El grupo Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés) fue establecido por el Grupo de los Siete países más industrializados aunque en él participan otras 19 naciones, y varias más siguen sus recomendaciones con el fin de descubrir las vías utilizadas para el lavado de fondos procedentes del narcotráfico y proponer acciones para contrarrestar esa actividad ilícita. En un informe del FATF divulgado ayer por la agencia Efe, se señala que en el sistema financiero de Estados Unidos se blanquean cerca de 100 mil millones de dólares procedentes del tráfico de drogas.

Esta estimación del FATF, aunque conservadora, confirma que en el negocio criminal de los estupefacientes las mafias de Estados Unidos se llevan la parte del león de las ganancias, no sólo por el negocio de la distribución y la venta al menudeo en territorio estadunidense, sino también por las utilidades que genera el lavado de dinero.

Resulta inverosímil, por decir lo menos, que una cifra tan abultada o el triple, según otras fuentes pueda pasar inadvertida por bancos, casas de bolsa, casas de cambio y otras entidades financieras, cambiarias y crediticias del país vecino, sin que empleados de esas empresas ni funcionarios gubernamentales sean capaces de detectar los movimientos correspondientes.

Para el más básico sentido común, la información comentada arroja dos consideraciones: la primera, que en Estados Unidos hay redes de corrupción y complicidad entre narcos, instituciones públicas y entidades privadas tan vastas, al menos, como las que se han establecido en los países productores de droga, y que el Estado allá no está libre de las infiltraciones que se han producido en América Latina. La segunda, que la cancelación súbita de ese enorme flujo de recursos al sistema financiero de Estados Unidos sería gravísimo para la estabilidad económica de esa nación.

Con base en tales consideraciones, es obligado preguntarse hasta qué punto la política antidrogas del gobierno estadunidense está impulsada por meras razones de moral social, y en qué medida influyen en el énfasis de Washington en presionar a las naciones productoras y de tránsito a combatir el narcotráfico, cálculos menos confesables que los motivos éticos. Por ejemplo: es claro que las mafias productoras, transportadoras y comercializadoras de drogas logran enormes ganancias sólo porque éstas son ilícitas, y no porque tengan altos costos de producción ni grandes valores agregados. A mayor ahínco en perseguir a esos grupos criminales mayor es la cotización para los consumidores de las sustancias prohibidas; mayores son, también, los márgenes de ganancia de los cárteles y más grande es el flujo de fondos para los lavadores.

Esta sospecha seguirá en pie y se acrecentará, en tanto en su propio territorio el gobierno de Estados Unidos no demuestre en el combate contra las drogas y contra el lavado de los fondos procedentes de ellas, una resolución y una eficiencia equivalentes a las que exige a los gobiernos de los países productores y de tránsito.