La aparición en Guerrero del Ejército Popular Revolucionario (EPR), ha sido recibida por el gobierno y los círculos privilegiados del poder económico con denuestos y simplificaciones. Son delincuentes comunes dicen unos, se ha violado la Ley de Explosivos y Armas de Fuego, afirma la Procuraduría General de la República. De admitir la sociedad el enfoque gubernamental, semejante al de los primeros días de 1994 cuando emergió el EZLN, se abrirían de par en par las puertas a un conflicto prolongado y a un baño de sangre y a represiones brutales en aquel estado. Esto contaminaría la política nacional y pondría en riesgo los esfuerzos de lo más consciente de la sociedad, del EZLN y de partidos y grupos de izquierda para impulsar la transición a la democracia.

En 1994, sólo la serenidad y firmeza de la sociedad, de las fuerzas políticas de la izquierda y del centro, y una activa e independiente opinión pública favorable a las soluciones políticas de los problemas contribuyeron de manera decisiva a conseguir el cese de fuego y a hacer posible que el gobierno y el EZLN abrieran el prolongado y difícil camino de la negociación. En febrero de 1995, el nuevo y traicionero intento del gobierno para imponer una solución militar en Chiapas y aplastar a los zapatistas en armas, fue detenido por la protesta pública y el reclamo de reiniciar el diálogo entre el gobierno y la representación zapatista.

Hoy ocurre algo diferente y sumamente grave en Guerrero. El gobierno está consiguiendo aislar al EPR, reducirlo a un problema de policía, de violación de la Ley federal de explosivos y armas de fuego. Casi sin protestas, y sin justificación legal clara, despliega varios miles de efectivos del ejército en la sierra de Guerrero para realizar labores de policía, perseguir, acosar, detener o exterminar a quienes a nombre del EPR armados, uniformados y encapuchados se presentaron el 28 de junio en el acto conmemorativo de la masacre en Aguas Blancas y dieron a conocer una proclama política.

El enfoque gubernamental de este problema es eminentemente policiaco. Elude y pretende que así lo admita la opinión pública y no lo que el grupo político militar en su manifiesto expresó en una posición política clara. Es inadmisible su idea de que la vía armada es la forma para enfrentar los problemas actuales del país. Desde 1994 franjas decisivas de la sociedad y las organizaciones de la democracia y la izquierda, han defendido el camino de la política como el único posible para alcanzar las grandes transformaciones que requiere el país. Pero lo que no se puede ignorar es que en el manifiesto del EPR, más allá de su estilo y algunas formulaciones desfasadas, propias de los movimientos guerrilleros del pasado, denuncia con justeza la política gubernamental y comparte los reclamos de democracia, justicia, libertad y vida digna para la gente, que son parte central de las demandas del movimiento democrático y pueden ser el eje de la gran convergencia de izquierda y democrática que, en buena hora, puede nacer tras las aproximaciones políticas que se dieron en el Foro por la Reforma del Estado convocado por el EZLN, que hoy concluye.

Debe lamentarse que un grupo de militantes políticos (hasta el momento no hay razones para calificarlos de otra manera, pese a las circunstancias y al momento de su aparición) se hayan visto orillados a tomar las armas para según su enfoque impulsar las transformaciones políticas del país. Pero las causas de esa determinación extrema hay que buscarlas en el sistema actual profundamente injusto, en la renuencia de los gobiernos priístas a la democracia, en las políticas económicas y sociales impulsadas en los últimos años por el bloque en el poder; en la ceguera de los gobernantes para advertir los atroces estragos de sus orientaciones en materia económica que llevan a millones mexicanos al borde de la desesperación; en el rechazo del grupo gobernante a otras opciones de estrategia económica (no hay más camino que el nuestro, el de la economía de mercado, dice el Presidente); en el apoyo del gobierno a los cacicazgos, en el menosprecio a las demandas populares; en fin, en las persecuciones y asesinatos como forma de aplastar la rebeldía de las víctimas de esas políticas y en la impunidad de pequeños sátrapas, todo lo cual tiene en Guerrero manifestaciones acentuadas.

El conflicto planteado por el EPR es político y sólo puede tener soluciones políticas. Pretender que la acción militar va a poner fin a conflictos generados por la política oficial es, repetimos, abrir las puertas a la violencia oficializada, a un baño de sangre, a un conflicto prolongado en ese estado, y a nuevos y graves riesgos para el país. Tales caminos, los de la política deben buscarlos el gobierno, el EPR, pero sobre todo la sociedad y los grupos y partidos de izquierda y democráticos. Aún es tiempo.