Oposición caciquil a lograr un acuerdo de civilidad en San Juan Chamula

José Antonio Román, enviado, y Elio Henríquez, corresponsal /II, San Juan Chamula, Chi. Una verdadera cultura de tolerancia religiosa y una solución de fondo a los problemas generados por las expulsiones parecen aún lejanos de la vida cotidiana de este municipio tzotzil.

No obstante, el gobierno federal confía en la pronta firma de un acuerdo de civilidad, luego de que evangélicos y católicos han respetado la tregua firmada hace seis meses. Pero frente a este optimismo, también está presente el abierto y franco rechazo de los caciques tradicionalistas chamulas, que junto con el PRI han sido los grupos beneficiados durante décadas de intolerancia religiosa y política.

Aspecto de San Juan Chamula, el día de San Juan.
Foto: Duilio Rodríguez

Junto con los intereses religiosos, también están presentes los políticos y los económicos. ``Como todas las cosas en Chiapas, no tenemos fechas claras'', dice Uriel Jarquín, representante del gobierno estatal en las negociaciones para reconciliar al pueblo chamula.

Incluso, de renovarse dicho acuerdo en las próximas semanas, éste sería sólo el inicio de una larga mesa de negociaciones que tendría como último punto el desarme de ambos bandos religiosos.

Pero antes de esto deben darse consensos sobre el destino de más de un centenar de averiguaciones previas y múltiples órdenes de aprehensión giradas a católicos y evangélicos; la posesión de tierras abandonadas por los exiliados y, sobre todo, las condiciones para un posible retorno de los expulsados, punto donde existen una mayor diferencia y posturas encontradas. Nada fácil.

La Secretaría de Gobernación apuesta a la firma de un acuerdo de civilidad definitivo que garantice no sólo el respeto a la tolerancia, sino que dé las bases para continuar el diálogo que termine de fondo con este fenómeno tan complejo de las expulsiones.

``La verdad yo veo un poco difícil la firma de un acuerdo de paz. Lo veo un poco apresurado, muy rápido, como que a veces la gente de allá (de la ciudad) quiere comer ansias'', dice Manuel Hernández, diputado local chamula y miembro de la Comisión Plural del Congreso que atiende el conflicto de San Juan.

Desde su perspectiva, los partidos políticos y la religión son los dos factores que causan la división entre las comunidades indígenas. Por eso, dice, los ``chamulas todos'', en asamblea, hemos decidido ser católicos y priístas. Eso mantiene la unidad.

``Yo no sé cuando se va a dar una solución definitiva. Yo no puedo pronosticar si será este año, o dentro de tres, de cinco o hasta en 30'', señala y agrega que la presencia de las armas en la zona chamula ha provocado ``que se caliente un tantito más el problema''.

Más reacio y hasta agresivo cuando se le toca el tema evangélico, el presidente municipal de San Juan Chamula y cacique del lugar, Enrique Lunes Patishtán, advierte que la decisión corresponderá sólo al pueblo chamula, pero que ésta será tomada en una ``asamblea multitudinaria''. Tampoco hay fecha para convocarla.

Ambos dirigentes insisten en que no firmarán ningún acuerdo sin el consentimiento de esa asamblea. ``Nadie nos puede obligar, ni siquiera el Presidente, porque si se llegan a enterar que firmamos, el pueblo nos lincha por traidores'', señaló el legislador indígena. ``Claro, son capaces de lincharnos. No lo dude''.

Para el subsecretario de gobierno estatal, Uriel Jarquín, el acuerdo entre católicos y evangélicos no es fácil, pero estima --con un optimismo moderado-- que ``muy probablemente será en este año'', llamado pomposamente el año de la paz y la reconciliación.

Explica que durante los seis meses de negociaciones de la Mesa Plural, donde intervienen el Congreso y gobierno locales, representantes evangélicos y católicos, así como las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación, se ha avanzado de manera notable en la distensión de conflicto. La próxima reunión está prevista para el 11 de julio.

En este ánimo, señaló que el gobierno estatal se ha dedicado a cumplir los requisitos para que las partes continúen en la mesa del diálogo chamula. Se han suspendido las órdenes de aprehensión a fin de ``no judicializar'' el problema y provocar el entorpecimiento del acuerdo. ``Si nos fuéramos por esta línea, enconaríamos los ánimos y la solución estaría más lejos''.

