Detiene la Judicial de Guerrero a tres miembros de la OCSS

Maribel Gutiérrez, corresponsal , Acapulco, Gro., 1o. de julio Tres jóvenes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron arrestados en Tepetixtla por agentes de la Policía Judicial del estado después de que junto con otras 50 personas de la misma organización estuvieron detenidos durante más de 24 horas en un puesto de revisión del Ejército en la entrada de esa comunidad de la sierra de Coyuca de Benítez. La dirigente de la OCSS, Rocío Mesino, informó que las 50 personas fueron arrestadas por el Ejército el sábado 29 de junio, a la una de la tarde, cuando a bordo de un autobús regresaban a Tepetixtla después de participar en el acto conmemorativo de la matanza de Aguas Blancas, donde se presentó el grupo armado llamado Ejército Popular Revolucionario (EPR), y en la noche de ese día en una marcha organizada por el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN) en Acapulco.Los militares, que el mismo 29 en la mañana llegaron a Tepetixtla para peinar la sierra en busca de los armados del EPR, y que instalaron un retén en la entrada del pueblo, detuvieron en ese lugar a los 50 manifestantes, entre ellos hombres y mujeres de diversas edades, incluyendo niños.

Sin explicación alguna los retuvieron en ese lugar, revisaron minuciosamente sus pertenencias y les hacían preguntas. Ellos llevaban los gafetes que los identificaban como miembros de la OCSS.

A las 2 de la tarde del domingo 30 de junio los militares dejaron libre al grupo.

Una hora más tarde agentes de la PJE llegaron casi de manera simultánea a los domicilios de tres de los integrantes del grupo: Leopoldo Martínez, de 19 años, Rafael Nava, de 19, y Gerardo Hurtado Arias, de 18. Las detenciones se realizaron por órdenes del comandante de esa corporación, Gilberto Terrazas Balanzar. Los tres jóvenes fueron los encargados de organizar al grupo de la OCSS de Tepetixtla para participar en el acto del vado de Aguas Blancas.

Cerca de las 3 de la tarde del domingo fueron trasladados a los separos de la comandancia de la PJE, y hasta la tarde de hoy seguían detenidos e incomunicados, informó Antonia Arias, madre de uno de ellos, quien agregó que los judiciales golpearon a los jóvenes durante el arresto. Por la incomunicación en que se encuentran, los familiares temen que estén siendo torturados.

Por medio de Rocío Mesino los detenidos solicitaron hoy a la justicia federal amparo contra el arresto ilegal. En el texto de la demanda se menciona que los judiciales que realizaron la aprehensión manifestaron que ``harían confesar'' a los detenidos ``de ser responsables de delitos, a como dé lugar''.

Mesino denunció también que en Tepetixtla y en Atoyac han circulado comentarios de policías judiciales del estado que dicen que ``tienen órdenes de matar a Benigno Guzmán Martínez'', uno de los principales dirigentes de la OCSS y coordinador de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS).

Señaló que la OCSS considera estas amenazas como parte de las acciones de hostigamiento y represión a la organización, y rechazó las declaraciones de un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación que señaló a Benigno Guzmán como responsable del grupo armado.

``Benigno no tiene ninguna relación con ese grupo'', afirmó Rocío Mesino, ``pero el gobierno quiere aprovechar lo que pasó el 28 de junio para asesinarlo''.

Reiteró que la OCSS ``se deslinda'' del grupo armado, pero ``si deveras son revolucionarios, respetamos su lucha''. Sin embargo, afirmó que ``para la OCSS es una incógnita, porque no tenemos relación con ese grupo. No sabemos qué paso con ellos, pero el gobierno los usa de pretexto para detener a campesinos que no tienen ninguna relación con ellos''.

Informó que en las comunidades de la sierra, militarizadas a raíz de la aparición del grupo armado, los campesinos tienen miedo de que pueda suceder lo que pasó en la década del setenta, cuando hubo detenciones ilegales y cientos de campesinos desaparecidos que no tenían nada que ver con la guerrilla.

El dirigente del Movimiento 6 de Marzo, que es parte de la UOSS, Bertoldo Martínez Cruz, informó que recibió en su domicilio en Cruz Grande, en la Costa Chica, un oficio del agente del Ministerio Público Federal, Gabriel Godínez Ponce, dirigido a la Policía Judicial Federal ``para que localicen y presenten a declarar a Bertoldo Martínez Cruz''.

