En el transcurso de este sexenio, los principales ámbitos de la soberanía nacional han sido subordinados, uno a uno, a los intereses de Estados Unidos; la agenda de este país se ha convertido, prácticamente sin excepciones, en la guía de las acciones del gobierno mexicano en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico, la regulación de los flujos migratorios y el ajuste económico. Las leyes mexicanas, el orden interno y los horarios del trabajo han sido ajustados a los ritmos y necesidades de Estados Unidos.El canciller José Angel Gurría ha negado por supuesto que exista un condicionamiento de las políticas del país, derivado del paquete de asistencia financiero que le otorgó el presidente Bill Clinton al gobierno mexicano. Sin embargo, el presidente Ernesto Zedillo ha hecho explícito en varias ocasiones su agradecimiento personal por el apoyo recibido y, en octubre pasado, en una ceremonia celebrada en el jardín de la Casa Blanca, se formalizó dicha alianza.

Desde entonces, los tratos entre ambos gobiernos se han incrementado considerablemente: un comité especial del Tesoro estadunidense se trasladó a México para supervisar el uso de los recursos del paquete de asistencia; el secretario de Defensa, general Enrique Cervantes, se ha reunido con su homólogo estadunidense, William Perry, un número inusitado de veces, y Janet Reno, secretaria de Justicia de Estados Unidos, ha desplegado recursos extraordinarios para la vigilancia y el combate de los delitos en México.

En respuesta, el procurador Antonio Lozano Gracia insistió ayer en que ``el narcotráfico es el principal problema de seguridad nacional'' que enfrenta nuestro país. Esta declaración coincide precisamente con los propósitos que rigen la política exterior de Washington hacia México, y que hace extensiva a varias partes de América Latina. Una colaboración más estrecha favorece la expansión de Estados Unidos dentro de las políticas nacionales, pero una subordinación a sus dictados destruye la soberanía a pedazos.

La medida más reciente en este proceso es la creación de ``grupos de trabajo binacionales'' que se encargarán de la vigilancia del aeropuerto, la estación del ferrocarril y las centrales camioneras de la ciudad de México. Estos grupos estarán integrados por agentes mexicanos que actuarán bajo la supervisión y asesoría de agentes estadunidenses de la DEA y el FBI. Este esquema refleja la experiencia que se ha desarrollado en la frontera norte, en donde los agentes oficiales de ambos países intercambian información y coordinan acciones para el combate al narcotráfico.

Sin embargo, la sola posibilidad de que el tránsito de ciudadanos mexicanos y extranjeros por las principales vías de comunicación del país caiga bajo el control y la vigilancia de agentes extranjeros, es alarmante. La ``coordinación'' de las actividades de las dependencias de Estados Unidos y México dentro del territorio nacional es, en este caso, apenas un eufemismo para la creciente injerencia de la DEA, el FBI y el Tesoro estadunidense en las tareas propias de las autoridades mexicanas. En nada ayuda que el gobierno mexicano aduzca que ésto se hará ``con estricto apego a la soberanía nacional''.Al contrario, pone en evidencia que el ejercicio cotidiano, real de la soberanía, está pasando a manos de funcionarios de Estados Unidos, sin importar dónde se encuentren: el jefe de la misión de la DEA en México no necesita encabezar las operaciones para dictar órdenes a sus contrapartes en la Procuraduría General de la República desde sus oficinas de la embajada en avenida Reforma; tampoco el equipo del Tesoro tiene que autorizar todos los movimientos financieros del gobierno, para que la Secretaría de Hacienda cumpla con lo estipulado en el paquete de asistencia; las relaciones asimétricas se encargan de marcar la diferencia.Igual efecto tiene el que funciones de seguridad interna se pongan bajo la supervisión, la coordinación o la asesoría de agentes policiacos de Estados Unidos. La detección del tráfico de drogas en aeropuertos, estaciones y fronteras es una tarea que le corresponde exclusivamente a las autoridades mexicanas. Realizar esta tarea de manera conjunta con agentes estadunidenses representa un paso más en la desintegración de los elementos fundamentales que, en su conjunto, integran la soberanía de México. Más grave es que este proceso vaya ocurriendo en forma burocrática y, en apariencia, apolítica, por medio de convenios de cooperación. Nuestro país no puede renunciar a la defensa de su soberanía y el gobierno no puede ir entregándola a pedazos.