Dispuesto el PRI a revisar algunos acuerdos de Bucareli Amplios sectores priístas trabajan para retrasar la reforma: Jesús Ortega y Ricardo García Cervantes

Mireya Cuéllar, Elena Gallegos y Oscar Camacho El PRI propuso ayer que se reabra la discusión de ``algunos'' de los acuerdos de Bucareli que por ``su carácter político'' no se han podido ``aterrizar'' en leyes; en respuesta, el PAN señaló que no está dispuesto a revisar sólo con el PRI lo ya pactado; por su parte, el subsecretario Arturo Núñez advirtió que por razones políticas y jurídicas es necesario que la reforma electoral se haga por consenso.

Luego de que se multiplicaron las opiniones sobre ``el empantanamiento'' de los trabajos de la reforma política y que el PRI solicitó formalmente en la Cámara de Diputados su único interlocutor fue el PAN aplazar hasta el lunes la presentación de su propuesta final y completa de los textos constitucionales a modificar, los coordinadores del PAN y del PRD aseguraron que ``es evidente'' que el PRI no tiene consensos internos y que hay grupos de ese partido que obstaculizan la reforma.

Para Jesús Ortega y Ricardo García Cervantes, entrevistados por separado, amplios sectores priístas han trabajado, ``y lo han conseguido'', para retrasar la reforma y buscan con ello ``reducir sus alcances''.

En los pasillos de la Secretaría de Gobernación, el subsecretario Núñez recordó que ningún partido puede llevar adelante cambios constitucionales en forma unilateral.

``No es sólo una conveniencia, sino una necesidad objetiva: si no hay dos terceras partes de la votación en la Cámara de Diputados ningún partido las tiene por sí solo, no habrá reforma, por lo menos en el nivel de la Constitución''.

Insistió en que la reforma debe hacerse por consenso. Lo mismo dijo Moreno Collado, aunque advirtió que aún existe el riesgo de que dicho consenso no se logre en todos los temas. Recordó que aún están pendientes dos de los puntos fundamentales financiamiento y composición del órgano electoral y los negocian los coordinadores parlamentarios del PRI, PRD, PAN y PT.

El legislador, quien fue uno de los principales operadores del PRI en San Lázaro, coincidió con lo dicho por Núñez y señaló: ``Por muchas razones, el PRI no puede ir solo a la reforma'', aunque advirtió que tampoco permitirá que, a causa del caso Tabasco, ``ésta se convierta en rehén del PRD''En San Lázaro los avances han sido nulos. El PRD se ausentó de los trabajos desde el martes pasado. Jesús Ortega, el coordinador, acudió a Gobernación para informar al secretario Emilio Chuayffet de las tres condiciones que su partido pone para reincorporarse a la negociación: La instalación inmediata de la mesa de coyuntura que aborde el conflicto en Tabasco, que la diputación del PRI presente su propuesta final y completa de modificación de los textos constitucional y que cese el hostigamiento contra dirigentes y militantes perredistas en aquel estado.

Ortega rechazó la intención de atribuir al PRD la responsabilidad del empantanamiento de la reforma político-electoral. Precisó: ``Es el PRI el que con su pretensión de no cumplir los acuerdos de Bucareli, que firmó su propio presidente, tiene de rehén a la mesa de San Lázaro''.

En tanto, en el Palacio Legislativo, el PAN acudió a la cita de ayer al mediodía sólo para anunciarle al PRI que si no presentaba ya su propuesta tampoco regresaría a las comisiones designadas para redactar los textos y que sólo han terminado el equivalente a ``artículo y medio'' de un total de 29 que se cambiarán.

Aunque los panistas pidieron que en su caso no se usara el término ``retiro'', de hecho se negaron a continuar en los infructuosos debates de San Lázaro, en los que el PRI llevó ``propuestas de pedacito en pedacito'' y que en numerosos casos contradecían lo ya pactado por los partidos. Felipe Calderón también estuvo con el secretario de Gobernación y se especuló en que uno de los motivos de su entrevista con el funcionario era comentarle la decisión de emplazar a los priístas a que entreguen su propuesta final.

En la reunión de priístas y panistas en San Lázaro Eduardo Guzmán, del PT, se retiró antes porque nadie llegó a tiempo a la cita, Jorge Moreno Collado aseguró al coordinador panista, Ricardo García Cervantes, que el lunes se daría a conocer el texto final de la bancada del PRI.

Mientras tanto, convino García Cervantes, es innegable que la reforma política entra en un impasse. Repitió: ``está empantanada'' y explicó en una conferencia en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN que es ``indudable'' que hay grupos en el PRI que obstaculizan la reforma ``porque quieren reducir sus alcances''.Desde que Moreno Collado se dirigía al salón en el que haría el ofrecimiento a los panistas, declaró a los reporteros aunque a título personal que algunos de los acuerdos de la Mesa de Barcelona tendrían que ser ``analizados y revisados'' porque no es lo mismo ``consensar que legislar''.

Cuando salió del encuentro, los reporteros lo abordaron nuevamente y les explicó que en ocasiones los acuerdos políticos no pueden traducirse a normas jurídicas porque el orden constitucional ``lleva una lógica, un sistema técnico que no puede ser trastocado, tiene que respetarse'' y por eso no es posible incorporar todo en un acuerdo meramente político.

Se le preguntó si los temas a revisarse eran los mismos que Gobernación había encorchetado, a lo que respondió:``Coinciden con algunos de los que Gobernación encorchetó. No son todos, por supuesto, porque hay muchos temas en los que ya estamos de acuerdo. Sin embargo, no vamos por todo o nada. Lo logrado hasta ahora es un hecho histórico. Por ejemplo, que ya haya consenso para incorporar a la Constitución la protección jurisdiccional de los derechos político-electorales''.

Quiere decir que los negociadores se equivocaron y por eso ustedes no pueden traducir a leyes los consensos?

No. Lo que pasa es que hay una diferencia muy importante entre legislar y consensar. A veces los acuerdos políticos no pueden traducirse a normas constitucionales ni jurídicas repuso.

Sobre los puntos que el PRI considera que deben replantearse está lo relativo a que sea el Congreso y no la ARDF, como lo estipula el acuerdo 9 de Gobernación el que emita las leyes electorales para el Distrito Federal; también el mecanismo de designación de los ministros del Tribunal Electoral, las características de quienes sean propuestos para ese cargo y la participación del Poder Legislativo en la integración de los órganos electorales.

Interrogado sobre este asunto, García Cervantes fue tajante: ``Si se quiere revisar algún acuerdo, tienen que hacerlo los cuatro partidos. Esa es nuestra posición. Nosotros no nos prestaremos a discutir acuerdos ya tomados''.

Agregó que si el diputado Moreno Collado dice ahora que algunos acuerdos no pueden plasmarse en textos constitucionales, ``yo me pregunto cómo no se vio esto antes. Pero si quieren que lo revisemos ahora, pues que se den argumentos que convenzan a los cuatro partidos y que no sean posiciones unilaterales las que decidan que se revise algo ya comprometido''.

En su oportunidad, Moreno Collado quiso aclarar que el compromiso del PRI es que se cumpla en lo fundamental lo pactado en Gobernación y reiteró que no hay posibilidades de incorporar todo lo que se quiere ``bajo un acuerdo meramente de orden político'', porque no hay que olvidar la técnica-jurídica y la lógica constitucional, que ``no pueden trastocarse''.