El también coordinador de la UOSS y diputado local por el PRD, Ranferi Hernández Acevedo, dijo que las afirmaciones de la Secretaría de Gobernación y la PGR que vinculan al EPR con la OCSS, y que pretenden fincar responsabilidad a Benigno Guzmán Martínez por supuestos nexos con el grupo armado, son ``temerarias y dan lugar a que se incremente la represión contra los dirigentes sociales''.

Consideró que esa represión se da porque el gobierno quiere ``parar la demanda de justicia en el caso Aguas Blancas que la OCSS y la UOSS han mantenido para enjuiciar al gobernador con licencia Rubén Figueroa Alcocer''. Comentó: ``Ahora resulta que los asesinos andan libres y nosotros somos los perseguidos''.

Llama el PRD al diálogo con el EPR El presidente estatal del PRD, Octaviano Santiago Dionicio, dio a conocer esta mañana la posición de su partido ante el surgimiento del EPR, en la que llama a los gobiernos federal y estatal a no desatar la represión; invita al grupo armado a resolver a través del diálogo sus demandas y a convertirse en fuerza política igual que el EZLN, y convoca al gobierno y al EPR a integrar una mesa de diálogo.

Condena la militarización del estado ``porque es una medida que violenta los derechos constitucionales, y porque la solución del problema no es militar ni policiaca, sino política y con medidas que respondan a los reclamos populares, y en particular a la demanda de castigo contra los responsables de la matanza de Aguas Blancas, que si no se resuelve tendrá repercusiones a cada rato en Guerrero''.El PRD exige a los gobiernos federal y estatal la reapertura de la investigación del caso Aguas Blancas para que se enjuicie penalmente a Figueroa e insiste en la demanda de juicio político contra éste.

También plantea que el proceso electoral de octubre de este año, de ayuntamientos y Congreso local, sea limpio, transparente y creíble para la sociedad y los participantes.

Igualmente se deslinda de la lucha armada y ratifica que sólo utilizará las formas de lucha pacífica y constitucionales como medios para conquistar a través de las elecciones el poder político.

En conferencia de prensa Santiago Dionicio consideró que las ``expresiones radicalizadas tienen que ver con la situación de injusticia'', y señaló que los gobiernos federal y estatal deben dar pasos reales hacia una política que permita apagar los focos rojos, lo que tiene que ver con que se haga justicia en el caso Aguas Blancas''. El dirigente, que estuvo presente en Aguas Blancas el 28 de junio, cuando apareció el grupo armado que se presentó como EPR, dijo que ``resulta arriesgado'' hacer un señalamiento sobre el origen de este grupo, y aclaró que la posición del Comité Ejecutivo Estatal perredista parte del supuesto de que el EPR es un grupo que está demandando justicia. Agregó que si en los próximos días los acontecimientos muestran otra cosa, la posición del PRD podrá cambiar.

Se refirió al primer comunicado acerca del grupo armado, que el propio Santiago Dionicio firmó con Cuauhtémoc Cárdenas, Samuel del Villar, Félix Salgado Macedonio y otros dirigentes perredistas el 28 de junio, en el que afirman que ``la mano de los victimarios'' de los campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas ``bien podría estar detrás'' de la aparición del grupo armado, la que calificaron de ``grotesca pantomima''. Precisó que esa ``declaración inicial fue producto de una situación que desconcertó a todos''. Dijo ignorar si el EPR ``existe como grupo permanente'', pero calificó de ``indebido'' que se presentara en un acto solemne de masas pretendiendo ``utilizar la congregación''.

Santiago Dionicio, que en la década del setenta fue integrante del Partido de los Pobres, el grupo guerrillero encabezado por Lucio Cabañas Barrientos, consideró que ``en general las organizaciones guerrilleras se han dado a conocer en una acción militar, de fuego. Lo raro es que aquí el EPR se presentó a hacer una proclama, y eso dio pie a que se hablara de una provocación''.

Carta a Zedillo El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de Acapulco, que es parte de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos, envió una carta al presidente Ernesto Zedillo en la que pide que frente al caso Aguas Blancas ``muestre su voluntad política de rectificar'' para que se reabra la investigación y se castigue a Rubén Figueroa y a sus principales colaboradores que fueron exonerados.

El director del Centro, Javier Mojica, consideró que el gobierno federal debe atender la demanda de justicia ``para que no se alimente la vía violenta y se dé justificación a grupos inconformes para tomar las armas''.