De acuerdo con la versión dada por diputados del PRI de su encuentro con el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, general Enrique Tomás Salgado Cordero, éste formuló un preocupante balance de la Policía Preventiva y de Tránsito capitalinas, hasta el punto de atribuir una parte del deterioro de la seguridad a la corrupción, desorganización e ineficiencia imperantes en esa corporación. Estos señalamientos críticos son inquietantes, sin duda, pero también saludables, en la medida en que permiten hacerse una idea de la urgencia de depurar, limpiar y reorganizar a las instancias de seguridad pública, y la profundidad con que habrá que acometer esas tareas.

Si hubiera que describir en tres palabras la situación de la Secretaría de Seguridad Pública, éstas serían: falta de control. En lo administrativo y en lo operativo, se ha llegado en la SSP a una generalizada pérdida de control sobre las atribuciones, los actos y las cuentas de sus integrantes. Desde esta perspectiva es claro que, actualmente, la corporación funciona más como un factor para incrementar la inseguridad que como la instancia encargada de velar por ella.

Si en lo interno la policía capitalina padece tan graves ausencias de mando y fiscalización, y tan evidentes manifestaciones de corrupción, cabe preguntarse cómo, en las circunstancias actuales, podría ocuparse además, de supervisar el funcionamiento de las 831 empresas privadas que existen en la ciudad, según un reportaje publicado hoy en estas páginas, y que tienen, en conjunto, a unos 35 mil empleados destacados en la vigilancia de oficinas, comercios, servicios y áreas residenciales: un número de miembros superior al total de hombres con que cuenta la Policía Preventiva, y mayor también, que el de los efectivos totales de algunos ejércitos nacionales latinoamericanos.

Al margen de si la existencia de estas empresas está de acuerdo o no con la Constitución un punto que debieran esclarecer los juristas, el hecho de que no exista un control eficiente de ellas y de sus empleados introduce un grave factor de riesgo en la seguridad capitalina, de suyo quebrantada por el acoso de la delincuencia, la corrupción, el hacinamiento demográfico y las insatisfactorias condiciones de vida en general vivienda, transporte, educación, atención médica, alimentación que padece la mayoría de los capitalinos.

Si el gobierno del Distrito Federal ofreciera a la ciudadanía un servicio policiaco eficiente, honesto y confiable, no se habría producido sin duda la proliferación de esta clase de compañías. Pero durante largos años la única respuesta de las autoridades ante la cada vez más evidente ineficiencia de la policía pública fue la abdicación implícita a lo que debiera ser una de sus funciones primordiales y exclusivas: garantizar la seguridad y la tranquilidad de la urbe y de sus habitantes.

Lo dicho por el general Salgado Cordero a un grupo de legisladores parece reflejar la intención de revertir esa nefasta política de seguridad. Cabe esperar que así sea, por el bien de la ciudad, de sus habitantes y de los propios efectivos policiacos.