Llevará el EZLN a Larráinzar el conflicto de San Juan Chamula

José Antonio Román, enviado, y Elio Henríquez, corresponsal/III y último San Cristóbal de las Casas, Chis. El EZLN llevará a la mesa 3 de San Andrés Larráinzar el tema del conflicto de San Juan Chamula y el problema de las expulsiones por presuntos motivos religiosos, adelantó el subcomandante Marcos. El gobierno de Chiapas aceptó la propuesta.

Para el grupo armado, el optimismo de la Secretaría de Gobernación de llegar en fecha próxima a un ``convenio de civilidad'' que garantice la paz entre los católicos tradicionalistas y evangélicos, es ``pura propaganda'' en un intento por distender el ambiente en el estado.

``Creemos que no se podrá llegar a ningún arreglo en este punto mientras no se ponga en cuestión el propio sistema caciquil que provocó ese conflicto'', es decir, la relación del PRI con los caciques, dijo en entrevista el dirigente zapatista, luego del segundo encuentro que el EZLN y la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) sostuvieron en La Realidad, para afinar la realización del Foro Especial para la Reforma del Estado.

Mencionó que negociar esa ``estructura caciquil'' significaría para el gobierno del estado ceder el control de la zona chamula, que es básica para ellos en cuestión de votos. ``Por ello no creemos que las actuales negociaciones tengan un futuro promisorio'', advirtió.

Uriel Jarquín, representante del gobierno de Chiapas tanto en el diálogo de San Andrés, como en la Comisión Plural de Reconciliación del pueblo Chamula, aceptó la propuesta zapatista. ``Lo vemos positivo'', dijo el también subsecretario de Gobierno estatal.

Sin embargo, advirtió que no sólo se abordaría el tema de la intolerancia religiosa, sino también la política: ``Los mismos que han expulsado por cuestiones religiosas tendrán que estar sometidos a la discusión junto con aquellos que han expulsado por diferencias políticas''.

Y agregó: ``Nos parece importante que el EZLN, que ha expulsado a buena parte de los pobladores de las cañadas, acepte discutir esta situación de la intolerancia, porque esto nos daría pauta a encontrar los caminos de reconciliación''.

Los líderes evangélicos, que desde el 16 de enero de 1994, en una misiva al subcomandante Marcos, solicitaron al EZLN incorporar en sus demandas el problema de las expulsiones, mostraron su beneplácito.

Pero pidieron en que esa mesa de Bienestar y Desarrollo estén presentes los afectados para aportar elementos de una auténtica solución. Esdras Alonso, representante evangélico en la Comisión Plural, advierte que este punto podría no agradar al gobierno federal, pues siempre lo ha querido manejar como un conflicto estrictamente religioso, cuando surge por intereses políticos y económicos.

Así, al llevarlo a la mesa de San Andrés no sólo se abordaría a nivel nacional, sino desde el punto de vista político, donde al PRI ``no le conviene'', pues se pondría en evidencia la ``mafia'' que existe entre éste y el cacicazgo chamula.

``Y aunque no lo acepten, ellos, los católicos chamulas, saben que al aceptar lo religioso, también aceptan lo político. Por eso quieren ir lento. Nos estamos convirtiendo en una opción política. Ahí tenemos como ejemplo a Manuel San Juan dirigente expulsador convertido al protestantismo, quien podría ser nuestro líder.

``Cansados del control, del manipuleo, de que esa clase (los caciques) viva como rey y uno en la miseria, ese pueblo se les va a voltear'', considera el pastor, a quien la propuesta zapatista le hace abrigar mayores esperanzas de solución y ``cambios radicales''. La situación no es fácil. Baste recordar que en noviembre de 1974 fueron expulsados por cuestiones políticas disidentes católicos y evangélicos, que habían buscado apoyo en el PAN para llegar a la alcaldía.

Tampoco es por cuestiones puramente religiosas. En 1965, representantes de la Iglesia católica fueron de los primeros expulsados. Las autoridades municipales corrieron a un grupo de misioneras Clarisas, que durante dos años habían trabajado en los distintos parajes del municipio y que dependían de la diócesis de San Cristóbal.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su primer informe sobre el fenómeno de las expulsiones en San Juan Chamula, destaca que, al parecer, en los primeros años los grupos protestantes y sus fieles convivían pacíficamente con el resto de la población y con las autoridades.

Sin embargo, lo que en un principio fueron sólo disidentes religiosos, se convierten también en disidentes políticos, lo cual provoca el hostigamiento hacia éstos por parte de las autoridades municipales.

Desde siempre, los principales expulsadores, que tienen cargos religiosos, son a la vez autoridades municipales priístas y tienen el control económico, esto último mediante la elaboración del posh, la concesión para distribuir los refrescos y el mercado de las velas, del incienso y flores. Además tienen el control del transporte.

Ahora se dice que las expulsiones son el mecanismo idóneo para que los caciques y autoridades se deshagan de ``elementos perturbadores'' del orden.

Entre los expulsados hay protestantes, católicos, militantes de oposición y miembros de organizaciones campesinas independientes, según indica el informe anual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

De esta forma, el fenómeno ha sobrepasado el ámbito religioso y se ha convertido en un conflicto social, cuyas dimensiones y alcances se tornan inmanejables.

Sin duda, los orígenes y las consecuencias de la expulsión de indígenas rebasan el ámbito religioso. ``Este fenómeno oculta y expresa una compleja problemática social, económica y política y, sobre todo, las dificultades y conflictos provocados por una mayor comunicación e intercambio de esos grupos con el resto de la sociedad. Una problemática que es la suma de carencias ancestrales y la búsqueda de nuevas opciones para superarlas'', dice la CNDH.

Así, tradicionalmente, en San Juan Chamula los ejes del poder y el control se han encontrado y aún están en la presidencia municipal y en el templo católicoúnico en los 103 parajes que tiene, y su estructura religiosa ha quedado subordinada al interes político y económico.

En su recomendación 58/94 de abril de 1994, enviada al gobierno y Congreso locales que no fue atendida, la CNDH señala que este fenómeno requiere soluciones que atiendan los rasgos específicos de los grupos étnicos y comunidades que enfrentan esos problemas.

Considera que el problema de fondo es el de la incompatibilidad entre, por un lado, algunas normas e instituciones derivadas de las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas y, por el otro, el sistema jurídico nacional y local.

Para la CNDH, la solución exige la cobertura de muy diversos frentes y, al mismo tiempo, requiere la concurrencia de varias y muy diversas voluntades políticas: los tres niveles de gobierno, las organizaciones políticas y religiosas de la región y, desde luego, los propios grupos indios.

``Si no se atiende la raíz del problema, las expulsiones continuarán. Incluso se corre el riesgo de que adquieran una forma mucho más violenta, o surjan nuevas modalidades de expulsión con un sacrificio mayor que el de los últimos años''.