Un autorrobo puso al descubierto los negocios de capos jaliscienses

Mireya Cuéllar, enviada, y Gerardo Rico, corresponsal /II, Guadalajara, Jal. La trama dio un vuelco. Del simple robo de un tráiler con fruta se pasó al descubrimiento de cinco cadáveres. Y brincó una acusación: los hermanos Lupercio Serratos, los nuevos capos de la droga, están ``coordinados con todas las autoridades del estado'', dijo un miembro del Ejército. De ahí mismo vino una rectificación: ``Nadie puede afirmar algo semejante''.

Pero la idea ya daba vueltas por el estado.

Miércoles 29 de mayo

Los reporteros de la fuente policiaca fueron citados en las instalaciones de la V Región Militar. Ahí, una suburban verde olivo los recogió como a las 11 de la mañana y los llevó hasta el número 235 de la calle Niños Héroes, en el poblado de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. A 45 minutos de Guadalajara.

Era una ``casa sola'' de dos plantas y un amplio jardín con limoneros. A su izquierda, un lote baldío y a la derecha una casa de descanso con aire de permanecer deshabitada. Todo en una cuadra de casas humildes y calles sin pavimentar.

Miembros del Ministerio Público federal y reporteros llegaron casi a la misma hora. Ya los esperaba un grupo de militares; uno apostado en cada puerta, dos en la azotea, varios caminando por los jardines. Unos 20 en total.

Se repartieron tapabocas y los militares empezaron a remover la tierra con palas y picos. Cuando topaban con cal dejaban la excavación y se iban a otro punto donde hacían lo mismo. Así, hasta que dejaron al descubierto tres fosas. Entonces entraban en operación los agentes del Ministerio Público federal.

Un forense jaló la punta de lo que parecía un trapo grueso. Era un cobertor rojo con negro; tiró con más fuerza y quedó al descubierto un cuerpo boca abajo, de manos atadas a la espalda con cable de uso eléctrico color verde y una bolsa de plástico en la cabeza.

Más de un periodista echó mano de las hojas del limonero. Estrujadas en el puño las llevaban hasta la nariz para contrarrestar el olor de la muerte a flor de tierra.

Fue una operación que llevó varias horas y dejó cinco cuerpos al descubierto: los de cuatro hombres asesinados de dos balazos en la nuca con salida en la frente, y el de una mujer que murió por asfixia. Uno de los varones fue torturado antes de morir; presentaba rasgos de desgarre anal y cortes en los genitales.

Sus nombres: María Esther Santacruz Ramírez, de 40 años de edad, y su esposo Everardo Enciso Hernández, de 41; Ignacio Cerano El Negro; Rigoberto Landeros García, de 43 años, el chofer original del tráiler, y Joel Godoy Flores.

La casa, propiedad del dirigente municipal del PRI en Tlajomulco, la tenía en préstamo Anaceli Velasco Palomera, la secretaria del procurador de Justicia del estado.

Ahí mismo, en Niños Héroes 235, se dio un incidente que no sería el único, y que dejó ver que los militares tenían algunos roces con el gobierno panista.

El agente del Ministerio Público Militar, Jorge Sánchez Mancilla, explicó a los reporteros que ya tenían detenidas a diez personas en relación con esas muertes y que los miembros de esa banda ``se coordinan con los hermanos Pedro, Filiberto y Gerardo Lupercio Serratos, los que tienen muchos negocios en Guadalajara y están coordinados con todas las autoridades del estado''.

Y se entregó un comunicado a la prensa informando cómo habían llegado hasta los cuerpos:

El Ejército se enteró de que en algunas bodegas de la Central de Abastos se hacían maniobras de carga y descarga de tráilers con fruta o legumbres, que en un compartimento especial ocultaban cocaína.

Después ``a raíz de la intercepción de un tráiler por elementos de la Policía Judicial Federal, en la población de Tequila, del cual se sabe que transportaba droga y fue reportado como robado, apareció abandonado en la carretera a Chapala, a la altura de la población Las Juntas, municipio de Tlaquepaque, sin ningún tipo de carga, procediendo personal militar a indagar sobre el supuesto robo''.

