Reforma electoral, promesa incumplida
La vigente, una ley imparcial y eficiente

No sólo fue tema de su campaña electoral. El 1 de diciembre de 1994, cuando tomó posesión como Presidente de México, se convirtió en una promesa. Semanas después, en medio de los primeros efectos de la crisis económica el 17 de enero de 1995, Ernesto Zedillo reunió a todos los dirigentes partidistas y anunció los acuerdos para la reforma político-electoral. El 1 de septiembre de ese mismo año, el Ejecutivo reiteró su interés por una reforma electoral definitiva, y en lo que va de 1996, remarcó dentro y fuera del territorio mexicano que se concretaría la nueva legislación electoral.

Más aún, debido a que no se concretó el nuevo ordenamiento y a que los partidos políticos abandonaron la mesa de negociación, hace casi un año cayó un secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, quien fue sustituido por Emilio Chuayffet. Y tantas cosas han ocurrido, que dos de los presidentes de las principales fuerzas políticas de entonces han cambiado, y el tercero, Porfirio Muñoz Ledo, está por concluir su gestión.Han pasado 20 meses, y ahora resulta que podría no haber reforma política. Por lo menos ese es el mensaje que parecieron dar 3 de julio tanto el presidente Ernesto Zedillo como el dirigente del PRI, Santiago Oñate Laborde, el presidente del Tribunal Federal Electoral, José Fernando Franco, y hasta el director del IFE, Agustín Ricoy. Todos, como si se tratara de una acción concertada, empezaron a justificar que el marco electoral vigente es imparcial y eficiente. Esto es, como queriendo decir no pasa nada si siempre no hay reforma electoral.

Y es que efectivamente no hay nada seguro, pese a las promesas presidenciales, pese a que Ernesto Zedillo ha insistido dentro y fuera del territorio nacional y apenas lo repitió ayer para la revista española Situaciones que la reforma económica carecería de sentido sin la reforma política.

Pero qué es lo que pasa con la reforma electoral?, quién se opone o la obtaculiza?Las mayores resistencias, paradójicamente, se encuentran en el mismo partido del Presidente. En el PRI, no son pocos, ni se trata de un grupo minoritario, quienes se oponen a una reforma electoral de fondo. No es nueva la existencia de un bloque de gobernadores que ven en riesgo no sólo los procesos electorales internos, sino el fin de los fabulosos negocios que desde el control político y electoral pueden realizar en sus entidades y, sobre todo, la garantía que adquieren al heredar a un priísta los puestos de elección popular.

El control político en los niveles municipal, estatal y federal, como se ha visto en el caso de los Salinas, es utilizado por el PRI, por los políticos y empresarios priístas, para el enriquecimiento y para afianzar esa red de complicidades que cada sexenio incrementa el número de potentados. Quienes en el PRI se oponen al cambio, son los detentadores de esa dualidad de poder político y económico, los duros, los que sustentan su vigencia en la antidemocracia y el fraude electoral.

Pero los obstáculos también se encuentran al interior del Partido Acción Nacional, cuyos dirigentes ven en el vigente ordenamiento electoral una garantía para un cambio de hombres, de partidos en el poder, y no una transformación real. El panismo de la última década ha crecido a la sombra del PRI, se ha incorporado al llamado sistema político y comparte el poder presidencial con el PRI. Pero además, y ante el creciente desgaste del priísmo, el PAN aspira al control de la Cámara de Diputados en 1997 y a la Presidenca en el año 2000. Y eso lo puede alcanzar con la legislación electoral vigente, que para el PRI y el gobierno es imparcial y eficiente. En realidad, al PAN no le interesa una nueva reforma electoral.

También en el PRD se cuecen habas. La existencia de dos corrientes, que por mucho tiempo se identificaron como dialoguistas y radicales, ha llevado a ese partido a una constante indefinición respecto a la postura que asumiría ese partido, una vez que en las próximas semanas elija a su nuevo presidente. Ya se sabe que el más seguro aspirante a ocupar la presidencia del PRD es Andrés Manuel López Obrador, y que si bien existen acuerdos para que una vez que asuma el cargo continúe con la reforma electoral, no se descarta que imponga nuevas condiciones.Pero el problema de fondo sigue siendo el gobierno federal, desde donde se envían mensajes contradictorios respecto a la reforma electoral y no se limpia el camino para un cambio real, de fondo. Y es que los operadores políticos del gobierno, más que trabajar para alcanzar dicha reforma, trabajan con los ojos puestos en el año 2000.