PRI: no aceptaremos que la ARDF sea Congreso local

Elena Gallegos y Oscar Camacho El PRI ``no aceptará jamás'' la propuesta de la oposición para que la ARDF tenga las mismas facultades de un Congreso local, a menos que ``la sede de los poderes federales se traslade''. La postura de los priístas en este punto ``es inamovible''. Tan lo es que en sus mismas filas se considera que éste será otro de los elementos que contribuyan a la ruptura en la mesa de negociación de San Lázaro.

El tema del Distrito Federal polarizó posiciones al interior del PRI. Senadores y diputados de ese partido están enfrascados en un farragoso debate sobre el estatus jurídico de la capital, pero en lo único que coinciden es que la ARDF no puede ser un Congreso y que ceder a las pretensiones de los otros partidos sería tanto como poner a la capital en condiciones de ``franca ingobernabilidad''.

Ayer comenzó a vislumbrarse la posibilidad del desencuentro con pocos visos de reconciliación en este punto, cuando los priístas dieron marcha atrás en lo que su dirigente nacional, Santiago Oñate, signó en el punto 9 de los Acuerdos de Barcelona, que establece que la ARDF expediría la Ley Electoral del Distrito Federal. Así lo señala textualmente.

En cambio y apoyándose en el mismo Pacto de Bucareli, el PRI propuso anoche al PAN y al PT (el PRD se ausentó de las reuniones para discutir el conflicto en Tabasco y su retiro de la negociación), que sea el Congreso de la Unión el que emita las reglas electorales conforme a las cuales se integrarían los dos órganos de gobierno del Distrito Federal: gobernador y Asamblea.

La segunda entrega de propuestas priístas sobre la capital -la primera se hizo el lunes- causó nuevamente una gran molestia entre legisladores de la oposición. Petistas y panistas calificaron la actitud del PRI como un ``juego perverso'', ya que en lugar de avanzar sobre lo pactado ``van siempre para atrás''.

Por lo pronto, los priístas analizan qué estatus jurídico debe y puede tener la capital. Aseguran que el debate es eminentemente ``histórico-constitucional'' (así lo llamaron) y que las propuestas de senadores y diputados, que los últimos días se han reunido a desmenuzar el tema, van desde que sea una alcaldía al estilo París, hasta una ``entidad federativa'' con territorio y gobierno, pero sin ``soberanía plena''.

Para los senadores -según se supo ayer en el Palacio Legislativo-, hacer además una ``mescolanza'' de ámbitos de competencia entre el Congreso y la ARDF, derivaría en un ``bodrio jurídico'' que haría de la capital ``un territorio ingobernable''.

Todavía más, los senadores han dejado en claro a sus compañeros diputados lo riesgoso que sería, por ejemplo, tener dos autoridades electorales -la federal y la local- en el Distrito Federal, no sólo por la duplicación de gastos sino porque ambas podrían entrar en graves contradicciones.

Se supo que en las discusiones entre priístas participan Roberto Campa Cifrián, José Luis Lamadrid, Amador Rodríguez Lozano, Rosario Guerra, Eduardo Escobedo y, en general, diputados y senadores del Distrito Federal.

La férrea postura de los senadores, la comparten también importantes sectores del priísmo en San Lázaro.

Por eso, en la propuesta que Jorge Moreno Collado, Roberto Campa y Eduardo Escobedo entregaron anoche a PAN y PT, puede leerse que deben ser el IFE y el Tribunal Federal Electoral, los encargados de la organización, desarrollo y calificación de elecciones.

``No será necesario -sostienen los priístas- constituir nuevos órganos cuyo financiamiento repercuta en el contribuyente capitalino, más aún cuando las elecciones serían el mismo día que las federales y posiblemente las urnas colocadas en los mismos domicilios''.

Los priístas insisten en que la expedición de la Ley Electoral para la capital debe resolverse ``a favor de la competencia federal por ser un asunto de inconfundible interés para la Federación en su sede, que es el Distrito Federal''.

Por eso, señalaron fuentes de ese partido, aunque los 11 acuerdos de Bucareli referentes a la reforma política del Distrito Federal, ya han sido suscritos por los cuatro partidos representados en la Cámara de Diputados, se antoja casi imposible que puedan acercarse los posicionamientos de los priístas a los de la oposición, que ha sostenido que al crearse el gobierno de la ciudad, el Congreso de la Unión sólo debe reservarse para sí la legislación en materia de endeudamiento público y algunos otros puntos.

En cuanto al documento que presentó el PRI el lunes pasado, sobre las facultades que deben trasladarse a la ARDF y las que debe mantener el Congreso, anoche tanto el PT como el PAN dieron su respuesta y por ejemplo Acción Nacional dejó en claro que, contrariamente a lo propuesto por el Revolucionario Institucional, cuestiones como la seguridad pública, la procuración de justicia, la expropiación y los bienes de dominio público deben pasar al ámbito de la Asamblea.

Lo mismo señala de las relaciones de trabajo entre el gobierno el DF y sus empleados; de la coordinación fiscal; del régimen de propiedad en condominio y del fraccionamiento de excedentes de la pequeña propiedad agrícola. Cabe recordar que el PRI considera que esto debe ser legislado por el Congreso.

En cambio, el PAN coincide con el PRI en que materias como la justicia laboral, la deuda pública, la amnistía, la preservación de recursos acuíferos y monumentos y acervo documental de valor histórico son facultad federal.

Para el PT, ``las facultades amplias de la Asamblea Legislativa deben comprender que ésta pueda legislar en lo referente al Estatuto Político y de Gobierno, Ley Electoral y Ley de Seguridad Pública''.

En lugar de acercarse, las posiciones parecen alejarse cada día más y el tema de la reforma política en el Distrito Federal, está resultando mucho más complicado de lo que parecía, luego de que el PAN aceptó suscribir los acuerdos a los que llegaron en Gobernación PRI, PRD y PT.

Para los priístas -informaron fuentes de ese partido-, no está a negociación que la Asamblea tenga las mismas facultades que ``casi un Congreso estatal''. En eso, dijeron, ``no podemos ceder, es una cuestión de gobernabilidad''.