Indiferencia de autoridades hacia el expediente completo de la SCJN sobre Aguas Blancas: Juventino Castro

Jesús Aranda El ministro instructor del caso Aguas Blancas, Juventino Castro y Castro, señaló ayer que ni la Presidencia de la República ni la Procuraduría General de la República, como tampoco las autoridades del gobierno de Guerrero, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el expediente completo de la investigación sobre el asunto, y agregó que éstas sólo examinaron el dictamen para fijar su posición al respecto ``y no mostraron el menor interés por el expediente''.

En entrevista con La Jornada, realizada en sus oficinas, Castro y Castro dijo que para él la única explicación sobre la falta de interés de las autoridades federales y estatales en la investigación de la SCJN ``es la indiferencia''.

Respecto de la controvertida actuación de la SCJN en la investigación del caso Aguas Blancas y las repercusiones que tuvo el dictamen del máximo tribunal de justicia, uno de los dos ministros instructores del asunto el otro fue Humberto Román Palaciosaceptó que le ``intranquilizan'' las constantes preguntas de los representantes de los medios de comunicación sobre el procedimiento que debe seguirse en el caso.

``El Presidente fue quien solicitó la intervención de la SCJN y es quien tiene que informar que va a hacer con el dictamen de la corte'', dijo.

Condideró ``ilógico y penoso'' preguntarle a la SCJN sobre un asunto ``ajeno'' que inclusive significó para el máximo tribunal de justicia del país el designar dos ministros para llevar a cabo la investigación con la consiguiente afectación en el trabajo de pleno y las dos salas que integran la Suprema Corte.

Mucho le ayudará a la SCJN, insistió, que ``quien tenga que informar lo haga''.

Descartó que la corte pudiera criticar el que no se hubiera tomado en cuenta su recomendación, ``porque estaríamos en la misma situación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)'', además de que los ministros ``no tenemos el menor derecho de poner en ridículo a los otros dos poderes federales ni a los estados''.

Repecto del desinterés de las dependencias federales y estatales por conocer el expediente completo del caso Aguas Blancas, cabe mencionar que éste incluye documentación relativa a testimonios grabados con personas directamente involucradas, dictámenes periciales de balística, fotografía y video, el dictamen pericial de la lona de la camioneta que fue acribillada en el vado de Aguas Blancas y dictámenes técnicos de politólogos sobre la situación en Guerrero.

Así también, el análisis y conclusiones del estudio y expediente de la causa penal de la recomendación de la CNDH, entre otros.

Comentó, por otro lado, que en la visita que harán en los próximos días los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos se prevé una entrevista con ministros de la SCJN, en la que se hablará sobre el caso Aguas Blancas.

Sobre el particular, dijo que el máximo tribunal de justicia del país estará en condiciones de entregarle a los visitantes una copia del dictamen de los ministros, pero que de ninguna manera se les permitirá darle vista al expediente completo.

Explicó Castro y Castro que el dictamen de la SCJN no tiene carácter vinculatorio, por lo cual sus resoluciones no obligan a las autoridades federales y estatales a actuar en consecuencia.

Sin embargo, el ministro reconoció que sería conveniente que los legisladores se abocaran a la reglamentación del artículo 97 constitucional el cual fue invocado por el Presidente de la República para que la Suprema Corte investigara, para definir los alcances de los resolutivos de la SCJN en este tipo de asuntos.

Aquí dejó en claro que de realizarse la reglamentación del artículo 97 constitucional, ``habría que actuar con mucha prudencia'', porque sería muy grave que se le diera tanta fuerza a la Suprema Corte, como para ponerse encima de los otros poderes''.

Sería inaceptable romper el equilibrio de poderes, porque entonces sería un gobierno de jueces, con un poder tan grande que se convertiría en una dictadura de jueces, advirtió el magistrado.

Castro y Castro, quien ha sido criticado por ``aparecer'' con frecuencia en los medios de comunicación, dijo: ``La Suprema Corte es el máximo tribunal de respeto de las garantías individuales y, por tanto, es la primera que debe respetar las libertades, que incluyen el derecho a la libertad de expresión. En ninguna parte de la Constitución o la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal se dice que los ministros no deben opinar y que sólo hablen sobre las sentencias. Soy ministro y también ciudadano y tengo también derechos individuales'', subrayó.