Cambiante política de comunicación
Centralización y mayor control, para anular la crítica

El pasado 2 de enero, cuando Ernesto Zedillo nombró a Carlos Almada López como vocero presidencial y director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, explicó que las responsabilidades del nuevo funcionario serían las de ``formular, regular, conducir, orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar'' la política de Comunicación Social del gobierno federal y todas sus dependencias.

Entonces pareció que el gobierno zedillista definía dicha política, sobre todo una vez que se conoció el discurso de Carlos Almada, en el que dijo que su propósito era realizar un ejercicio ``de comunicación abierto, puntual y veraz'' y que la relación presidencial con los medios, escritos y electrónicos, sería ``profesional, transparente y constructiva; respetuosa a partir del reconocimiento de las mutuas necesidades y responsabilidades''.

Pero además, Almada López definió la relación de los medios hacia el gobierno, como ``de independencia del gobierno y de cualquier otro grupo con interés político o económico''. La función de los medios, dijo, ``no es puramente comercial, se ejerce, y ésta debe ser la divisa, con verdadera conciencia de función social'', porque ``hoy no hay una sola voz, hay muchas y todas deben ser escuchadas con respeto y consideración''.

Con limitaciones, porque no hacía mucho el Ejecutivo canceló las conferencias de prensa mensuales, se había definido la política de Comunicación Social del gobierno de Ernesto.

``Creo que los pesimistas, los derrotistas, los alarmistas, los sensacionalistas van a ser derrotados definitivamente. Son aquellos que frente a los avances permiten o se permiten únicamente enfatizar lo negativo. Son aquellos que en los indicadores económicos distinguen únicamente lo malo... Para ellos las buenas noticias no son noticias: ocultan las buenas noticias''.

Una semana después, el Día de la Libertad de Expresión --el 7 de junio--, Zedillo dio otro viraje y señaló que en los medios de comunicación ``es donde se manifiestan las propuestas, las ideas y las opiniones. Ahí se identifican quienes convergen y quienes difieren. A través de los medios se perfila la agenda de la nación. Queremos y necesitamos un debate tolerante, amplio, abierto, genuino y honesto''. Ese mismo día, por la tarde, Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación, definió a los medios ya no como entidades ``cuya divisa es la conciencia social'', sino como ``El cuarto Poder''.

Y si fuera poco, en su reciente gira por Canadá, en una reunión con los principales editores de ese país, el presidente mexicano dijo de sus críticos, a propósito de su mala imagen pública: ``Un presidente no puede gobernar un país, día a día, simplemente basándose en la opinión pública o en la prensa''.

Extensa la recopilación de posturas sobre la concepción presidencial respecto a los medios. Sin embargo, era necesaria para llegar al último cambio, producido el pasado miércoles 19, cuando el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto que reforma y adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en el que se crea la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno Federal.

Orgánicamente, la nueva coordinación no dependerá ya de la Presidencia de la República, sino que quedará adscrita a Gobernación y tendrá a su cargo, entre muchas otras, las mismas funciones que el 2 de enero se habían asignado al vocero presidencial, Carlos Almada López.

Pero en el fondo, la nueva Coordinación General de Comunicación Social del gobierno federal, se convertiría en una supersecretaría que dependería de la Presidencia y de Gobernación y que se encargaría de la formulación, regulación y conducción de la política del gobierno federal, en sus relaciones con los medios de información.

De ser así, la supersecretaría sería una instancia federal concentradora de la información generada por el gobierno federal. Los tres niveles de gobierno estarían sujetos a las directrices informativas marcadas desde lo más alto del poder presidencial y las oficinas de comunicación social de los tres niveles de gobierno difundirían sólo lo que el gobierno federal determine.