La Jornada 6 de julio de 1996

Ya no aprobará la ARDF el Estatuto de Gobierno, como se había pactado

Víctor Ballinas y Alonso Urrutia La reforma política del Distrito Federal pactada en Bucareli puede no ir más. Será modificada. Los acuerdos alcanzados entre las diversas fuerzas políticas están sometidos a una nueva revisión al interior del Partido Revolucionario Institucional y el gobierno que limitarían los alcances de la reforma.

Con una reforma política aún incierta y entrampada a partir del retiro de algunos comprmisos pactados por el PRI, el marco legal que regirá en 1997 la elección del jefe de Gobierno todavía se debate en sus alcances. De entrada, el PRI ha retirado un punto que es fundamental para el PAN y PRD: las facultades de la Asamblea de Representantes del DF para elaborar el Estatuto de Gobierno, la ley electoral y otros preceptos.

Desde el pasado lunes, el PRI entregó a las principales fuerzas su nueva propuesta con el visto bueno del Ejecutivo Federal. El proyecto está sujeto a modificaciones que reducirán los alcances de la reforma, lo cual ya se vislumbraba desde las negociaciones en la Secretaría de Gobernación.

En la argumentación se incluye que, desde la visión del Senado, las atribuciones otorgadas a la Asamblea de Representantes son incompatibles con las facultades del Congreso de la Unión en una entidad federal.

Habrá limitaciones en relación con el proyecto original consensado: la Asamblea de Representantes del Distrito Federal no tendrá facultad para elaborar el Estatuto de Gobierno ni en la elaboración de la ley electoral local; tampoco se constituirán órganos electorales propios.

En el documento entregado a la oposición, que fija la nueva postura del PRI, donde se advierte un retroceso en los acuerdos, se puntualiza que ``la parte electoral debe revisarse porque la elección en el DF no es un asunto estrictamente de tipo local, sino que tiene repercusiones en el ámbito nacional.

``La elección del próximo gobernador en la ciudad tiene que ver con las instituciones y con el poder federal. No es una entidad sino que es territorio federal''.

Hay tres razones en la lógica del PRI para hacer la revisión: la elección de autoridades en el Distrito Federal no es un asunto local sino federal; se cuestiona que el órgano electoral local sea un ejemplo de imparcialidad que garantice también los resultados federales porque en este proceso confluyen elecciones locales y federales por primera vez en lo referente al Ejecutivo; la elección simultánea significa la constitución de dos órganos electorales alternos y ello implicará un costo que no se justifica ante los contribuyentes.

En reuniones al interior del Revolucionario Institucional trascendió que si no hay acuerdos sobre este último proyecto, se evaluará regresar a la reforma promovida por el ex regente Manuel Camacho: elección indirecta del jefe de gobierno.

Las indecisiones del PRI tienen sólo una razón tanto para el PAN como para el PRD: ``La posibilidad real de que pierda la elección del jefe de gobierno y la mayoría en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal'', señala el diputado perredista Javier González.

La diputada panista Carmen Segura indica: ``El PRI no ha sostenido sus compromisos. Acuerdos ya pactados tanto en las mesas del Distrito Federal como en las negociaciones en Gobernación ahora pretenden revertirse''.

El aspecto fundamental: la reducción de facultades a la ARDF que afectan principalmente a las atribuciones, ya consensadas, de aprobar el Estatuto de Gobierno, la ley electoral y de seguridad pública.

La desaparición de estas facultades no es un problema menor. ``La aprobación del Estatuto es fundamental, porque virtualmente es la Constitución de la ciudad y eso lo convertiría prácticamente en un Congreso local'' que podría no ser de mayoría priísta.

Segura Rangel señaló que, formalmente, la próxima semana el PRI habrá de entregar la postura definitiva en torno a la redacción de los acuerdos. ``Lo inconcebible es que ya se había dejado atrás la difícil etapa de negociación y sólo restaba la redacción del proyecto, antes de que el Partido Revolucionario Institucional revisara sus posturas''.

Javier González, diputado perredista que participa en la negociación de la reforma, indica: ``El escenario del PRI oscila entre abortar la reforma, para no arriesgar el gobierno de la ciudad por una desfavorable coyuntur económica o, bien, al asumir que pueden tener una derrota, debilitar al máximo al gobierno que emane de la elección mediante el sostenimiento del control legislativo fundamental en el Congreso de la Unión''.

Al igual que el PAN, el PRD evalúa que el mayor retroceso en los acuerdos que ya se tenían es lo referente a las facultades de la Asamblea de Representantes porque era una de las vías, junto con la elección directa del jefe del Distrito Federal, de dotar de un gobierno propio a la ciudad.

Sin embargo, advirtió: ``La reticencia de algunos sectores del PRI a la reforma ofrecida pone en entredicho al presidente (Ernesto Zedillo) porque fue quien la ofreció''. Un punto elemental para seguir negociando en la reforma es el respeto mínimo del PRI a los acuerdos ya pactados