La irrupción del Ejército Popular Revolucionario (EPR) el pasado 28 de junio modifica y complica el tablero político nacional. De un solo golpe, modifica la situación en el estado de Guerrero, afecta el proceso de pacificación en Chiapas, permite que el Ejército federal desempeñe un papel más relevante en la conducción del país y acrecienta la sensación de incertidumbre política.

Su aparición se produce en un clima político crecientemente enrarecido por acontecimientos como la visita presidencial a Tabasco y las protestas perredistas en la entidad, el incremento de la violencia de grupos de choque del PRI en el norte de Chiapas, las dificultades para avanzar en la reforma electoral, y los rumores sobre la renuncia del jefe del Ejecutivo.

El EPR surge en el marco del aniversario de los crímenes en Aguas Blancas. A un año del asesinato de 17 campesinos, las viudas y los huérfanos siguen esperando que se haga justicia. El ex gobernador Rubén Figueroa, responsable de la matanza, por acción o por omisión, ha sido exonerado. Desde la lógica del nuevo destacamento militar, esta situación es similar a las represiones que, en el mismo estado de Guerrero, dieron origen a las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en la década de los 60, y muestra la inexistencia de un Estado de derecho. La masacre de Aguas Blancas es, en su lógica, un momento fundacional y fuente de legitimidad de su proyecto.

Nace, también, después de una oleada de luchas reivindicativas en Guerrero, protagonizadas por amplios sectores sociales (campesinos, indígenas y profesores) inmediatamente después del cambio de gobernador en el estado, en el que el FAC-MLN desempeñó un importante papel. Los resultados finales de ese ciclo de movilizaciones fueron muy limitados, y, algunos destacamentos fueron reprimidos.

Más allá de la calidad del armamento y equipo que la nueva guerrilla mostró, la operación evidenció un cierto respaldo popular en la zona de operaciones. Se trata, es preciso no olvidarlo, del territorio víctima de la represión gubernamental en donde los agravios no han sido reparados. La acción, empero, está lejos de ser un levantamiento campesino. Se trató de la acción guerrillera de un foco guerrillero.

El EPR reclama que la lucha armada es un recurso legítimo y necesario para restituir la voluntad soberana y el Estado de derecho. Llama a derrocar al gobierno, a sumarse a sus filas, a formar tribunales populares y grupos de autodefensa. Lo hace en el momento en que el EZLN busca convertirse en una fuerza política y en el que ha convocado a la sociedad civil a buscar el tránsito pacífico a la democracia.

Aunque el nuevo destacamento se concibe sólo como uno más dice estar dispuesto a conformar una sola fuerza política y retoma parte del discurso del zapatismo, en los hechos llama a crear un nuevo polo de reagrupamiento en torno a un proyecto distinto, con coordenadas sustancialmente político-militares. Su efecto inmediato es disputar al EZLN la conducción de los sectores populares descontentos y descalificar, por la vía de los hechos, el largo y complejo camino de Diálogo transitado en San Andrés y de eventos como el Foro especial para la Reforma del Estado.

El surgimiento del EPR muestra cómo el zapatismo es efectivamente una línea de fuerza en el campo popular y un instrumento para darle salidas constructivas al malestar social. La negativa gubernamental a aceptar opciones negociadas a sus revindicaciones y a las demandas populares no hace sino alimentar proyectos que descreen de las vías de cambio pacíficas.

De la misma manera, y más allá de las intenciones de sus promotores, su irrupción crea dos adicionales: mete al Ejército federal con ``legitimidad'' en la zona, intensificando la represión, y, crea una línea de argumentación para ``justificar'' la matanza de Aguas Blancas, al hacer pública la existencia de una guerrilla en ésa región.

El surgimiento de una nueva guerrilla pone nuevamente en el centro del debate político nacional los costos que para el país tiene el virtual estancamiento del tránsito hacia la democracia y la ausencia de voluntad gubernamental para enfrentarla. Asimismo, muestra el precio que la estabilidad política y la credibilidad en las instituciones deben pagar por sostener la impunidad hacia personajes como Rubén Figueroa. Finalmente, hace evidente el costo de sostener un modelo económico que se ha convertido en una fábrica de desempleados y pobres.

Independientemente de su ideario y de la implantación social en su región, el EPR tiene aún un largo trecho por recorrer para ganar legitimidad. Desde luego, debe de considerar si puede ganarla cuando amplísimos sectores de la sociedad han insistido en la necesidad de transitar de manera pacífica a la democracia, y se han involucrado activamente en un proceso de Diálogo para obtenerla.