Militarizan la capital de Honduras y San Pedro Sula, ante la ola de violencia

Reuter, Efe y Ap, Tegucigalpa, 5 de julio Más de 2 mil soldados fueron desplegados este viernes en esta capital y en San Pedro Sula, las dos principales ciudades de Honduras, para tratar de frenar la creciente ola de secuestros y violencia delictiva que afecta al país centroamericano.

El jefe de las fuerzas armadas hondureñas, general Mario Hung, reconoció que la escalada de violencia comienza a rebasar la capacidad de la policía, e indicó que la fuerza pública deberá ser reforzada con tropas para restituir la tranquilidad.

Precisó que aunque los patrullajes militares, que durarán un tiempo indefinido, se concentrarán en San Pedro Sula y Tegucigalpa, no se descuidará la vigilancia en el resto de las ciudades, donde también ha aumentado la violencia en los últimos años.

En la capital, donde fueron enviados cerca de mil 200 efectivos del ejército, comenzó desde las seis de la mañana una amplia movilización militar, que incluyó a cientos de soldados armados con fusiles de asalto M-16. Al igual que el resto de Honduras, Tegucigalpa ha sido escenario de un creciente número de asaltos a bancos (por lo menos 20 en lo que va del año), al igual que de robos a establecimientos comerciales y residencias, sin contar los innumerables atracos a transeúntes ni los crímenes no esclarecidos.

En San Pedro Sula, 250 kilómetros al norte de la capital, donde por ahora fueron destacados 769 soldados, la situación no es muy diferente, pues en la ciudad, considerada la más peligrosa del país, además de los delitos convencionales el hampa ha perpetrado varios atentados con explosivos.

La intervención del ejército en estas ciudades, solicitada anteriormente por el Congreso, se produjo un día después del secuestro, en San Pedro Sula, de la hija de un importante empresario hondureño, por cuya liberación los captores exigen un rescate equivalente a 333 mil dólares.

Por otro lado, el presidente del Comité de Derechos Humanos, Ramón Custodio, denunció que ha recibido numerosas amenazas de muerte provenientes de ``los sectores poderosos''.

Además instó a tres oficiales prófugos -acusados de haber torturado y asesinado a seis estudiantes universitarios en 1982- a entregarse a las autoridades, tras considerar que en cualquier momento los militares podrían ser eliminados por sus propios compañeros de armas, ante el temor de resultar comprometidos por la información que pudieran proporcionar a las autoridades