No obstante, advierte que este hecho no significa que se haga de lado la ley, sino llegar a un perdón mutuo. ``Lo que estamos buscando no es negociar la ley en la mesa, sino darnos, a través de los mecanismos legales, todos los elementos de pacificación''.

Durante este tiempo no se ha registrado ninguna expulsión ni enfrentamiento entre ambos bandos; ya se cuenta con la ``intención'' de las autoridades chamulas para que los más de cien niños de padres evangélicos ingresen a la escuela, después de que los católicos lo han impedido durante tres años; se indemnizó a varias familias y está en prisión Antonio Shilón, chiquito Carranza, como presunto responsable del secuestro y muerte del evangélico Agustín Pérez Jiménez, ocurrido en 1995.

Estos puntos han sido la demanda inicial de la comunidad evangélica para sentarse en la mesa del diálogo. Los puntos se han logrado tras una fuerte presión de la Dirección General de Asuntos Religiosos de Gobernación, quien tiene instrucciones presidenciales de atender el problemas chamula.

Sin duda, la situación es distinta a la de aquel 18 y 19 de noviembre del año pasado, cuando ambos bandos se enfrentaron en la comunidad de Arvenza I y donde cayeron muertos, oficialmente, seis indígenas. El nuevo acuerdo de civilidad cerraría esta primera etapa de la negociación, para empezar a discutir lo realmente trascendente, y lo que podría fincar las bases de un acuerdo real de paz para la zona chamula, reconoce Uriel Jarquín.

Incluso, en un hecho histórico, se levanta ya en la comunidad de Arvenza II lo que será el primer templo evangélico en el municipio de San Juan Chamula. Esta construcción de concreto, de 12 por 24 metros, albergará a una parte de los casi 3 mil evangélicos que viven en este municipio.

Aunque su construcción es considerado por los líderes evangélicos como un símbolo de la distensión que avizora nuevos y mejores rumbos, lo cierto es que muchos de los representantes y caciques católicos no tienen conocimiento del hecho. El presidente de la Comisión Plural encargada de la reconciliación del pueblo chamula, Juan Roque Flores, lo ignora también.

``Creo que cuando lo sepa la gente, el asuntito se pondrá caliente'', estima el legislador chamula Manuel Hernández.

En un adelanto de sus posiciones en los temas a debatirse, los líderes evangélicos han externado que de firmarse la paz, estarían en la disposición de desistirse de la acción penal. ``Un borrón y cuenta nueva, pero no para seguir en el camino de la agresión, sino para buscar una convivencia dentro de las comunidades chamulas''.

Con respecto al posible retorno de evangélicos a territorio chamula, proponen que el solo respeto a la ``libertad de tránsito'' bastaría tras la firma del acuerdo de convivencia. Es ilógico pensar, dice Esdras Alonso, que todos quieran regresar, pues muchos de ellos ya están establecidos, pero tampoco se les debe negar el derecho de esa posibilidad. Unos ya hicieron su vida fuera de chamula y no pretenden retornar, pero habrá otros que quieran visitar a sus familiares.

Uno de los puntos más difíciles de esta agenda es el de los cargos religiosos que tradicionalmente han sido impuestos, y que muchos de ellos van en contra del pensamiento y creencia de los protestantes. En este punto, las Iglesias evangélicas pedirían que fuera una libre decisión de sus feligreses, y cuando este cargo no resulte oneroso y vaya en contra de su fe.

``Se podría hacer una excepción en el caso chamula. Por amor de llegar a una reconciliación, a una convivencia pacífica, muchos estarían dispuestos a sacrificar algunas cosas que no van con sus principios. Pero la aceptación debe dejarse como opcional y no impuesta'', dice también el asesor jurídico del Centro Evangélico de Derechos Humanos, Abdías Tovilla Jaime.

El objetivo final de esto, dice, es no sólo no agredirse, sino fomentar una verdadera cultura de la tolerancia religiosa y de libertad de culto.

Por el lado católico no hay hasta la fecha ninguna propuesta ni planteamiento formal de los puntos en los que desde ahora ha pensado el gobierno estatal, la Secretaría de Gobernación y los legisladores. Para ellos, el sector más reacio de la negociación, sólo está pactado la no agresión. Cualquier decisión será tomada en una ``asamblea multitudinaria''. Nada está decidido.