La visita del presidente Ernesto Zedillo a Tabasco, realizada antier, y los actos de violencia que ocurrieron ese día, demostraron hasta qué punto es conflictiva la permanencia de Roberto Madrazo Pintado en el gobierno de esa entidad. No deja de resultar paradójico que el inequívoco gesto de respaldo presidencial al cuestionado gobernador se haya revertido en su contra y haya dado lugar a grandes movilizaciones de protesta y, posteriormente, a lamentables confrontaciones.

Por desgracia, el carácter conflictivo de la gubernatura de Madrazo no sólo tiene proyección en su estado, sino que es también un elemento de polarización y tensión política en el ámbito federal, con repercusiones negativas incluso para el diálogo sobre la necesaria y urgente reforma electoral.

Al hecho de que Madrazo genera enconadas discordias políticas en un estado que requiere de concordia y armonía, se suman las sospechas en contra del mandatario estatal por el turbio asunto de los dineros utilizados en su campaña como candidato priísta: cuando el actual gobernador tabasqueño aspiraba a su cargo actual, el PRI no sólo hizo gastos por un monto muy superior al autorizado, sino que utilizó dinero de procedencia incierta.

El malestar y la inestabilidad que imperan en Tabasco, aunados al proceso legal que se sigue por el origen y el exceso de los fondos priístas en la campaña electoral estatal de 1994, debieran ser elementos suficientes para concluir que Madrazo está inhabilitado para ejercer adecuadamente la gubernatura tabasqueña. Si el propio funcionario no es capaz de darse cuenta de ello, y si los poderes Legislativo y Judicial de su estado se encuentran supeditados a los designios del gobernador, el Congreso de la Unión debe hacerse cargo del problema y encontrar las vías legales para resolverlo.

Lo que no debe hacerse es permitir que los enconos y el descontento sigan desarrollándose en Tabasco y se conviertan, a la larga, en un serio factor de turbulencia política regional no hay que olvidar que Tabasco tiene frontera con la convulsionada Chiapas y nacional.

En este sentido, es también menester que la Procuraduría General de la República abandone la dilatada ambigedad con que se ha manejado hasta ahora ante el caso de los fondos del PRI tabasqueño y defina de una vez por todas la situación legal de Madrazo; en otras palabras, que lo exonere claramente o que le formule imputaciones legales. Ha de evitarse que las investigaciones sobre este penoso episodiopara las cuales existe documentación abundante y precisa caigan en la indeseable inercia empantanada en que se encuentran las pesquisas sobre los asesinatos políticos de los tres años anteriores.