En el DF, más vigilantes privados que preventivos

Ricardo Olayo En el Distrito Federal existen 741 empresas privadas de seguridad autorizadas para prestar el servicio en fraccionamientos, industrias, comercios y bancos, con una fuerza de trabajo de 37 mil empleados. Esta cifra es mayor en 10 mil personas al número de policías preventivos que están asignados a la vigilancia en las calles de la ciudad.

Datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) indican que de junio de 1995 a la fecha, el número de empresas registradas creció en 114 compañías, y que la plantilla de empleados pasó de 27 mil a 37 mil.

En 271 casos, las empresas no tienen el registro totalmente tramitado, pero la autoridad no se los cancela por el riesgo de que queden fuera de control y ya no pueda verificar su funcionamiento, indicaron fuentes de la dependencia.

De 1991 a la fecha, la PGJDF canceló el registro a 90 empresas y precisó que el cambio de titular en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no ha permitido concretar la transferencia de archivos, huellas dactilares y antecedentes penales de los trabajadores, como lo marca la ley.

Los datos de la Procuraduría capitalina indican que existen 470 empresas con su registro en regla y que a 271 les falta algún trámite por realizar. Por ley, las empresas sólo pueden prestar servicio intramuros o en el traslado de valores. Así, la mayoría de los servicios son prestados en inmuebles.

En el caso de las instituciones de crédito, de las más de 50 que operan con atención al público o con oficinas sin ventanillas, sólo 12 tienen contratado el servicio de seguridad con empresas privadas, agrega la PGJDF.

La relación es la siguiente: Serfin, Banamex, BNCI, Banobras, Bancomext, Cremi, Banpaís, Bancomer, Unión, Confía, Atlántico, Internacional y Banco de Crédito y Servicio. En resto de los bancos pueden tener su propio personal de seguridad o bien contratar a la Policía Bancaria e Industrial (PBI) o a la Policía Auxiliar, ambas corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública que trabajan por contrato.

La cifra de 37 mil empleados contratados en las compañías es mayor al total de policías preventivos que tiene la SSP para labores de vigilancia en las calles, cuyo número no rebasa los 27 mil uniformados y corresponde al personal de agrupamientos a caballo, granaderos, zorros, motopatrulleros, femenil y granaderos. Este personal es adicional al de la PBI y la Auxiliar, que se dedica al servicio intramuros o en instalaciones, en la mayor parte de los casos.

En marzo pasado, datos obtenidos en la PGJDF y publicados en este diario, indicaban la existencia de 627 empresas con una plantilla de 27 mil 500 empleados. Para abril, las cifras se habían movido a 705 compañías y casi 36 mil efectivos.

Las cifras actualizadas indican que hay 741 empresas con más de 37 mil empleados y muestran que ninguna de las compañías tiene armamento propio, porque los permisos les han sido retirados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde hace varios meses.

Hasta abril de este año, el registro era competencia de la Procuraduría de Justicia capitalina, pero por cambios en su ley orgánica ahora quedará bajo el control del gobierno de la ciudad para que realice una más amplia supervisión y contabilice el equipo.

El trámite de la PGJDF consistía en recibir solicitudes de las empresas, que significan un costo en la Tesorería del DDF de 40 pesos por persona para obtener una carta de no antecedentes penales.

Su actividad está regulada en la Ley de Seguridad Pública, que indica que el incumplimiento de alguna regulación conduce a una amonestación pública, una multa de hasta cinco mil salarios mínimos, una suspensión temporal con difusión pública o la cancelación del registro. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado de sanciones de este tipo.

Otro de los rubros de mayor presencia en las empresas privadas de seguridad es el traslado de valores, en el cual se contrata también a personal de la PBI y la Policía Auxiliar. Destacan los grupos Panamericana, Tameme, Grupo Mercurio y Cometra. El armamento del personal está bajo el control de la SSP y no se deja en operación de las empresas privadas, indicaron las fuentes consultadas en la Procuraduría capitalina.