Mi información sobre la actitud y posición con las que las autoridades educativas del país han recibido el informe de la OCDE sobre la educación superior mexicana, ha sido tenue. Las noticias en los medios son escasas y, como siempre, la estrechez del espacio periodístico y más aún televisivo, obligan a los responsables a dar cuenta sólo de lo que consideran más importante.

Los espacios noticiosos destacan la ``inequidad'' (palabra que, dicho sea de paso, no existe), e ``insuficiencia'' del sistema educativo superior (SES) y la necesidad de un nuevo marco jurídico para este nivel, dados los cambios en la situación económica y política del país y las reformas al artículo 3o. constitucional.

La OCDE habla de ``crisis'' del SES mexicano. El término ``crisis'' es dudoso, porque hoy en día se le usa para todo tipo de situaciones problemáticas de cualquier actividad. En su uso riguroso, una crisis supone un momento en el que un proceso social dado llega a término porque el propio proceso generó los factores de su transformación en otra ``cosa'', que supera cualitativamente al pasado. Si los hombres toman conciencia de ese momento, se vuelve entonces oportunidad efectiva de cambio. Pero nada está garantizado a priori. Ese proceso puede volverse un puro deterioro, una descomposición, y entonces si bien hay ``transformación'', no podemos hablar de crisis y, por tanto, de oportunidad de cambio. Si el SES mexicano se halla en crisis, en el sentido apuntado, entonces bienvenida sea.

Como hemos apuntado en este espacio, tres son los grandes temas problemáticos de la educación superior: 1) cobertura (volumen y ritmo de crecimiento de la matrícula); 2) estructura por disciplinas de la oferta educativa; y, 3) calidad en la transmisión de conocimientos. Existe una crisis en relación con estos tres grandes temas? Ojalá y así sea.

El gobierno sabe y reconoce que la oferta educativa de nivel superior ha estado estancada durante más de diez años. Ya por convicción ideológica, ya por la estrechez de ingresos derivada de la crisis económica y de las políticas de ajuste, o por ambas causas, al parecer el gobierno, al menos durante los últimos 15 años, puso una expectativa importante en el crecimiento de la universidad privada. Esta, en efecto, creció, hasta llegar a cerca del 20 por ciento de la población escolar nacional de este nivel. No es despreciable esta proporción, pero tampoco es relevante.

Adicionalmente, la oferta educativa de la universidad privada, desde el punto de vista de la composición por disciplinas, es esa que tantos críticos descalifican: no entran en las ciencias duras, escasamente en las ingenierías, y cero investigación científica y tecnológica.

Súmese a lo anterior que en los últimos tiempos empieza a haber una seria ``mortandad'': por ahora, es evidente en el nivel medio superior (una tras otra escuelas están cerrando por quiebra), y en diversos espacios de la universidad privada están llevándose a cabo ``compactaciones'' de la organización escolar y de la enseñanza, para ahorrar gastos dada la caída de la matrícula, sin consideración alguna por el rigor académico con el que deben estar estructuradas cada una de las disciplinas universitarias.

Supóngase que, finalmente, sociedad y gobierno terminan por aceptar que el gasto en educación no es un gasto, puesto que se gasta lo que en definitiva se consume; ese gasto es creación de destrezas y conocimientos humanos que sin duda producirán más del costo implicado en dicha creación. Si ese fuera el caso, el futuro de la educación, a la luz de los datos apuntados, está en la universidad pública. Por lo pronto, no parece existir conciencia social y política suficientes de ese hecho, puesto que la oferta educativa pública de nivel superior permanece estancada y no sabemos de planes para una expansión vigorosa de la misma para los próximos años.

Al propio tiempo, sí existe conciencia de que el bachillerato ha estado creciendo a un ritmo superior al de la licenciatura y de que, en el futuro previsible, la demanda al bachillerato crecerá aún más rápido, dados los cambios en el artículo 3o., que volvieron obligatoria la educación secundaria. Las generaciones de jóvenes que en breve demandarán educación superior, por tanto, puede ser extraordinariamente mayor que la estancada oferta actual de las licenciaturas.

Esa tendencia puede resolverse de dos modos: 1) el decidido por Díaz Ordaz: abatir los niveles de rigor para la admisión y la promoción estudiantil en las universidades existentes, masificando y contribuyendo así a abatir la precaria calidad educativa entonces existente (política en gran medida continuada después de su gobierno); o, 2) llevar a cabo, en medio de la estrechez de recursos, un gran esfuerzo consciente de gobierno y sociedad, en pro de la ampliación vigorosa de una oferta educativa pública, consistente y continua, durante, al menos, los próximos 25 años.

Naturalmente, este esfuerzo exige decisiones suficientemente ilustradas, en los otros temas anotados: la calidad y la estructura por disciplinas de la oferta educativa. Volveremos sobre estos temas.