Hoy será un día de definiciones.

Por principio de cuentas, el presidente Ernesto Zedillo tiene programada una visita a Tabasco, la cual se percibe como una manifestación de respaldo al gobernador priísta Roberto Madrazo Pintado, impugnado por su contendiente, el perredista Andrés Manuel López Obrador, desde antes de que empezara el proceso electoral.

En segundo término, en las cámaras de Diputados y de Senadores hoy deberá definirse la parte central de las reformas constitucionales en materia político-electoral, que son la primera fase de la llamada reforma del Estado.

Este es un tema que ha ocupado la atención de todos los interesados en las cuestiones políticas del país, pero tal vez en la práctica resulte mucho más importante la visita presidencial al conflictivo estado de Tabasco, así sea cuestión de sólo unas horas.

No debe olvidarse que la gira del primer mandatario a ese estado estuvo precedida por un viaje similar a Jalisco, en donde el gobernador Alberto Cárdenas también enfrenta serios problemas, sobre todo por las acusaciones de que destacados miembros de su gobierno aparentemente están coludidos con bandas de narcotraficantes.

Ha habido otros errores del gobierno estatal, entre los cuales no se puede olvidar la casi risible prohibición a las burócratas de Guadalajara de usar minifaldas. Es cierto que esta disposición no fue del gobierno del estado, pero en virtud de que ambas administraciones surgieron de las filas de Acción Nacional, se produjo una confusión entre la opinión pública, como la que causó la decisión de ``vestir'' a las modelos que aparecen en unos anuncios de ropa interior, tanto en la capital de Jalisco como en Monterrey, Nuevo León.

Más allá de estas anécdotas, lo cierto es que el viaje presidencial a Jalisco se interpretó como una muestra de respaldo a la administración del panista Cárdenas y, sobre todo, como un acto de equilibrio para justificar la visita que hoy hará el Ejecutivo a Tabasco, donde el gobierno priísta de Roberto Madrazo Pintado ha estado bajo constante acoso de los perredistas, encabezados por el candidato a presidente del PRD y ex candidato a gobernador Andrés Manuel López Obrador.

Compromiso para todos Si bien la administración de Madrazo ha tenido que enfrentar toda clase de presiones, con la llegada de Zedillo a territorio tabasqueño la situación se revertirá para López Obrador, quien tendrá que actuar con mucho tino y controlar a los grupos radicales de su partido. El dirigente perredista tiene que demostrar, como lo hizo el domingo pasado, que tiene un amplio respaldo popular, pero al mismo tiempo debe evitar que la inconformidad de sus seguidores se desborde. Cualquier indicio de violencia contra el Ejecutivo federal podría volverse contra del dirigente del PRD, pues algunos miembros de su partido lo acusan de estar a favor de la línea dura. Si a tales impugnaciones se sumara una agresión al presidente de la República, de manera inversamente proporcional disminuirían las posibilidades de López Obrador de dirigir al PRD a nivel nacional, ya que sus antagonistas aprovecharían para señalar que no está en condiciones de negociar con el gobierno federal. Esto lleva directamente a las negociaciones de la reforma electoral, las cuales adquieren una importancia mucho mayor a partir de las declaraciones del presidente Zedillo en Zacatecas acerca de que el principal problema de México es de carácter político.

Es obvio que tanto el gobierno federal como las principales fuerzas políticas del país están comprometidas en crear establecer condiciones para que los resultados de las elecciones no vuelvan a ser motivo de conflictos posteriores. Para lograr ese objetivo serán muy importantes los trabajos que hoy se realicen con la finalidad de tener lista una iniciativa de reformas constitucionales que sea la base para que mañana, miércoles, la Comisión Permanente convoque al tan anunciado periodo extraordinario de sesiones.

De concretarse el acuerdo entre las cuatro principales fuerzas políticas del país, las que tienen presencia en la Cámara de Diputados (PRI, PAN, PRD y PT) la aprobación del periodo extraordinario sería prácticamente cuestión de trámite.

La fecha límite será el 10 de julio no de agosto, como erróneamente escribimos hace unos días, pues para entonces se supone que ya estarán aprobadas las reformas constitucionales por las dos cámaras del Congreso de la Unión, a fin de que empiece el proceso de ratificación por parte de la mayoría de las cámaras de Diputados de los estados.

Mientras tanto, se mantienen los puntos principales de discrepancia: la participación o no del gobierno federal en el Instituto Federal Electoral (IFE) y el financiamiento a los partidos.

Ayer en la Cámara de Diputados, la fracción del PRI presentó su propuesta de iniciativa, que tiene vacíos en esos capítulos e incluye como novedad que el Tribunal Federal Electoral forme parte del Poder Legislativo. Además, el coordinador de la mayoría, Humberto Roque Villanueva, tuvo una comida de trabajo con los líderes de las otras bancadas y al parecer hubo importantes avances en la consolidación del consenso, pero esto no puede darse por definitivo en tanto no se conozca la propuesta conjunta, que será la base para las adecuaciones definitivas.

La cosecha El gobernador de Guerrero, Angel Heladio Aguirre Rivero, informó ayer que los agentes de la policía acusados de torturar a indígenas amuzgos por el supuesto robo de un becerro que pertenecía a un hermano del mandatario ya fueron cesados y además quedarán a disposición de las autoridades correspondientes para que sus víctimas se presenten a identificarlos y los procesen por los delitos en que incurrieron. El gobernador guerrerense anunció lo anterior en una reunión con indígenas amuzgos encabezados por el secretario general del Partido del Trabajo en Guerrero, Severiano de Jesús Santiago... El Grupo Plural Pro Víctimas A. C. y Defensoras Populares A. C. presentarán hoy por la mañana en conferencia de prensa una tesis jurisprudencial en materia de violación. Los acompañará la directora general de Atención a las Víctimas de Delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la ex diputada federal Patricia Olamendi Torres.