Una de las más grandes violaciones a los derechos que se cometen en contra de los pueblos indígenas es la que se refiere a sus derechos colectivos. De ella derivan su nivel de pobreza, la negación práctica de sus culturas, su marginación social y su exclusión política, factores todos que los mantienen colocados en el más bajo de los escalones de la sociedad.

Justo en este momento en el que en toda la Nación han concluido la Consulta Nacional y los encuentros sobre pueblos indios de los que deberán emanar nuevas reformas al marco jurídico y profundas transformaciones al Estado, y cuando aún nos encontramos inmersos en la discusión de los temas del Diálogo de Paz en Chiapas, hemos conocido la Declaración de Huites, signada hace apenas una semana en Huites, municipio de Choix, Sinaloa. En ella los 30 representantes en el Primer Encuentro de Poblaciones Indígenas Desplazadas y Afectadas por la Construcción de Presas revelan precisamente uno de los puntos ausente en la gran consulta (las estadísticas sobre los temas y las propuestas demuestran que no se habló del asunto): las migraciones de indígenas.

En su Declaración los representantes indígenas señalan que la construcción de presas y otras obras públicas grandes se ha realizado violentando los derechos de los pueblos indígenas y el orden jurídico mexicano. Que tal violación se ha expresado no tomándolos en cuenta en la planeación de las obras que les afectan, así como en no permitirles participar en los beneficios que esas obras generan. Asimismo denuncian que en la ejecución de estos megraproyectos se ha violentado su derecho a preservar sus territorios y recursos naturales, así como su derecho a participar en la concepción, diseño y ejecución de aquellas estrategias de desarrollo que sean acordes con sus necesidades sociales, económicas y políticas, y les ayuden a preservar, promover y desarrollar sus culturas.

Un ejemplo de la violencia que aún padecen los pueblos indios de nuestro país es justamente el pueblo mayo de Huites, al que se le expropiaron sus tierras, se le despojó de sus recursos naturales, se le destruye su cultura y se le reubica en la periferia del municipio, sin que hasta la fecha se hayan respetado los procedimientos de expropiación; y sin que se les otorgue la indemnización correspondiente.

En el documento denuncian al gobierno federal como el responsable principal y directo de los actos de injusticia de que son víctimas, pues dicha injusticia es producto del afán gubernamental de aplicar de manera insensible una política económica excluyente, y de sus programas de ``desarrollo'' que sólo favorecen los intereses de unos cuantos mexicanos y extranjeros. Urge el reconocimiento verdadero de la realidad jurídica y política de los pueblos indígenas, porque de esa forma se dará vigencia a sus derechos colectivos. Se dará respuesta también a la demanda de las comunidades y de los pueblos indígenas de participar activamente en la determinación de su senda de desarrollo, con base en el ejercicio de su autonomía; y se propiciará su relación e inserción plena en la sociedad y en el Estado mexicano, así como su participación en la planeación del desarrollo nacional.

Urge dicho reconocimiento para que cobre sentido el concepto indígena de autonomía, que ha sido defendido y ganado por los indígenas, en aras de la elevación integral de sus condiciones de existencia. Urge, en una palabra, el reconocimiento de los pueblos indígenas y de su autonomía, más allá de lo agrario y más allá de lo folclórico, para que surta efecto en la administración y gestión de recursos en su territorio.

No basta con que se sigan elaborando leyes o firmando bien intencionados instrumentos internacionales para la protección de los derechos de los pueblos indios: hay que poner manos a la obra y cristalizar en derechos las buenas intenciones.

México fue uno de los primeros en suscribir el Convenio 169 de OIT, aprobado en 1989, en el que se reconocen las aspiraciones de las comunidades indígenas a definir sus propias formas de vida y a su desarrollo económico, y, al parecer, todo sigue igual.

La renovación de las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado exige que, en el mediano plazo, los indígenas sean parte activa de la vida nacional y del propio Estado, en un marco de respeto a su libre determinación. De otra manera, continuando como hasta hoy, se les estará exponiendo a la extinción y al aniquilamiento como pueblos que son, es decir, al genocidio.