Anteproyecto de la Corte para fortalecer el Poder Judicial

Jesús Aranda Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consensaron un ``anteproyecto de proposición'' para reformar los artículos 71 y 72 constitucionales y darle mayores atribuciones al máximo tribunal de justicia del país, que permita ``perfeccionar el sistema democrático a través del fortalecimiento del Poder Judicial para lograr el mejor equilibrio entre los poderes de la Unión''.

De esta manera, se pretende que el máximo tribunal de justicia del país tenga derecho de presentar una iniciativa de ley ante el Congreso --que actualmente le está vedado--, además de que los poderes Ejecutivo y Legislativo se comprometan a consultar a la Corte, cuando se trate de un asunto que le ataña.

El anteproyecto, que ya fue enviado a los secretarios de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, destaca la necesidad de que se consolide en el país un Poder Judicial ``fortalecido en sus atribuciones y poderes, más autónomo y con mayores instrumentos para ejercer sus funciones''. La mejor manera de lograr la ``armonía buscada'', afirma, es fortalecer el Legislativo y el Judicial, ya que al obtenerla ``automáticamente'' el Ejecutivo Federal encontraría su ``acomodo'' y ``eficacia buscada''.

El documento, que fue presentado en pleno privado por el ministro Juventino Castro y Castro, recibió el consenso de sus compañeros, quienes consideran que para consolidar a la SCJN como tribunal de constitucionalidad se requiere que se le otorguen nuevas atribuciones y ``mayor fuerza'' a sus decisiones.

En el escrito se demanda que se amplíe la competencia de la Corte para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos naturales, dirimir controversias entre los tres primeros niveles de gobierno y fungir como garante del federalismo.

En suma, agrega el documento, el propósito esencial de esta iniciativa es el fortalecimiento del Poder Judicial, ``en estos tiempos nuestros de gran empeño para ubicar al Poder Ejecutivo Federal en beneficio de un mejor equilibrio en las tres ramas del poder público que son los brazos ejecutores del pueblo mexicano''.

Los ministros ponen énfasis en que este ``equilibrio'' entre los tres poderes públicos existe prácticamente en todas las Constituciones de los estados federados.

Respecto del artículo 71 constitucional sobre el derecho de iniciar leyes y decretos, que actualmente compete sólo al presidente de la República, diputados y senadores del Congreso de la Unión o de las Legislaturas locales, se propone adicionarle un párrafo que diga: ``Al Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la expedición y modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, así como en otras leyes correspondientes a su ramo''.

Sin ir más lejos, se podría pensar en el proyecto de ley de amparo, que fue archivado hace unos meses pese a que entre los ministros de la Corte se veía con simpatía dicha iniciativa.

En tanto, la modificación al artículo 72 constitucional propone que: ``Cuando la iniciativa de expedición o reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal no provenga del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, éste será siempre consultado.

Apremiante necesidad de adecuar la seguridad pública y la justicia

El documento precisa: ``Hoy los mexicanos nos encontramos frente a una apremiante necesidad de adecuar nuestras instituciones responsables de la seguridad pública y la justicia para que el derecho siga siendo garantía de convivencia pacífica e instrumento efectivo de cambio''.

Es esencial que la Constitución y el orden legal derivado de ella tengan plena observancia. Es preciso que las autoridades actúen con apego a las normas, que los derechos sean reconocidos y las discrepancias resueltas conforme a la ley.

Los mexicanos, se enfatiza, necesitamos, demandamos y merecemos un sistema de justicia y seguridad eficaz de modo que la ley sea la norma real de nuestra convivencia. El objetivo de la iniciativa, agrega el texto, es fortalecer la Constitución y la normatividad como sustento básico para una convivencia segura, ordenada y tranquila.

Se propone, subraya, continuar con el fortalecimiento del Poder Judicial Federal y con modificaciones a su organización interna, al funcionamiento y a las competencias de las instituciones encargadas de su seguridad y la mejor procuración de justicia. Estos cambios, concluye, permitirán a estas instituciones un mejor desempeño de sus responsabilidades de representar y salvaguardar los intereses de la sociedad y que la ley sea la norma suprema de nuestra vida política.

Además del envío a los secretarios de las comisiones del Senado de la República, otros ejemplares de la iniciativa fueron distribuidos en círculos gubernamentales de primer nivel.

Acerca de la constitucionalidad de los tratados internacionales

En un documento elaborado por el ministro Castro y Castro que aún no ha sido consensado en su totalidad se propone que la Suprema Corte tenga atribuciones para ``opinar'' sobre la constitucionalidad de una ley o de un tratado internacional ``antes de que se aprueben'', ya que el ahorro en el trámite de la impugnación posterior de tales leyes y tratados sería evidente.

``No es lógico ni congruente descubrir las inconstitucionalidades después de que sus efectos se produzcan y se inicie el ``penoso camino'' procesal respectivo.