En días pasados el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, uno de los más fuertes e independientes del país, presentó una demanda en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Llama la atención tal demanda, formalizada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque se ha hecho en contra de una institución que con frecuencia es considerada como incuestionable, de probado beneficio social y vista como uno de los sustentos básicos del Estado benefactor mexicano.

Los motivos explícitos de la demanda son dos: practicar una auditoría al Infonavit para que se aclare el destino de 600 millones de pesos aportados por el Sindicato de Telefonistas en los últimos años, y obligar al Instituto a proporcionar vivienda al gremio, lo que a decir de los trabajadores no ha sucedido desde 1993, cuando fue reformada la ley orgánica de la materia para dar preferencia a quienes ganan menos de 4 salarios mínimos. En ambos planteamientos subyace el rechazo del sindicato a seguir siendo cliente cautivo del Infonavit.

Voceros de la institución han señalado que sí han entregado créditos a los telefonistas y éstos lo niegan. Cualquiera que sea lo cierto, el hecho es que los telefonistas ya no quieren mantener su relación con Infonavit y desean mecanismos autónomos para acceder a una vivienda. En cierta forma actúan como esas parejas que ponen pretextos para justificar un divorcio, pero también existen razones concretas en el ánimo de los telefonistas. En sus 24 años de vida, el Infonavit sólo ha cubierto un 20 por ciento de la demanda habitacional de los trabajadores del sector privado, por lo que de continuar a ese ritmo harán falta casi 100 años para atender el total de la demanda actual. Sin muchas posibilidades para acceder a las viviendas producidas por Infonavit y, de la misma forma, marginados del mercado normal de la producción habitacional al que sólo acceden los que ganan más de cinco salarios, los trabajadores de Teléfonos de México buscan una alternativa real y más adecuada a sus necesidades.

El conflicto Telefonistas-Infonavit muestra dos argumentaciones contrapuestas. Por un lado el derecho de los telefonistas a obtener una vivienda propia, lo que Infonavit no garantiza en el corto o mediano plazo y que parece más factible con un organismo particular, con rendimientos bancarios como los sistemas de jubilación que pronto se pondrán en marcha. Y por otro lado, el sentido de una institución social como Infonavit, nacida en 1972 de un pacto entre los trabajadores, los empresarios y el Estado. Esta institución, que puso en marcha un esquema de financiamiento solidario, ha sido la más productiva de las instituciones en la materia y, hasta hoy, aparece como la forma más adecuada para cubrir las necesidades de vivienda de los trabajadores, promesa incumplida de la Constitución de 1917.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tendrá que resolver entre dos posiciones contrapuestas: el derecho, digamos ``particular'', de un sindicato a buscar mecanismos propios para financiar los requerimientos de vivienda de sus trabajadores, y el derecho ``público'' de una institución que está, por su propia naturaleza, por encima de los derechos particulares y que tiene la responsabilidad de organizar y financiar la producción habitacional de todos los trabajadores de la iniciativa privada.

El conflicto aparece como un signo de desgaste del modelo Infonavit, como lo ha sido también el esquema de jubilaciones del Seguro Social. Abonemos a esta tesis la modificación a la Ley Orgánica del Instituto, realizada hace varios años, para impedir que el organismo regresara las aportaciones a los trabajadores que no habían recibido viviendas, como lo determinaba la Ley original. Una impugnación como la actual, surgida de un sector de los propios beneficiarios de la institución, muestra que el modelo Infonavit no está funcionando de acuerdo a las necesidades actuales de los trabajadores.

Junto con el enfrentamiento a la demanda de los telefonistas, los directivos de Infonavit y su consejo tripartita parecen encontrarse ante los reclamos de una reforma institucional. Los cuestionamientos al Infonavit han sido múltiples, incluso desde su mismo nacimiento, pero lo que ahora sucede pareciera corresponder al germen de un problema mayor, el de la viabilidad misma de la institución. Esperemos que los ajustes se produzcan antes de que las partes comiencen a saltar en pedazos.