El grupo armado y uniformado que irrumpió en Aguas Blancas y lanzó ahí una proclama no parece ser un invento ni un disfraz, sino parte de una organización rebelde.

De acuerdo con la información de prensa, el llamado Ejército Popular Revolucionario (EPR) está compuesto por mestizos e indios, hombres y mujeres, y se propone ``el derrocamiento del gobierno'', así como ``el establecimiento de una república democrática popular''.

El que los gobernantes y militares hayan negado siempre la existencia de grupos armados en varios lugares del país no significa que éstos sean fantasmas. Nadie en el gobierno admitió jamás la existencia del EZLN antes del 1o. de enero de 1994.

Según los reporteros, 66 personas armadas se hicieron ver en el vado de Aguas Blancas, sierra de Tepetixtla, cerca de la Costa Grande de Guerrero. Pero la ausencia de enfrentamiento o combate no puede ocultar el acontecimiento de rebelión. Cambiar los sustantivos a los hechos no los puede ocultar, por más que exista desconocimiento de los dirigentes y otras señas de identidad del grupo rebelde. No sabemos quién es el mayor Emiliano ni los dos capitanes que lo acompañaban, como tampoco la mujer que habló en náhuatl, pero eso no significa que el país deba desconocer que existe en México un nuevo foco de rebelión armada.

En lugar de negar la realidad cuando ésta es develada, hay que reconocerla plenamente, tanto por parte del gobierno como de las oposiciones, los medios de comunicación y todos los ciudadanos. Se puede especular lo que se quiera, pero en Guerrero tenemos a las claras la existencia de unos rebeldes, quienes portan las armas de la región, es decir, fusiles automáticos.

La primera regla que debe aplicarse cuando surge una rebelión y se tiene la idea de no hacer necesariamente la guerra, es tratar de entrar en contacto con los jefes rebeldes y buscar una negociación. No es nada cómodo para el gobierno que, además del diálogo de San Andrés, ahora haya que abrir otro en Coyuca de Benítez o en cualquier otra parte, pero lo mejor sería no esperar enfrentamientos y más sangre; ya es demasiada la que se derrama todos los días en Guerrero, donde la primera causa de mortalidad es el homicidio, y donde los caciques priístas siguen usando los métodos violentos para apaciguar a sus oponentes.

Los alzados de Guerrero no parecen ser unos improvisados ni su texto da la impresión de que carezcan de objetivos. Que el EPR no haya realizado una acción ofensiva para hacer su presentación pública, sino un acto político civil, aunque se llevó de corbata a quienes estaban ahí sin tener ninguna relación con los rebeldes, puede estar denotando que éstos no buscan ante todo el enfrentamiento armado. Si esta hipótesis es correcta, lo más prudente sería eludir un choque bélico y crear un dispositivo político.

Cuando en un país se produce una rebelión, cualquiera que sea su importancia y previsible trascendencia, todas las fuerzas políticas deben ponerse en tensión con el propósito de atender el problema, el cual no sólo es del gobierno sino de todos. Ya basta de seguir tratando de tapar el sol con un dedo o de suponer que los cercos militares son la salida permanente de profundos problemas sociales y políticos de México.

Si los guerrilleros bajaron de la sierra y se mostraron públicamente, eso quiere decir que deben tener suficiente retaguardia. Y si esto es así, de nada servirán los retenes en las carreteras, más que para crear un ambiente de militarización. Es lógico que el Ejército se ponga en estado de alerta, pero eso no significa que deba apoderarse de los medios de comunicación terrestres, lo cual es inconstitucional, como ya ha sido declarado varias veces y como todo mundo lo sabe.

Una respuesta rápida es que Ernesto Zedillo haga lo que algunos ministros de la Corte le están demandando. Si el Presidente pidió la averiguación del más alto tribunal de justicia del país sobre la matanza de Aguas Blancas, él mismo tiene que explicar cuál era el objeto de su petición y definir una conducta clara frente a las conclusiones presentadas por la Corte. El poder Judicial, por su parte, tiene que amparar a los deudos de los acribillados hace un año en su reclamo de que se imparta justicia.

Pero hay que hacer algo más: amarrar las manos a los caciques que siguen matando gente en Guerrero, y castigar a los culpables del derramamiento de sangre de campesinos inermes.