La confusa redacción del comunicado a nadie le pareció gratuita. Dos cosas no explicaba el boletín del Ejército: quiénes eran los elementos de la Policía Judicial Federal que habían interceptado el tráiler y por qué, si eran representantes de la ley, no entregaron dicho vehículo a la PGR, como hubiera correspondido en caso de un decomiso.

Informaba, en cambio, que en Zapopan habían detenido ``dos vehículos que circulaban en forma sospechosa, procediendo a efectuar una revisión, encontrándose paquetes al parecer de cocaína repartidos en el interior de ambos vehículos y tres armas de fuego''. Los detenidos eran Ignacio Ceballos Sarabia (a) Nacho; Oscar Enrique Díaz González (a) El Santanón y Jorge Iván Taborda Maya, originario de Cali, Colombia.

Estos detenidos los guiaron hasta la calle Maestranza número 845, colonia Jardines de Guadalupe, municipio de Zapopan, donde encontraron más droga y detuvieron a siete personas: Alberto Sánchez Lindoro, Ramón Oswaldo Cota Beltrán, Abelardo Castélum Maldonado, Arles Helber Manler Balbuena, Feliciano Medina Cervantes, Ivonne Aguilar Arce e Inés Hernández González.

Encontrada entre los coches y la casa, el cuerpo armado decomisó 125 kilogramos de cocaína. La caja vacía del tráiler fue encontrada en Tlaquepaque días después, pero no había rastro de los 345 kilos de cocaína que restaban.

Los militares informaron también que el grupo de diez detenidos mencionó en sus declaraciones que habían sido traicionados por sus compañeros (los cinco muertos), quienes efectuaron un autorrobo del tráiler que transportaba el estupefaciente.

El comunicado dejaba caer dos nombres más: los hermanos Saúl y Feliciano Medina Cervantes, también habían participado en el autorrobo y eran los únicos sobrevivientes de los siete que se supone participaron en esa operación. Feliciano había sido detenido por los militares.

Lo que no dijeron era que Saúl Medina Cervantes es un policía judicial adscrito a la delegación del Instituto Nacional Contra las Drogas (INCD) en Jalisco. La PGR informó después que Saúl estaba bajo arresto. Así sigue, según el delegado estatal.

``De las declaraciones de los inculpados se conoció de la participación de los hermanos Pedro, Filiberto y Gerardo Lupercio Serratos, los que en coordinación con la citada banda establecieron una base de operaciones para el tráfico de cocaína en esta ciudad de Guadalajara. Transportando la droga encubierta con fruta procedente del sureste y cambiando esta última por legumbres en esta plaza, para trasladar el enervante al norte del país con destino final a la ciudad de Los Angeles, California. El estupefaciente lo trasportaban de Colombia a través de Guatemala, entrando al país por Tapachula, Chiapas''.

Hasta ahí el comunicado y sus dudas.

Más tarde, la V Región Militar hizo una aclaración verbal a los reporteros, por lo que hacía a que los narcos ``estaban coordinados con todas las autoridades del estado''. Había sido un error: ``Nadie puede afirmar algo semejante''.

Fue una jornada de mucha actividad para los miembros de la V Región Militar y la delegación de la PGR.

A las 18:00 horas, el teniente de Infantería, Justiniano Vázquez Vargas, compareció ante la mesa IX de averiguaciones previas del Ministerio Público federal y bajo juramento de decir verdad ratificó la veracidad del ``parte informativo'' con número de oficio 236, en el que el Ejército informaba a la PGR del operativo previo que permitió la detención de los presuntos narcotraficantes. Lo mismo tuvo que hacer el teniente de Fuerza Aérea y piloto aviador, Juan Fonseca Rey, quien estuvo en la PGR a las 19:00 horas de ese mismo día.

Los militares tuvieron que ratificar ante las autoridades civiles lo que ya decía un informe que lleva el sello de la Secretaría de la Defensa Nacional.