7% más de presos en el DF a raíz del endurecimiento de leyes penales

Alonso Urrutia Durante junio, la población de los reclusorios capitalinos se incrementó en 7 por ciento como resultado de las reformas penales que entraron en vigor hacia la segunda quincena de mayo, tendientes a endurecer las sanciones contra algunos delitos y dificultar la salida bajo fianza de algunos delincuentes, se dio a conocer durante la reunión del consejo asesor de los Reclusorios del Distrito Federal.

Víctor Orduña, presidente de la Comisión de Procuración de Justicia de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), indicó que este es un "resultado inmediato de las modificaciones legales tendientes a impedir la salida fácil de delincuentes de los reclurosorios y que ha sido una queja recurrente no sólo del ex secretario de Seguridad Pública, David Garay, y otras instancias que han reclamado que los esfuerzos para detener a delincuentes se echa por la borda por inconsistencias legales".

En la reunión se dio a conocer que en junio la población penitenciaria pasó de 8 mil 900 reclusos a 9 mil 500, tendencia que podría mantenerse en los próximos meses. Orduña indicó que la capacidad instalada de los reclusorios de la ciudad es aún suficiente para poder albergar el crecimiento de los reclusos en la ciudad.

Sin embargo, dijo que en el corto plazo tendría que comenzar a trabajarse de nueva cuenta en la construcción de un nuevo reclusorio, la ampliación de los actuales o bien la readaptación de lo que fue la penitenciaría de mujeres y que por "un absurdo error de ex funcionarios de gobierno fue desincorporada de las instalaciones dependientes de la Dirección de Reclusorios".

El asambleísta del PAN aseveró que es difícil en lo inmediato construir un nuevo reclusorio dado lo costoso de sus instalaciones, pues requieren "una alta seguridad, especialización en la construcción".

Sin embargo, consideró que el viejo proyecto de construir el Reclusorio Preventivo Poniente se podría concretar mediante vías como el arrendamiento financiero a una empresa constructora, con opción a compra posterior por parte de las autoridades capitalinas.

Orduña señaló que no existe riesgo de que haya una sobrepoblación en los penales, toda vez que hay una capacidad instalada aún subutilizada.

En 1988, se alcanzó inclusive hasta 12 mil internos, es decir, un 25 por ciento más de la que actualmente hay en los penales de la ciudad.

En la reunión, donde estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno del Departamento del Distrito Federal, Ignacio Jiménez Brito, y el secretario de Seguridad Pública, Tomás Enrique Salgado Cordero, se informó además que se habían entregado 200 armas para reforzar las medidas de seguridad que se tienen en los diferentes reclusorios, así como del mejoramiento en la capacitación de los custodios.

Asimismo, la ARDF pidió a la Secretaría de Seguridad Pública que se mejorará el sistema de vigilancia externa de los reclusorios, ya que la reducida distribución de elementos adscritos a los alrededores de estos centros penitenciarios favorece los intentos de fuga.

En 1995, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) abrió 19 averiguaciones previas por la fuga de un igual número de reos. En la última, comentó Orduña, había tres elementos de la policía preventiva y sólo uno de ellos estaba armado, "lo cual es ridículo en una ciudad como ésta. Por eso demandamos el incremento de la vigilancia policiaca".

El asambleísta indicó que la solicitud incluía la necesida de incorporar elementos de la Policía Preventiva asignada a los juzgados, pues la vigilancia en esas zonas es prácticamente inexistentes pese a la necesidad que se tiene de ella.

Finalmente, indicó que su partido prepara una nueva ley de defensoría de oficio que permita corregir las graves carencias que tiene este sector responsable de la defensa de personas con escasos recursos económicos.