivel de apoyo que el gobierno de Estados Unidos ha dado al acceso irrestricto de sus empleadores a la mano de obra mexicana, lo ha llevado a mantener el status quo respecto a su definición oficial de que la migración indocumentada es un problema de delincuencia y de administración de la ley.

La definición de Estados Unidos tiene la función de producir ahorros a la economía de ese país, por las diferencias entre el salario y prestaciones que recibe un indocumentado mexicano y el que percibe un ciudadano estadunidense, comenta.

''La ecuación que sugiere esta hipótesis podría resultar en varios miles de millones de dólares al año. Esto sería equivalente al costo probable que le representaría a la economía de Estados Unidos, en diferencias salariales, una legalización resultante de una negociación bilateral en la que fueran regulados los números de trabajadores migratorios mexicanos y sus condiciones laborales y salariales'', señala.

En su análisis, agrega que tratar el asunto como un fenómeno laboral conduciría a las autoridades estadunidenses a la mesa de negociaciones con México y esto llevaría a un ''encarecimiento'' de esa mano de obra que ahora abaratan con el trato de criminal.

El doctor concluye que lo anterior sugiere que el gobierno de México (la cancillería) deberá formular una propuesta en la cual señale que la migración indocumentada es una cuestión laboral y de derechos humanos, y que se debe negociar en forma bilateral a fondo y a largo plazo.