Pidió Washington a Samper incorporar el tratado de extradición de 79 a las leyes colombianas: revista Semana

Efe, Afp, Ap y Dpa, Santafé de Bogotá, 1o. de julio La administración del presidente Bill Clinton pidió al gobernante colombiano, Ernesto Samper, la incorporación a la legislación de su país del tratado de extradición vigente desde 1979, incluso por encima de la prohibición de la Constitución en ese aspecto, para que cuatro capos del cártel de Cali sean enviados a Estados Unidos, señaló hoy la revista Semana.

Por su parte, el fiscal colombiano, Alfonso Valdivieso, consideró que la extradición es un instrumento útil, conveniente y necesario para enfrentar organizaciones criminales de alcance internacional.

Según Semana, Washington considera que Samper puede lograr la aprobación para que el tratado de extradición sea suscrito a la legislación colombiana, pues goza de amplio respaldo en el Congreso, demostrado en la votación que puso fin al proceso en su contra por el ingreso dinero ilegal en su campaña electoral.

Lo que pretende Estados Unidos, añadió la revista, es que los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, así como Helmer Herrera y Juan Carlos Abadía, jefes del cártel de Cali, sean extraditados a Estados Unidos.

Aunque varios magistrados de la Corte Constitucional y la Suprema Corte de Justicia se han pronunciado a favor de establecer la extradición, en el Congreso hay una amplia mayoría que bloquearía cualquier iniciativa en ese sentido.

El Congreso debe considerar también, de acuerdo con Semana, una legislación prometida por Samper desde 1994 para aumentar las penas contra los narcotraficantes, eliminar los beneficios por cooperación con la justicia y expropiar sus enormes fortunas. Pero la revista señaló que no es segura la aprobación de esas iniciativas en un Congreso en el cual los cárteles de la droga gozan de una fuerte influencia ya varias veces demostrada.

Valdivieso, quien comparte la posición de Estados Unidos respecto a la extradición, consideró desafortunada la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, que en 1991 redactó la nueva Carta Magna y prohibió la extradición de colombianos para ser juzgados en otros países. El fiscal señaló que el gobierno debe "denunciar el tratado o proponer al Congreso una reforma constitucional para levantar la prohibición".

En tanto, la Iglesia católica colombiana rechazó la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país y declaró que es injusto que las naciones productoras de drogas sean estigmatizadas por el problema del narcotráfico, mientras las consumidoras son vistas como víctimas.