Rechaza Colombia extraditar a EU cuatro barones del cártel de Cali

Reuter, Ansa, Efe, Afp y Ap, Santafé de Bogotá, 26 de junio Estados Unidos negó hoy que haya enviado tropas a Colombia para el combate a

las drogas, pero le solicitó al gobierno del presidente Ernesto Samper la extradición de los cuatro jefes más importantes del cártel de Cali. Sin embargo, Colombia rechazó la petición por ser anticonstitucional.

El embajador estadunidense en esta capital, Myles Frechette, desmintió una información emitida la víspera por el Pentágono, que anunciaba el envío de tropas a Colombia en el ámbito de la operación antinarcóticos Ataque con láser, en apoyo a seis países latinoamericanos. Aunque esta información ayer mismo la desmintió el ejército colombiano.

En ese contexto se produjo la aclaración del embajador, al apuntar que al margen de lo que se haya dicho, lo cierto es que él es quien sabe bien lo que está pasando en términos de relaciones bilaterales. Por ello, dijo, ``no se va a llevar a cabo ningún operativo aquí en Colombia'', y añadió que en materia de sanciones económicas no se ha tomado una decisión.

En paralelo, Frechette entregó directamente al ministro de Justicia colombiano, Carlos Medellín, una petición inicial de extradición de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, Juan Carlos Ramírez Abadía y Helmer Herrera. En contraposición, el ministro respondió de inmediato que esto es ``inviable e imposible''.

``En esta coyuntura crítica de la lucha contra el narcotráfico, Colombia tiene la oportunidad para unirse a otros países del mundo, al demostrar sin equivocación su determinación para ver que los narcotraficantes internacionalmente más reprensibles enfrenten todo el rigor de la ley'', señala la petición firmada por la procuradora general estadunidense Janet Reno.

Medellín, quien se encuentra en Nueva York participando en una reunión del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, declaró que si el presidente Samper aceptara la petición estaría incumpliendo la Constitución y la ley nacionales. Indicó que será a través de la vía diplomática como su país dará a conocer su posición adversa al respecto.

En declaraciones a una emisora colombiana, el ministro fue más explícito al puntualizar que en Colombia el Tratado de Extradición con Estados Unidos no está ratificado por cuanto que la Corte Suprema de Justicia declaró no ajustado a la Constitución la ley que lo acogía. La petición estadunidense se basa en un convenio bilateral de 1979.

Hizo énfasis en que esa ley ``no está incorporada al ordenamiento jurídico nacional, ya que la Corte la declaró no una sino dos veces anticonstitucional, después de que el entonces presidente Virgilio Barco trató de revivirla en 1987. Por lo tanto, dijo, ese tratado no está convertido en ley.

Más aún, la Constitución de 1991 prohibió la extradición tras una cruenta guerra desatada por el extinto capo Pablo Escobar, del cártel de Medellín. El ministro no se refirió a ese hecho, pero señaló que una cosa es el derecho internacional y otra el derecho interno, y si éste no ratifica los tratados internacionales no hay forma de hacerlos efectivos.

``Los narcotraficantes que estamos solicitando no han limitado sus actividades predatorias e ilícitas a territorio colombiano'', dice la solicitud de Reno.

Agrega que han violado las leyes de otros países, particularmente las de Estados Unidos y deben responder por los crímenes cometidos acordes a los países cuyas leyes violan.

El ministro Carlos Medellín acotó que Reno se ha basado en el convenio de 1979, creyendo que tiene vigencia. Apuntó que esta confusión la aclarará debidamente su gobiernopor la vía diplomática, y descartó que Washington acuda al Tribunal Internacional de La Haya, por cuanto que no ha aceptado la jurisdicción de esa instancia.

La petición estadunidense se produce en el marco de presiones que Estados Unidos ha estado ejerciendo sobre Colombia en materia antidrogas, y luego de que los hermanos Rodríguez Orejuela ofrecieron entregar unos 25 millones de dólares al Estado a cambio de acogerse a la legislación de rebaja de penas por sometimiento a la justicia.

Los Rodríguez Orejuela se hallan en prisión desde hace un año al ser atrapados por la policía, mientras que Ramírez Abadía se entregó en marzo pasado, y sólo Helmer Herrera continúa prófugo.

A la par, en Miami se lleva a cabo un proceso federal contra los principales cabecillas del cartel colombiano, y no se descarta la implicación de políticos.

En tanto el presidente Ernesto Samper declaró que las relaciones con Estados Unidos tienden a recuperarse tras salir de ``cuidados intensivos''.

Por otra parte, por lo menos dos centenares de alcaldes de cinco departamentos anunciaron su intención de renunciar si sus poblaciones son declaradas ``zonas especiales de orden público''